Fiscalía pide exhumar 50 cadáveres sin identificar en Guayaquil

Han pasado seis meses desde la última vez que Mabel Villegas vio a su madre. El 30 de marzo la llevaron al Hospital del Guasmo en Guayaquil con síntomas de Covid-19. Ese mismo día le avisaron que falleció y, desde entonces, no supo nada más de su cuerpo.

Hay 41 familias a las que les tomaron pruebas de ADN y que hasta ahora no se ha encontrado coincidencia con los cadáveres que investiga Criminalística.

“Las muestras de ADN no son compatibles con las pruebas de Criminalística, eso quiere decir que el cuerpo de mi mamá está enterrado con otro nombre, está cambiado” dice Mabel.

Ella es parte de un grupo de 35 personas que, junto con la Defensoría del Pueblo, solicitó una acción de protección para exigir al Ministerio de Salud y el IESS que les digan dónde están los cuerpos de sus familiares y cómo los confundieron.

Medicina Legal Forense de la Policía ya terminó con las tres fases de identificación: 

• Exámenes micro dactilares.
• Entrevistas antropológicas.
• Pruebas de ADN.

De 216 cadáveres que estaban en los contenedores que fueron usados como morgues, 68 cuerpos no arrojaron coincidencia con las muestras tomadas a los familiares. 

Eso quiere decir que “hay 68 familias que están tranquilas en sus casas y que pensaron que inhumaron los cuerpos de sus familiares, y no tienen idea que tal vez sus familiares estaban en esos contenedores” explica Mirelli Icaza, abogada de la Defensoría del Pueblo. 

La exhumación es el siguiente paso

El último recurso que les queda es desenterrar los cuerpos. Hasta el momento, han hecho tres exhumaciones de las cuales se logró determinar la identidad de una persona.

El fiscal que lleva el caso, Luis Rosero, ha realizado dos nuevas peticiones en las que solicita exhumar alrededor de 50 cadáveres. La pregunta es ¿cómo determinar cuáles son los cadáveres que se deben desenterrar? 

Según Rosero, “los agentes investigadores han determinado que existen inconsistencias en el proceso de identificación (de las instituciones involucradas). Para corroborar esa presunción vamos a hacer una prueba científica de ADN."

Para la abogada de la Defensoría del Pueblo, “lo más preocupante es que se entregó a una familia un cuerpo que fue incinerado y que después la persona apareció viva, nunca se va a saber de quién eran las cenizas y, por ende, una familia jamás sabrá la verdad”, dice Icaza.

Otros derechos vulnerados

Aunque las investigaciones avanzan, el acceso a la información es limitado para los familiares porque el caso se investiga en la Fiscalía de Lavado de Activos en Quito, cuando los testimonios y evidencias están en Guayaquil.

Para la Defensoría del Pueblo esta es otra manera de vulnerar los derechos de los familiares, porque se les “impide tener acceso al expediente y a la información que les afecta como víctimas. Las personas tenemos derecho a conocer, participar y tener acceso a la información” recalca Icaza.

Por eso han solicitado a la Fiscal Provincial del Guayas traer el caso a Guayaquil para así facilitar el acceso a la investigación. 

La Defensoría del Pueblo también realizará un informe de todo lo sucedido en los primeros meses de la pandemia a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El proceso de exhumación

No existe documentación que se refiere al riesgo biológico por exhumación de cadáveres cuya causa de muerte haya sido Covid -19. 

“Lastimosamente somos de los pocos países en los que sucedieron este tipo de cuestiones con Covid-19. Pero, toda exhumación significa en sí un riesgo biológico” explica la médico legista Fabiola Robalino, del Servicio Nacional de Medicina Legal. 

Un grupo de ocho personas son parte de un proceso de exhumación que puede durar hasta tres horas: 

• Médico Legal
• Antropólogo
• Arqueólogo forense
• Fiscal
• Equipo de inspección ocular técnica
• Representante del Ministerio de Salud
• Representante del cementerio