Fiscalía de España denuncia pago de sobornos en el Metro de Quito

El juez de la Audiencia Nacional de España, Alejandro Abascal, ha citado para el próximo 3, 4 y 5 de mayo a nueve acusados por el supuesto pago de sobornos para conseguir un contrato relacionado con el Metro de Quito.

Según la agencia de noticias Europa Press, estas diligencias han sido asumidas por el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, que ha acordado ya las primeras diligencias a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, el Ministerio Público indaga el pago de presuntas comisiones por parte de un consorcio español de empresas para quedarse con un contrato de USD 15 millones para la consultoría relacionada con la gerencia del Metro de Quito.

El contrato fue firmado el 17 de julio de 2013, por Édgar Jácome, quien era entonces delegado del Alcalde de Quito, Augusto Barrera.

Las primeras pesquisas, según el diario español El Confidencial, han permitido hallar indicios que apuntan a que el grupo de compañías, del que formaba parte Prointec -la filial de ingeniería de Indra-, habría pagado al menos USD 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos para asegurar ese encargo.

Indra es la empresa que proveyó a Ecuador equipos de vigilancia aérea, como el ahora destruido radar de Montecristi.

Sobornos por cuotas

La investigación de las autoridades españolas partió de denuncias efectuadas por personas que participaron de forma directa en lo sucedido.

Los sobornos se camuflaron como pagos a terceros por la prestación de servicios, según las confesiones de los involucrados.

Aparentemente, los sobornos se dividieron en pagos más pequeños para pasar inadvertidos.

Tras un abono inicial superior a los USD 300.000, hubo hasta 24 pagos posteriores de USD 35.000 cada uno.

Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia para recibir el dinero.

Jesús Miguel Trababa, responsable máximo de Bustren, la compañía que lidera el consorcio, se encuentra en el centro del escándalo.

Trababa fue consejero delegado de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011 y, según El Confidencial, desde allí pudo conocer al detalle los planes del Municipio de Quito sobre el proyecto del metro e incluso se reunió con el alcalde Barrera para informarse mejor.

Para 2013, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, que entonces tenía como gerente general a Edgar Jácome Zambrano, puso en marcha una licitación para contratar la gerencia del proyecto.

Trabada firmó un contrato privado con responsables de Prointec y KV Consultores para formar un consorcio y presentar una oferta al Municipio de Quito.

Así surgió la sociedad Consorcio GMQ, integrada por las empresas antes mencionadas, menos Bustren, ya que no cumplía con los requisitos mínimos de antigüedad.

Licitación amañada

Luis Rodríguez Sol, fiscal al frente del caso, asegura que GMQ influyó a través de sobornos incluso en la fase previa de la licitación, de forma que el pliego de condiciones fue el resultado de una negociación concertada.

Supuestamente, todo fue pactado hasta tal punto que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito.

Días antes de que el concurso se ganara de forma definitiva, un empleado de KV Consultores acudió a una reunión con uno de los ecuatorianos. "Me han dicho que lleve la maleta", comentó, según se desprende de las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía en España.

En junio de 2013, Metro de Quito otorgó el contrato de asesoría al consorcio. Un mes después, el grupo ganador se constituyó formalmente como sociedad y abrió cuentas bancarias en Ecuador.

La gerencia del proyecto se realizó en gran medida desde Madrid, en las oficinas del consorcio liderado por Bustren.

El contrato original fue adjudicado al consorcio por USD 15,3 millones y en 2017 se firmó un contrato complementario de USD 5 millones.

GMQ se comprometió con Metro de Quito a entregar 40 informes. A la firma del contrato, el Municipio debía entregar un 30% de anticipo, mientras que el resto se pagaría tras la entrega de cada uno de estudios, a razón USD 384.000 por cada informe.

Esta denuncia sale a la luz justo cuando la Empresa Metro de Quito lanzó el proceso con el que busca a una empresa internacional que administre la obra durante seis años.

Aclaración: PRIMICIAS publicó, el 5 de abril de 2022, que el contrato investigado por la Fiscalía Anticorrupción de España entre el Consorcio GMQ y el Metro de Quito fue firmado por USD 20 millones. Lo correcto es que el contrato ascendió a USD 15 millones. La nota fue corregida el 11 de abril de 2022 a las 16:19.