El éxodo inmobiliario en Quito: de la ciudad a los valles

Los carteles en las ventanas anuncian que los departamentos del norte de Quito están en arriendo o en venta. Algunos de sus propietarios son parte de este éxodo de hogares de estrato social alto hacia los valles o Cumbayá.

Hay causas comunes que los han empujado a marcharse.

Luis Segarra, presidente del Comité de Seguridad de la avenida República de El Salvador, sector La Carolina, explica que han proliferado bares disfrazados de restaurantes. Y este es un problema que genera consumo de alcohol y ruido excesivo, sobre todo, de jueves a sábado.

A esto se suma el ruido de los autos en la avenida Shyris, que retumban en los edificios de la zona, donde habitan unas 70.000 personas. "La gente no puede descansar", asegura Segarra.

Segarra considera que hay un "mal control de las licencias municipales y espacio público". Es decir, la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) no estaría acorde al tipo de negocio de algunos establecimientos.

Paola Burbano es residente y presidenta del Comité Promejoras de la zona. Cuenta que los sábados prefiere alejarse de Quito en busca de un lugar más tranquilo. Está cansada de la mala noche de los viernes debido a las fiestas, los pitos y carros discotecas.

"La convivencia se vuelve hostil", lamenta Burbano. Y por esa razón, las personas ponen en arriendo sus departamentos y se mudan a las afueras de la capital.

Actualmente, el 90% de residentes de los edificios son arrendatarios, sostiene Burbano.

Aumenta población en la ruralidad

El urbanista y abogado Álvaro Orbea explica que en Quito la diferencia entre la población urbana y rural era de 72% y 28%, respectivamente, en 2010.

Pero la tasa de crecimiento poblacional en la ruralidad aumenta un 4,5%, mientras que en las zonas urbanas es de 1,5%.

Se proyecta que la diferencia entre población urbana (1,92 millones de habitantes) y rural (0,94 millones de habitantes) al terminar 2022 sería de 67% y 33%, respectivamente.

"No es que hay más personas naciendo en parroquias rurales, sino que hay más gente que va a vivir allá".

Álvaro Orbea, urbanista.

Ese es el caso de Marlon Burnhan, quien decidió mudarse con su familia al valle de Tumbaco tras la pandemia. El teletrabajo y la seguridad fueron los detonantes. "Nos gustaba la idea de compartir más tiempo juntos, alejados del tránsito de Quito".

Cuenta que la vida le cambió y él, su esposa y sus hijas debieron adaptarse a las condiciones, como buscar nuevos espacios donde comprar alimentos.

Los excesos en el barrio La Paz

Axcel Hernández es administrador de dos edificios situados en la calle Whymper, barrio La Paz, en Quito.

Según este residente, con la llegada en exceso de bares 'vestidos' de restaurantes ha aumentado el tráfico: "Los carros obstaculizan los parqueaderos y hay mucha bulla".

Cuenta que "se detectaron decibeles (niveles de ruido) de entre 70 y 80, cuando lo permitido en esta zona residencial urbano es entre 15 y 18 decibeles".

También han aparecido cuidadores de carros que se han adueñado de las calles y cobran hasta USD 3 por el parqueadero en un espacio público, incluso donde es prohibido.

Hernández detalla que en el edificio Deanville hay cinco de nueve departamentos en venta. Tres familias se mudaron a Tumbaco y a la González Suárez.

Diego Proaño, presidente del barrio La Paz, sostiene que "este es un proceso continuo de demolición de la ciudad por la inacción y las omisiones del Municipio de Quito".

En La Paz puede funcionar restaurantes de bajo impacto, según el ordenamiento. Pero Proaño afirma que hay locales que trabajan como "bares o cantinas" y hacen mal uso de la ley.

"Aquellos que no tienen las posibilidades de cambiarse a Cumbayá, Tumbaco o Puembo, deben seguir viviendo un infierno".

Diego Proaño, residente del barrio La Paz.

Los problemas que existen ahora en La Paz, donde hay 1.200 unidades de vivienda, generan un impacto en los derechos de las personas y del patrimonio. "Una propiedad que costó USD 1.400 el metro hace cinco años, este rato no se la vende ni en USD 900", advierte.

Proaño recuerda que los conflictos no solo están en la calle Whymper, sino también se extienden a otras avenidas, como la Paúl Rivet.

No quieren ser el reflejo de La Mariscal

David Sánchez, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), explica que la movilidad de residentes urbanos ocurre en estratos económicos altos.

Primero, las personas de estos estratos comenzaron a habitar el Centro Histórico, luego se pasaron a La Mariscal, donde tenían sus residencias o chalets de verano.

Posterior a ello, cuando la zona empezó a complicarse se fueron hacia la González Suárez, El Bosque, Quito Tenis o El Condado, detalla Sánchez.

La trayectoria de esta población, según Sánchez, evidencia que buscan lugares más tranquilos y seguros.

Carla Romero, de 83 años, vive en el primer multifamiliar La Mariscal, construido en 1964. Ella ha sido testigo de la metamorfosis de la zona.

Hace 50 años, aquel barrio era residencial hasta que llegó la plaza Foch. Esta plaza fue concebida como un espacio cultural, pero con el tiempo se levantaron bares, discotecas y hostales.

"En las madrugadas se escuchan disparos, gritos y choques".

Carla Romero, habitante de La Mariscal.

Los habitantes de la República de El Salvador, en La Carolina, o del barrio La Paz se resisten a ser un reflejo del Centro Histórico o de La Mariscal.

Lejos del caos urbano

Mauricio Marín, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito, explica que La Mariscal fue declarada como zona turística desde hace 20 años. Hubo una planificación para que allí se realizaran actividades de entretenimiento, ocio y cultura.

"El problema fue el mal uso que les dieron a las licencias municipales", admite el funcionario. También se han registrados problemas de inseguridad, que según Marín, no es competencia exclusiva del Municipio, sino del Gobierno central.

Tras la inseguridad, los inversores o emprendedores buscaron otros sectores para sus actividades como La Carolina y La Pradera, que tienen el uso de suelo múltiple. Es decir, son espacios donde sí se pueden abrir bares según la normativa municipal.

"¿Qué podemos hacer? Cambiar la norma. Y eso es lo que estamos haciendo", asegura el Secretario de Territorio.

Algo diferente ocurre con la calle Whymper, que es una zona residencial, donde hay que buscar una estrategia compatible entre los locales y los hogares.

En esta calle no se permiten bares y discotecas, pero sí restaurantes con venta de bebidas alcohólicas. "Los restaurantes causan el mismo efecto que una discoteca, porque requieren estacionamientos y proliferan los vendedores", dice Marín.

"Estamos proponiendo una medida justamente para restringir la forma en cómo se implantan los restaurantes", añade.

Sobre la movilidad residencial, Marín asegura que no es la solución, porque la migración a los valles causa problemas. "Luego los habitantes se quejaran de que necesitan subir a la ciudad y no hay vías".

El funcionario reconoce que hay habitantes con una urgencia de alejarse del caos urbano, pero que también "hay una oportunidad de ordenar la ciudad".