Estudiantes en riesgo de ser deportados de Estados Unidos

El 6 de julio de 2020, la administración del presidente Donald Trump anunció que suspenderá las visas para los estudiantes extranjeros cuyas clases sean trasladadas a un formato digital a causa de la pandemia de Covid-19.

La Oficina de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos indicó en un comunicado que los estudiantes con visas F-1 y M-1, cuyas escuelas operen solamente en línea, “deben abandonar el país o tomar otras medidas, como ser transferidos a una escuela con instrucción presencial”.

Si no lo hacen, advirtió la oficina, los estudiantes se arriesgan a ser sometidos a un proceso de expulsión.

Y, los estudiantes que vayan a tener clases semipresenciales tendrán que acreditar que están inscritos en la máxima cantidad de cursos posible para conservar su visa.

Con la medida, "el 60% de clases tiene que ser presencial y el 40% en línea", explica William Murillo, cofundador de la fundación privada de asesoría legal para migrantes ecuatorianos 1800 migrantes.com

A esa realidad se enfrentan los ecuatorianos que están estudiando en Estados Unidos con una visa específica para ello.

Todo es incierto

Desde 2017, Marcos Echeverría vive en Nueva York, está allí para cursar una maestría. Antes del lunes sus planes eran concluir sus estudios el próximo semestre y quedarse en el país donde vive con su pareja. Pero, ahora todo es incierto.

Por eso Echeverría, junto a un grupo de estudiantes internacionales, está impulsando acciones para buscar alternativas con las universidades y presionar a los representantes de sus Estados, a través de una recolección de firmas.

Una de las preocupaciones de quienes ya cursan el último año de sus estudios es si tendrán derecho a la Capacitación Práctica Opcional (OPT).

La OPT es un período durante el cual los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos permiten a los estudiantes de pregrado y posgrado con estatus F-1, que han completado o han cursado sus títulos trabajar durante un año con una visa de estudiante para recibir capacitación práctica y complementar su educación.

En Estados Unidos hay 1,1 millones de estudiantes extranjeros con visas F-1 y M-1.

"Para estudiar en Estados Unidos tuve que pasar por un proceso que tardó tres años", dice Echeverría, quien agrega que la opción de trasladarse a otra institución educativa no es factible porque la admisión pude tardar entre seis meses y un año.

"Los estudiantes no son un peligro para Estados Unidos porque llegan con visa, lo que significa que siguieron un proceso administrativo para saber quiénes son; tienen seguro médico y aportan a la economía, en algunos casos incluso pagan por adelantado sus estudios", afirma Murillo.

De acuerdo con la Asociación de Educadores Internacionales, los estudiantes extranjeros hacen una contribución económica de USD 41.000 millones anuales y sustentan más de 450.000 empleos en el país.

Las grandes contra Trump

La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron una querella contra el Gobierno de Trump, por la norma que forzaría a los alumnos extranjeros que toman clases en línea a abandonar el país.

"Creemos que es una mala política pública y creemos que es ilegal", afirmó Lawrence Bacow, presidente de la Universidad de Harvard.

La demanda pide que se anule la orden, que califica de "arbitraria y caprichosa", que es el mismo lenguaje empleado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando días atrás encontró carente de argumentos el decreto del presidente Trump que, en 2017, dio por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA).

El 7 de julio, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo que la orden "es otro intento cruel e ilegal del gobierno de Trump por sembrar incertidumbre y castigar a los inmigrantes".

Ken Cucinelli, subdirector interino del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que la nueva norma "alentará a las universidades a reanudar sus actividades".

"Se trata de hacer que las universidades abran sus puertas, lo que podría poner en riesgo la salud de toda su comunidad. Pero, caso contrario, se pone en riesgo a los estudiantes internacionales", explica Echeverría.

Desde el lunes las universidades tienen 10 días para informar cuál va a ser su modalidad el próximo semestre. Y a partir de ese día los estudiantes tienen hasta el inicio de clases para dejar el país, lo que se complica en el caso de los extranjeros cuyos países mantienen las fronteras cerradas.