120.000 estudiantes migraron del sistema privado al público por dificultades económicas
Los estudiantes de escuelas y colegios tienen dificultades por falta de acceso a la tecnología, un componente imprescindible durante la larga temporada de clases virtuales provocada por la pandemia de Covid-19.
Estudiantes del colegio Eduardo Salazar Gómez, de Quito, el 7 de junio de 2021.
Ministerio de Educación
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El desempleo y la reducción de ingresos dejaron su huella en la educación. Unos 120.000 estudiantes en Ecuador dejaron el sistema privado para seguir sus estudios en el sistema escolar público, según un informe de Unicef.
Esta cifra representa el 3% de los 4,4 millones de estudiantes que tiene el sistema educativo ecuatoriano en planteles fiscales, particulares y fiscomisionales.
"En 2020, 120.000 estudiantes pasaron a la educación pública debido a las dificultades económicas de sus familias", señaló Unicef Ecuador, en una publicación de redes sociales.
El cambio del sistema particular al público es parte de un problema que tiene aristas más preocupantes, como la deserción escolar.
La Encuesta Análisis Rápido de Género, elaborado en julio de 2021 por el Programa Mundial de Alimentos, la Organización no gubernamental CARE, el Plan International y World Vision reveló que el 26% de las niñas y adolescentes entrevistadas abandonó sus estudios desde marzo de 2020.
Esa cifra es parte de un total de 90.000 niños y adolescentes que abandonaron los estudios en Ecuador desde el inicio de la pandemia, según Unicef.
Leves síntomas de recuperación
Según el Intistituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en agosto del 2021 cerca de 139.000 personas consiguieron un empleo adecuado, lo que provocó, en parte, una disminución del desempleo y el subempleo.
Esa luz no es suficiente para espantar las tinieblas que rodean a la educación privada en el Ecuador. "Sí hay una migración al sistema público, se nos han ido algunos alumnos", sostiene Mauro Ayala, apoderado de un colegio particular de Guayaquil.
El directivo asegura que la ley humanitaria promovió, en parte, el cambio del sistema privado al público. La Ley Humanitaria facultaba a los padres a no pagar las pensiones hasta por seis meses y les garantizaba un cupo en la educación pública.
Esto fue un duro golpe para la educación particular, que batalla con una cartera vencida del 40%, que en muchos casos se incrementó debido a la pandemia.
Una solución, el retorno a la presencialidad
Para Unicef, el costo del cierre de las escuelas ha sido devastador para el aprendizaje, la salud y el bienestar de los estudiantes. "Las repercusiones para cada niño, su familia, su comunidad y su situación económica se dejarán sentir durante años", señala.
En esto coincide el Banco Mundial, que considera que el cierre de escuelas o la falta de una educación adecuada, se podría traducir en una caída de ingresos agregados de USD 1.700 millones en América Latina y el Caribe.
El deterioro de la educación afectaría a los que menos tienen, pues golpearía principalmente al quintil inferior en la escala de ingresos, según el Banco Mundial.
Ante esto, Unicef sostiene que "incrementar la inversión en educación es aún más necesario en momentos de crisis". Para lograrlo -y ante la falta de recursos estatales- Ecuador ha impulsado una iniciativa que busca una suerte de padrinos privados para readecuar la deteriorada infraestructura educativa pública.
Además, el país comenzó a vacunar a niños desde los cinco años con el objetivo de retomar las clases presenciales, a partir de enero del 2022. "Así los niños podrán regresar a clases presenciales con mayor seguridad", sostuvo la ministra de Educación María Brown.
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