El peligro en San Luis se agudiza y la erosión los condena a huir

Nancy Chicaiza ha aprendido que en la vida, unas veces se gana y otras se pierde. Ella vive en San Luis, en el Municipio de El Chaco, un barrio que está siendo devorado por un enorme socavón desde febrero de 2020, por la erosión regresiva del río Coca, en Napo.

Y sabe que enfrentarse a la naturaleza es imposible. Es una batalla perdida.

Son las 15:00 del 27 de febrero de 2023. En el barrio ha llovido más de cinco horas seguidas. "Uuuh... ¡Eso no es nada!", advierte Nancy desde la puerta de su tienda, situada en la avenida San Luis, la calle principal de la comunidad y la única de concreto.

Llegó el invierno. Y los aguaceros -los largos aguaceros- auguran desastres.

Una semana atrás, el miércoles 22 de febrero, cayó el puente del río Marker, ubicado a unos cuatro kilómetros de aquel poblado, lo que provocó que las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), OCP y el Poliducto Shushufindi se suspendieran.

Fue entonces cuando San Luis, que está al borde de una desgracia, volvió a ser el epicentro de este problema.

"Otro golpe más", lamenta Nancy mientras conduce al equipo de PRIMICIAS hacia el margen del socavón que, actualmente, está a 40 metros de algunas viviendas.

En el camino recuerda que todo empezó con la 'desaparición' de la cascada San Rafael. En realidad no desapareció, sino que debido a la erosión, el río cambió su curso. Luego hubo daños en la carretera E45, que conectaba Napo, Sucumbíos y Orellana. Y, posteriormente, cayó el puente del río Piedra Fina, a unos metros del barrio, que los dejó incomunicados.

San Luis quedó a la deriva y con un bloqueo inminente hacia Lago Agrio, Sucumbíos.

Nancy esquiva unos alambres de púas de un terreno baldío y llega hasta el borde. Se acerca con recelo, porque hay unos plásticos que anuncian peligro.

"Mire, ahí está el hueco", dice mientras señala al socavón rodeado por las inmensas montañas que, poco a poco, se han ido desmoronando. Y retrocede. Se quiere ir.

De regreso cuenta que hay viviendas deshabitadas cuyos dueños ya se han marchado. Y algunos se han llevado todo. Sus bienes, animales y hasta los marcos de las puertas y las ventanas. Solo quedan las estructuras vacías de cemento. Nada.

"La vecina Cumandá vio el peligro y se fue. La familia Landázuri también", relata la vecina Nancy, que no es cualquier vecina. A su tienda -donde tiene una campana de alerta- llegan los moradores para preguntarle qué hacer, pues es la representante de Riesgos.

Nancy dice que vive 12 años en el pueblo. Que tiene cuatro hijos y un nieto. Que cuando se divorció aprendió que en esta vida se gana o se pierde. Y que si debe irse de allí y dejar atrás el esfuerzo conseguido, lo haría para no estar en peligro.

Su casa aún está a más de 50 metros del borde del socavón -según la Secretaría de Riesgos, si está a menos de 50 metros debe evacuar-. Por eso se mantiene tranquila. Pero si llega el momento de huir, no queda más. Huir. Y punto.

"Hay salud para empezar de nuevo y continuar luchando. Este es un fenómeno natural y no podemos culpar a nadie", admite Nancy.

1. No tienen a dónde ir

Una joven carga una funda grande de detergente. Se detiene, pone la bolsa en el suelo y se presenta: "Soy Belinda Carranza, tengo 18 años y soy la reina de San Luis".

Ella vive con su familia a 40 metros del socavón.

Les dijeron que deben evacuar, pero no lo han hecho. No tienen a dónde ir. Y se enfrentan al miedo nocturno, cuando la casa vibra y aparecen más grietas. A veces no saben si es por los bramidos del volcán El Reventador o porque hay un deslizamiento de tierra.

Es difícil acostumbrarse. Pero no queda más.

"Nos dijeron que nos iban a dar un lote, una casa, pero nada", lamenta Belinda mientras se detiene en la entrada de su casa -ladrillo, tejas- y señala algunas partes afectadas.

En una calle paralela está Néstor Aguaiza.

La moto que conducía empezó a oler a caucho quemado y debió remolcarla hacia la casa de su hermano. Unos minutos antes, contó -en la tienda de Nancy- que tenía un trabajo nuevo como guardia de seguridad en una empresa. Ahora le acaban de decir que el contrato se suspendió.

"Así es aquí. No sé por qué me negaron el trabajo. Pero este es un pueblo chiquito y un infierno grande", suelta Néstor, tras explicar que San Luis no es barrio unido. Que hay gente que busca su beneficio personal y que -en algunos casos- pelean por las vacantes que ofrecen las compañías petroleras cercanas.

Él y su familia no se han ido porque tienen un negocio: la panadería de San Luis.

Y él -que es soldador, albañil y panadero- ya le construyó una casa a su mamá. Todavía no tienen planes de irse. Su propiedad está relativamente lejos de la orilla de la erosión. Así que el pan no se acaba. Al menos por ahora.

Al día siguiente, Nancy, la dueña de la tienda, cuenta que ya habló -con quién sería- para que sí le dieran el trabajo de guardia a Néstor.

Las necesidades de San Luis

Son las 09:00 del 28 de febrero. Llueve incansablemente. Y el barrio lleva más de 12 horas sin luz. Nancy, desde su tienda, dice que ya hizo el reporte para que arreglaran lo que sea que haya pasado. Que pronto tendrán nuevamente energía, le ofrecieron.

Hay preocupación por las vacunas del centro de salud. Pero nada más. Es como si la gente estuviera resignada a que siempre le falte algo. Pero no.

Carlos Andy, presidente electo de San Luis, expone sin titubear las necesidades. "Han pasado más de dos años (desde la erosión) y hemos vivido solo de palabras", protesta.

Pero para hablar de los problemas que tienen, Andy primero cuenta cómo se creó el barrio.

Dice que el terreno donde hoy se asienta San Luis era del señor Luis Pérez. Primero fue un campamento para finqueros. Luego una urbanización. Y, posteriormente, se levantó el campamento central de Sinohydro, empresa china que construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que se encuentra a 7,9 kilómetros del pueblo.

Hubo hasta 2.000 habitantes -recuerda Andy- porque muchos trabajadores ecuatorianos se mudaron debido a la oferta laboral. Incluso hubo la intención de que el barrio se transformara en parroquia, pero por problemas con las autoridades y con el pueblo -dice- no hubo cómo.

En 2016 se acabó la obra y muchos se marcharon. Entonces llegaron las desgracias.

Actualmente, hay unas 48 familias habitando el barrio (unas 120 personas). Incomunicadas por el nororiente, luego de que la vía E45 se afectara y el puente del río Piedra Fina cayera, buscaron una alternativa y construyeron una tarabita en la que deben pagar hasta USD 4.

Al otro lado, la carretera también se había dañado. Así que hubo el intento de construir una nueva vía. A la obra se sumaron las autoridades y los habitantes, como Andy. Pero la erosión destruyó nuevamente las ilusiones y el trabajo.

Eso quedó en nada.

Con la reciente caída del puente del río Marker surge un nuevo obstáculo. La gente que cruza en tarabita debe caminar más de 800 metros hasta llegar al "punto crítico" donde, el 1 de marzo de 2023, continuaban los trabajos para restablecer el bombeo de petróleo.

Allí deben atravesar el río, que por las fuertes lluvias de los últimos días ha crecido y el paso se ha complicado. Las retroexcavadoras apoyan a la gente para llevarla de una orilla a otra.

Actualización de datos

Vivir en San Luis se ha convertido en un desafío.

Son las 10:00. En la cancha del barrio varias funcionarias de la Dirección de Acción Social de El Chaco realizan una actualización de datos.

La última que hicieron fue en julio de 2022.

La gente llega y las funcionarias hacen algunas preguntas:

1. ¿Quisieran ser reubicados?
2. ¿Estarían dispuestos a irse a un albergue?
3. ¿Poseen lotes o viviendas en otros lugares?

Lorena Arias vive cuatro años en San Luis. "¿Qué le preguntaron?", le decimos. Ella responde indignada: "la misma tontería de siempre".

Ella no se va a ir porque no tiene un lugar donde vivir, "aunque siempre esté con el corazón en la boca". Lava ropa, pero no le alcanza para pagar un arriendo.

Édison Vaca, en cambio, no quiere dejar la casa, avaluada en USD 42.000, que construyó mientras trabajaba para la obra de Coca Codo Sinclair. No tiene trabajo. Él sabe que se viene un momento crítico, pero espera que las autoridades los ayuden.

Para Carlos Andy, el presidente de San Luis, es absurdo que las autoridades ofrezcan un albergue para mudar a los habitantes, si muchos de ellos tiene animales de granja y hasta sembríos. Por eso se resisten a marcharse.

Incluso hay un banco comunitario que pertenece a la Asociación de Productores Agropecuarios, quienes tiene un huerto con tomate, apio, pepinillo, cilantro... Si alguno necesita un crédito, este banco se lo entrega.

"¿Cómo dejar todo atrás y que pronto se vaya en el socavón?", se pregunta Andy. Pero, según él, hay una alternativa.

Esperan que les den lotes para que las personas puedan mudarse con todos sus bienes.

Hay una solución

Hildo Velasco, concejal rural del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de El Chaco, explica a PRIMICIAS que para este proceso regresivo deberían integrarse todas las autoridades y, sin embargo, "nadie responde por la gente".

Producto de este fenómeno atípico, señala Velasco, hay que reubicar a toda la comunidad de San Luis y también al poblado vecino de San Carlos, que también está en zona de riesgo.

Hasta ahora hay once familias que han salido con apoyo del GAD. Pero todavía hay 60 familias que deben ser reubicadas. Velasco cuenta que hay miras de expropiar dos hectáreas de terreno en el poblado Marcial Oña y cuyo proceso podría tardar unos 45 días más.

Se dividirían en lotes de tipo social de hasta 260 metros cuadrados para entregarlos a los habitantes. Y en ese caso, dice el concejal, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) tendría que gestionar la construcción de las casas.

"Quienes tengan escrituras públicas, se trabajará bajo la figura de permuta", advierte Velasco. Es decir, quienes tienen propiedades con escrituras en San Luis intercambiarán por las que se dispondrán en Marcial Oña. Quienes no, deberán pagar.

Mientras que para aquellos que se resistan a salir, se aplicará el Manual de Gestión de Riesgos, en el que se indica que hay "obligatoriedad" en la evacuación.

El concejal reconoce que es un proceso complicado y que los daños que ha dejado el proceso regresivo son varios, como la pérdida de hasta USD 1 millón mensual porque no hay intercambio de comercio con Sucumbíos.

Por eso hace un llamado a que el Gobierno de Guillermo Lasso tome acciones urgentes. Que haya vías alternas. "Ya no es justo que nos maltraten así", concluye.

Mientras eso sucede, la gente en San Luis continuará viviendo al borde de la muerte.