Epmaps termina dos contratos firmados en la administración de Yunda

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) anunció la terminación anticipada y unilateral de dos contratos suscritos durante la administración de Jorge Yunda.

En un comunicado de prensa, la entidad informó que se trata de los acuerdos suscritos con La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. (Inmosolución) y Geinco.

Estos convenios estaban dirigidos a la construcción de obras de saneamiento en la parroquia de Tumbaco y de agua potable para Calderón, respectivamente.

La decisión de la Epmaps nace luego de que Inmosolución haya sido investigada por la Contraloría por supuestas irregularidades en el plan de repavimentación que impulsó Yunda en 2019 de la mano del Consorcio Repavimentación Quito, del que Inmosulución es parte junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Según la Contraloría, Geinco también está involucrada en este caso, pues fue subcontratada por el Consorcio Repavimentación Quito.

La Epmaps dice que la terminación de los contratos se debe a "informes técnicos y jurídicos que determinaron que dichas empresas incumplieron la Ley de Contratación Pública por las causales de subcontratación excesiva (Inmosolución) y cesión de contratos (Geinco)".

Inmosolución

La Epmaps recuerda que el contrato con Inmosolución se firmó bajo la figura de régimen especial en 2019 por un monto superior a USD 21 millones.

"La terminación unilateral se sustenta en los artículos 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y del artículo 120 del reglamento a la ley, que prohíben la subcontratación de más del 30% del monto total del contrato", dice la empresa municipal.

Sin embargo, "dicha empresa pública subcontrató el 95% de la ejecución del valor con las compañías Geinco y con la Constructora Cevallos Hidalgo, hecho que no constó en su oferta inicial".

Según resultados de un informe especial emitido el 2 de marzo de 2021 por la Contraloría General del Estado se dan a conocer estas irregularidades:

"Se evidenció que Inmosulución no tenía la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto. Por eso recurrió a la suscripción de convenios específicos con otras compañías constructoras, sin que esto haya sido informado al momento de presentar su oferta ocasionando que los trabajos no sean ejecutados por la contratista."

A esto agrega que Inmosuolución no contaba con la capacidad técnica y operativa para realizar el proyecto.

Por eso la Contraloría recomendó que Epmaps "disponga y verifique que el administrador del contrato controle que la ejecución del proyecto sea realizada por la contratista de acuerdo a las cláusulas contractuales y respetando los porcentajes previstos para la subcontratación, caso contrario impondrán las sanciones que corresponda".

La Epmaps asegura que la terminación del contrato "precautela USD 9,5 millones de la empresa, ya que el proyecto llegó al 54,39 % del valor total".

Geinco

Respecto al contrato con Geinco, suscrito en 2019 por un valor de USD 4,3 millones para el 'Diseño, suministro, construcción, puesta en funcionamiento, financiamiento del Proyecto de Agua Potable para San Juan de Calderón”, la Epmaps dice que "la terminación anticipada y unilateral se declaró por incumplimiento de los artículos 78 de la Ley de Contratación Pública y 63 de la Codificación de las Resoluciones del Sercop sobre cesión de contratos".

En el comunicado de prensa, la Epmaps "precisa que el 9 de noviembre de 2020, en plena ejecución del contrato, Geinco otorgó una escritura pública de cesión de participaciones a favor de Gustavo Gerardo Espinel, gerente general de dicha empresa, sin que este proceso haya sido notificado a la Epmaps, conforme a la obligación adquirida en su oferta".

Agrega que la Procuraduría determinó que "se evidencia que la contratación del proyecto estaba planificada para el año 2019 por un monto de USD 4,8 millones. Es decir, se demostraría que existían fondos presupuestados para el financiamiento de la obra, pero carecería de motivación adecuada, por cuanto las justificaciones en hechos y derecho son erróneas".

La Procuraduría también sostiene que "se afectó el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad generando un aparente vicio de nulidad.  Esto se configura como una elusión de procedimientos y viciaría de nulidad el contrato".

Con estos antecedentes, la Epmaps dice que "da por terminado este contrato cuya ejecución alcanzó el 37,59%, precautelando los recursos públicos en un monto estimado de USD 1,6 millones".

Y adelanta que en los dos casos convocará nuevos procesos de contratación, a través del Sercop.