La educación en Monte Sinaí, el nudo que se quiere desatar con 300 docentes y clases presenciales

Luego de cuatro meses de iniciadas las clases en el régimen Costa, la situación de la educación en Monte Sinaí es dramática.

En Monte Sinaí, ubicado al norte de Guayaquil, viven alrededor de 150.000 personas sin acceso a todos los servicios básicos.

El agua se obtiene por tanqueros y la electricidad de conexiones ilegales. Además las calles son de tierra, la señal de celular es inestable y el servicio de Internet, escaso y costoso, por lo que muy pocas familias lo tienen.

Por eso el cierre de los colegios y escuelas para clases presenciales por la pandemia ha dejado a los niños que viven en este asentamiento prácticamente sin acceso a la educación.

Más grave: el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal advirtió que las clases presenciales seguirán suspendidas por el resto de 2020.

Esa necesidad ha provocado que en las cooperativas que conforman Monte Sinaí se improvisen escuelas en casas o en solares vacíos a cargo de voluntarios. En algunos casos con acompañamiento de profesores fiscales que trabajaban en el lugar antes de la llegada de la pandemia.

Ese escenario ha hecho que el Municipio de Guayaquil plantee la contratación de emergencia de 300 maestros dicten clases entre octubre de 2020 y febrero de 2021 a los 6.000 niños de la zona.

“Son niños extremadamente pobres. Ahí no hay clases virtuales, tienen que ir los maestros y nosotros les damos todo, utensilios, como kits de estudios. El Ministerio no tiene que poner ni un centavo”, señaló la alcaldesa Cynthia Viteri.

La idea es que esos profesores se incorporen a las escuelas improvisadas. Serían aulas de máximo 22 estudiantes con protocolos de bioseguridad.

Viteri reconoció la gravedad de lo que ocurre en Monte Sinaí. “El plan pretende aliviar la carga de madres de estos sectores que tampoco tienen la capacidad de acompañar en el proceso educativo”, lamentó.

El Municipio está a la espera del visto bueno del Ministerio de Educación porque el Cabildo quiere la garantía de que a los niños que formen parte del plan podrán aprobar el año lectivo.

Viteri habló de un desaire, pues el Municipio -dice- mantuvo dos reuniones con el Ministerio de Educación para abordar el tema. Pero la tercera, que según la alcaldesa era definitoria, nunca se llegó a concretar.

Patricia Sánchez, quien ha realizado estudios en Monte Sinaí, explica que "la educación en casa y guiada por los padres y madres de familia adolece no solo de la falta de equipos adecuados sino de las habilidades de los padres para guiar ese proceso".

¿La iniciativa en Monte Sinaí significa que las clases presenciales de colegios privados regresarán a Guayaquil? La alcaldesa Cynthia Viteri dice que no.

No se puede comparar la situación de los niños de Monte Sinaí con la de los estudiantes de colegios privados que tienen acceso a tecnología y conectividad. “Acá estamos hablando de niños que no tienen nada y se trata de salvarles el año”, dice.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Educación no respondió a la propuesta del Municipio de Guayaquil.

Sin embargo, en julio de 2020, el Ministerio informó que 24 docentes, 10 psicólogos y 4 pedagogos se distribuyeron en brigadas educativas en la zona de Monte Sinaí. Allí se han entregado 35.000 fichas educativas.

Limbo jurídico

Monte Sinaí atraviesa un proceso de legalización. Por la falta de títulos de propiedad sus habitantes no son sujetos de derecho.

Viven en un limbo jurídico.

Aunque están en Guayaquil viven en condiciones de ruralidad. Según el Instituto de Nacional de Estadística y Censos (INEC), en las zonas rurales del país apenas el 21% de la población tiene acceso a internet.

El dirigente John Díaz de la cooperativa Ciudad de Dios, en Monte Sinaí, explica que las familias que pueden pagar el servicio de internet, alquilan el servicio a las que no.

“Y no es que se conectan por computadora en clases en vivo. Se trata de con su celular buscar señal para que lleguen mensajes de Whatsapp y así enviar o recibir la tarea”, describe.

En su comunidad, por ejemplo, también hay una escuela improvisada donde se dan clases de refuerzo.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de los Derechos Humanos, considera imposible que por un asunto de fuerza mayor los niños de esta zona deban perder el año escolar. “La educación es un derecho y la pandemia no borra ese derecho”, asegura.

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