Exmilitar lleva a Ecuador a la CorteIDH por violación de derechos humanos

Cerca de cinco horas duró la audiencia del caso Cortez Espinoza vs. Ecuador, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La diligencia se desarrolló el 21 de marzo de 2022, de manera telemática.

Este caso está relacionado con la presunta responsabilidad de Ecuador en perjuicio de Gonzalo Cortez Espinoza. Él fue detenido en tres ocasiones, entre 1997 y 2000. La presunta víctima asegura que esas detenciones fueron ilegales y que sufrió actos de tortura y se violó el debido proceso.

Durante la audiencia, por primera vez, Gonzalo Cortez pudo relatar por sí mismo lo que le ocurrió. También intervinieron los representantes de la Comisión Interamericana (CIDH) y de la Procuraduría General del Estado, en representación de Ecuador.

Tras la audiencia, tanto los abogados de Cortez como los abogados del Estado tienen hasta el 22 de abril de 2022 para presentar sus alegatos finales por escrito. Con esta documentación la Corte IDH dictará la sentencia.

El caso

En enero 1997, Gonzalo Cortez era un militar retirado de las Fuerzas Armadas (FF. AA). Fue detenido por agentes militares en medio de las investigaciones por un supuesto robo de un artefacto de radionavegación.

Pese a que en ese momento ya era civil, fue investigado, acusado y arrestado por los órganos de la justicia militar que, en esa época, operaban en Ecuador.

Cortez era técnico de electrónica de aviación en una empresa privada, cuyas instalaciones estaban en el antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.

Luego de su detención, con base en una orden girada por un fiscal militar, Cortez fue llevado a la Base Aérea de la capital. Asegura que fue interrogado durante toda la noche, lo amenazaron con armas, no comió ni tomó agua, tampoco pudo llamar a un abogado o a su familia.

Al día siguiente, el médico de planta de la Base Aérea lo revisó y lo liberaron sin darle ninguna explicación.

Seis meses después, el 11 de julio de 1997, Cortez debía viajar a Guayaquil por temas laborales. Se dirigió hacia el Terminal Terrestre Cumandá, que funcionaba en el centro de Quito. Cuando estaba a punto de llegar, 11 agentes militares, armados con metralletas, lo interceptaron en una esquina cerca de su casa.

Los uniformados lo subieron a un vehículo y lo llevaron, otra vez, a la Base Aérea.

Fue trasladado a un área que se conocía como Villa Avión, en donde existía una especie de celdas. En ese lugar, Cortez estuvo retenido durante 19 días, sin ninguna comunicación.

"Los tres primeros días me sacaban de la celda a las 06:00 y me regresaban a las 21:00. No comí ni tome agua. Me acostaban en una cama y me golpeaban con una media llena de arena".

Gonzalo Cortez

Luego de esos tres días, según relató, empezó a recibir lo que parecían ser las sobras del almuerzo del personal militar. En el plato, incluso "había saliva y flema". En total, en esas circunstancias, estuvo detenido cerca de cinco meses y salió bajo fianza pagando USD 1.500.

El proceso judicial continuó y la Corte Suprema Militar anuló el caso. Esa instancia incluso ordenó que se le devuelva el monto pagado por la fianza.

En el 2000, Cortez se acercó a la pagaduría de la Base Aérea. Una patrulla militar se acercó y le mostró una nueva orden de detención que había sido girada por un juez de la justicia penal ordinaria.

Los militares se lo llevaron pese a que esta orden debía ser ejecutada por la Policía Nacional. Fue trasladado a una instalación policial, donde un agente habría forjado un parte en el que decía que Cortez se había entregado voluntariamente.

Con base en ese documento, el militar en servicio pasivo estuvo detenido un mes en el Centro de Detención Provisional (CDP) hasta que salió gracias a un hábeas corpus: había estado detenido más de seis meses, sin una sentencia en firme.

Luego de su liberación, el proceso siguió durante 12 años hasta que la causa prescribió. En ese momento, Cortez presentó su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos y después de 25 años desde su primera detención espera recibir justicia.

La reparación

Antes de que el caso llegue a la Corte, fue analizado por la CIDH. Esta instancia ya determinó que Ecuador violó los derechos a la libertad personal y al debido proceso de la víctima.

En la audiencia, David Cordero Heredia y José Valenzuela, abogados del Centro de Derechos Humanos de la PUCE y representantes de Cortez, solicitaron que la Corte IDH ratifique la violación de los derechos como responsabilidad del Estado.

Pidieron también que se estipulen pagos, a favor de Gonzalo Cortez, por parte del Estado como medidas de reparación materiales, inmateriales y garantías de no repetición.

Este es el primer caso ecuatoriano en la Corte Interamericana, en 2022. El año pasado, el país recibió cinco sentencias contrarias y se le ordenó el pago de USD 1,6 millones.

Además del caso de Cortez, Ecuador todavía tiene pendientes 11 procesos más que están bajo estudio de la Corte IDH y que pueden significar otras sentencias contra el Estado.

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