Las cifras detrás del plan del Gobierno para bajar la desnutrición infantil

Uno de cada tres infantes en Ecuador padece desnutrición crónica infantil (DCI) y el objetivo del gobierno del presidente Guillermo Lasso es reducirla en seis puntos. Entre los niños menores de dos años, el 27,2% sufre esta condición.

Desde el inicio de su gestión, el Mandatario aseguró que esta será una de las prioridades. Para ello creó una consejería ad honorem, en mayo de 2021, y la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (STECSDI), dos meses después.

El trabajo continúa con la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (ECSDI), lanzada por el expresidente Lenín Moreno en diciembre de 2020. Pero que, según el actual gobierno, careció de financiamiento y de un plan de acción. Ahora, el Ejecutivo ofreció USD 330 millones para 2022.

Sin embargo, la inversión más fuerte vendrá por las áreas de atención de los ministerios de Salud e Inclusión Social. Entre ambas entidades se proyecta un presupuesto de USD 1.765 millones, entre 2021 y 2025, para atender la DCI.

La estrategia también cuenta con la participación del Registro Civil, el Ministerio de Educación y los gobiernos locales. Así como de las carteras de Telecomunicaciones, Agricultura, Ambiente, Finanzas, el Banco de Desarrollo, el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y la Unidad de Registro Social, que requerirán fondos adicionales.

El objetivo es que, con el presupuesto y la estrategia definidos, el Estado y la sociedad se unan en un proyecto con un plazo de 5 a 10 años, para erradicar el problema o disminuirlo radicalmente.

Por eso, el secretario técnico, Erwin Ronquillo, pide a los actores políticos que, aunque estén en desacuerdo en la mayoría de cosas, este objetivo se mantenga pese a los cambios de gobierno.

El problema de la desnutrición infantil ha estado escondido durante años, nos ha parecido inaudito.

Erwin Ronquillo, secretario técnico ECSDI

Las cifras de desnutrición infantil

Las cifras de DCI ubican a Ecuador como el segundo país de la región con esta problemática, solo superado por Guatemala, con el 46,5%, y seguido por Honduras, con el 22,6%.

Y, pese a la supuesta inversión de los gobiernos previos en programas sociales y de salud, entre 2006 y 2018 el indicador subió tres puntos. Y el segmento de población más afectado es el indígena, con un 38,8% entre los niños menores de 2 años.

Un problema adicional radica en que estas cifras reflejan la realidad de 2018. Por lo que el INEC tiene la disposición de retomar la encuesta anual de desnutrición infantil (ENDI) que, para este 2022, tendrá un presupuesto de USD 4,7 millones e inició su piloto en febrero.

Según esas cifras, Tungurahua, Chimborazo y Santa Elena son las provincias más afectadas por la desnutrición infantil, bordeando el 40%. Y El Oro, aunque tiene el porcentaje más bajo, alcanza casi el 20%.

Además, la Secretaría Técnica prepara un proceso de levantamiento de información para llegar a los niños y mujeres gestantes que requieran ayudas estatales, pero que no constan en los registros públicos.

Para ello trabajarán con el sector universitario, al que invitaron a participar en la captación de población para el proyecto Infancia con Futuro, que espera alcanzar a cerca de 330.000 hogares a escala nacional, en 728 parroquias de 195 cantones.

La inversión en tres contratos será por USD 4,04 millones. Dos de ellos ya fueron adjudicados a las empresas públicas de la Escuela Politécnica de Chimborazo y de la Universidad Técnica del Norte.

El fin es hacer una caracterización de los beneficiarios y derivarlos a los servicios que requieren, cuenta Ronquillo. Y pone como ejemplo que 16 de cada 100 niños no son registrados durante su primer año de vida, con un mayor índice en la ruralidad. Esto significa que no existen en el sistema de salud ni de protección social.

La atención que pretende priorizar el gobierno apunta a los primeros 1.000 días de vida de los niños, que incluyen los nueve meses de gestación. Y el paquete básico de atenciones incluye:

• Derecho a la identidad: registro de nacimiento y otorgamiento de número de cédula.
• Esquema de vacunación: 24 dosis.
• Control prenatal: controles, ecos, prescripciones, exámenes, pruebas, consejería, educación y control postparto.
• Control de la salud de los niños: controles de crecimiento, tamizaje, valoraciones clínicas, suplementos alimenticios y vitamínicos y sesiones y apoyo de lactancia materna.
• Educación: garantizar el derecho a la educación de las madres gestantes que lo requieran, prevención del embarazo adolescente y de violencia, educación nutricional y de preparación de alimentos.
• Protección social: implementar los servicios ofrecidos, transferencias monetarias variables y condicionadas a mujeres gestantes y hogares con niños menores de 2 años en situación de pobreza y pobreza extrema.
• Agua y saneamiento en los hogares.

Un primer año burocrático

Ronquillo cuenta que, durante este primer año de gobierno, tuvieron que dedicarse a la implementación de la institucionalidad. La anterior Secretaría Técnica del Plan Toda una vida se transformó en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Este proceso les llevó cinco meses e incluyó una reducción de personal. Hasta el 31 de mayo de 2021, la entidad tenía 514 funcionarios. Ahora cuenta con 270.

Entonces vino la coordinación interinstitucional y la entrada en vigencia de las medidas adoptadas por el gobierno y los nuevos proyectos. Uno de los principales avances, según el secretario técnico, es la constitución de 214 mesas cantonales de trabajo.

En esas mesas participan los alcaldes y los representantes del MIES, Salud, Educación, Agricultura, Ambiente y Registro Civil para hacer una evaluación de la situación del cantón y un plan anual de trabajo, con metas con base en los indicadores de entrega de servicios básicos.

El plan gubernamental es ambicioso y deberá implementar los anuncios. Uno de ellos es el 'bono de 1.000 días', para dar un soporte nutricional a aquellas familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

Según Ronquillo, esta ayuda estatal será presentada por el presidente Lasso en los próximos días. Y, desde el MIES, adelantaron que la meta es llegar a 52.000 beneficiarias este 2022.