Desborde de lagunas de aguas servidas contamina ríos en Guayas

La espuma blanca en la orilla del río Daule, en Guayas, y el fétido olor que desprende a diario, tiene un origen: la planta de tratamiento de aguas residuales de Guayacanes, concesionada por el Municipio de Guayaquil a la empresa Interagua.

Guayaquil debería estar en emergencia sanitaria, considera la abogada ambientalista Inés Manzano, quien hace cinco años denunció que el Municipio de la ciudad está incumpliendo las normas ambientales, descargando aguas con coliformes fecales hasta en más de un millón de veces de la norma permitida.

En 2016, Manzano ganó una acción de acceso a la información pública al Municipio de Guayaquil para obtener los informes de laboratorio de las pruebas del agua que desfogan desde las plantas de tratamiento de aguas residuales al río Daule.

“Según nos han entregado la información se ha ido construyendo este rompecabezas que da cuenta de que hay unos límites de contaminación que exceden en miles por ciento más de lo que dice nuestra normativa ambiental”, explica Manzano. 

Los resultados de informes técnicos

Los documentos, a los que tuvo acceso PRIMICIAS, evidencian, por ejemplo, que de la muestra tomada el 15 de diciembre de 2020, se descargaron al río cinco millones de coliformes fecales -residuos de excrementos y alcantarillado- por cada 100 mililitros, cuando lo permitido, según la normativa, son 2.000. 

Algo similar ocurre con los tensoactivos, que son los residuos de jabón y detergentes, tóxicos en cantidades elevadas. 

Estos informes son entregados a la Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil, que debe controlar el cumplimiento de su concesionaria. 

El río Guayas, que nace en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, es la cuenca hidrográfica más extensa del Pacífico Sur.

Representa alrededor del 25% del territorio de Ecuador, atraviesa varias provincias y entre todos los afluentes de este río, viven más de 6 millones de personas. 

Han pasado dos alcaldes y tres directores de Ambiente y el problema, bajo conocimiento de las autoridades, ha continuado.

El Municipio de Guayaquil ha levantado siete procesos administrativos contra Interagua en el último año. Seis han sido por infracciones leves, como no presentar los informes ambientales, y que no han tenido ningún tipo de sanción. 

El 29 de julio de 2021 se abrió un proceso administrativo por una infracción muy grave: Incumplimiento de los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones.

Esta acción se ejecuta luego de una auditoría de un inspector de la Dirección de Ambiente del Municipio a la planta de tratamiento de Guayacanes.   

“Hay una omisión e inacción de todas las autoridades que miraron para otro lado, mientras trataba de hacer ver que esta es una contaminación gigante, esto no es una contaminación puntual como ocurre en la Amazonía, esto es todos los días”, dice Manzano.

La alcaldesa Cynthia Viteri admitió que “tenemos un problema respecto al tratamiento de aguas servidas de la ciudad que es público”.

Hizo esas declaraciones el 15 de septiembre y dijo que se están invirtiendo USD 500 millones en varias plantas de tratamiento, como Los Merinos, cuyo contrato de construcción se acaba de adjudicar, y la de Las Esclusas, que estará lista en enero de 2022.

“Ella asume la responsabilidad, no solo que no funciona la planta de tratamiento de Guayacanes, sino que además acepta que no funciona todavía la planta de tratamiento de las Esclusas”, que debería tratar las aguas residuales de los habitantes del sur de la ciudad, indica Manzano.

La ex Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) emitió una boleta de notificación de incumplimiento al Municipio de Guayaquil en febrero de 2017, pero no hubo resultados.

Delitos ambientales

Según la Constitución, los delitos ambientales son imprescriptibles y se pueden juzgar en lo penal y administrativo; es decir, con la destitución de los funcionarios. 

Sin embargo, el problema no es fácil de resolver, porque las plantas de tratamiento han rebasado su capacidad.

En el informe de auditoría, Interagua explica que lo que hacen por ahora es aplicar químicos y tratamientos aireados para evitar los malos olores, de los que se han quejado los habitantes.

“Aquí debe haber una sanción ejemplar por parte de la Contraloría General del Estado y hacer un proceso de responsabilidad contra los funcionarios que no han actuado aún cuando ya no estén en el cargo”.

Según Manzano, involucraría al exalcalde Jaime Nebot, a Cynthia Viteri, los directores de Ambiente del Municipio de ambas administraciones, así como a los directivos y presidente del directorio de la Empresa Pública de Agua Potable (Emapag).

En los próximos días se conocerá la resolución del Municipio de Guayaquil si sanciona o no a su concesionaria Interagua.