El discurso xenófobo aleja a los venezolanos de las calles de Quito

En el denominado hipercentro de Quito el ambiente parece haber cambiado desde el asesinato de una mujer de 68 años, cometido junto al parque La Carolina el sábado 1 de febrero de 2020.

Desde entonces la presencia de extranjeros es menor, mientras que la de policías se ha multiplicado.

La mujer fue asesinada por un presunto asaltante, que minutos después fue apresado. Enseguida se difundieron fotografías e información sobre el sospechoso, quien resultó ser de nacionalidad venezolana.

Fausto Salinas, comandante de la Policía en Quito, confirmó que la persona no tiene registro migratorio (es ilegal en Ecuador), y tiene antecedentes penales en su país.

El discurso se radicalizó en las redes sociales y el tema saltó a las conversaciones familiares y al debate público en medios de comunicación.

Muchos dedos apuntaron hacia los extranjeros como causantes de la inseguridad.

Para colmo, las estadísticas de la Policía confirmaron que en 2019 el número de muertes violentas en Ecuador se incrementó.

Y a pesar de que el general de policía Patricio Carrillo explicó que apenas el 6% de los crímenes involucran a extranjeros, como víctimas o como victimarios, las acusaciones hacia los inmigrantes continúan en aumento.

La reacción oficial

En su primera aparición pública, luego del asesinato antes mencionado, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado a la Asamblea Nacional para agilizar el trámite de una reforma a la Ley de Movilidad Humana, que presentó en julio de 2019.

El objetivo manifiesto del Gobierno es legalizar la deportación de "extranjeros que cometan crímenes en el país", así como impedir el ingreso a quienes tienen antecedentes penales en otras naciones.

César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, respondió que si bien la reforma está en trámite, la Constitución prohíbe la deportación de extranjeros.

En el proyecto que está en la Asamblea, el Ejecutivo propone siete cambios sobre deportaciones en la Ley. Estos son:

• Se agrega a las causales para una deportación, el haber cometido contravenciones penales en el país.
• La deportación se iniciará inmediatamente después de que el ciudadano extranjero cumpla la sentencia en Ecuador.
• Quien sea deportado no podrá volver al país en tres años.
• El proceso de deportación estará a cargo del Ministerio de Gobierno, como autoridad migratoria.
• En el trámite de deportación ya no habrá audiencia para analizar el cumplimiento de los requisitos.
• Ya no se aplicará el plazo de 48 horas para la aprobación de la deportación.
• Se elimina la posibilidad de que el extranjero apele su deportación.

La reforma todavía no tiene fecha para su tratamiento en la Asamblea. Pero, de manera paralela a las reformas, el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional han planteado un mayor control migratorio.

Un control, que las organizaciones de venezolanos residentes en Ecuador califican de persecución.

Robert Aragón, venezolano de 29 años que trabaja diariamente cerca del parque La Carolina, de Quito, reprocha el delito cometido por su compatriota. Pero pide que se frene a la persecución por parte de las autoridades a todas las personas de su nacionalidad.

Desde ese día, relata Aragón, hay más controles migratorios. Varios comerciantes informales extranjeros fueron multados con USD 394 por realizar actividades diferentes a las permitidas para las personas con su estatus migratorio.

PRIMICIAS recorrió ayer varias cuadras aledañas al sector en donde ocurrió el crimen y la presencia de venezolanos es escasa. Muchos han preferido refugiarse en sus hogares mientras pasa la reacción por el reciente crimen.

Con este alejamiento momentáneo de las calles, esperan evitar agresiones y persecución policial que devienen en multas que les resultan imposibles de pagar por su condición de pobreza.

Ayerlis Mosquera se animó a salir a vender accesorios para celulares. Ella cree que esta situación pasará. Recuerda que ya vivieron algo similar a inicios de 2019, cuando un compatriota suyo cometió un femicidio en Ibarra.

Aunque no existe un cálculo oficial de venezolanos residentes en Ecuador, la Policía estima que son unos 700.000. Los registros oficiales, expresados en el saldo migratorio (los que entraron menos los que salieron), muestran cifras menos abultadas.

Preguntas sin respuesta

Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), dice que el Ejecutivo primero debe aclarar los alcances de las reformas a la Ley de Movilidad Humana.

No está claro -indica- si la deportación será apenas para los extranjeros sean acusados de un delito o si se esperará al debido proceso y a que haya una sentencia.

También critica que las autoridades revelen la nacionalidad de un sospechoso, como ocurrió en el crimen del 1 de febrero. "Están estigmatizando a una nacionalidad y exacerbando la xenofobia".

Ella cuestiona que los controles migratorios estén destinados a venezolanos que venden informalmente mercancías en las calles, cuando esta actividad no es realizada únicamente por personas de esa nacionalidad.

La Asociación Civil Venezuela en Ecuador, a través de una carta abierta, también rechazó los excesivos controles migratorios para los inmigrantes de su país.

"No entendemos si se trata de un doble discurso entre ministerios o realmente (quieren) evitar que esta población realice una regularización organizada y justa, adaptada a su situación humanitaria".

Asociación Civil Venezuela en Ecuador

Por un lado, dicen, estas personas están siguiendo el proceso para regularizar su estatus en Ecuador. Pero para lograrlo necesitan tener ingresos para subsistir y costear los gastos administrativos de la regularización.