Infracciones de tránsito: "No fui yo", pero igual reciben la multa

El ciudadano Rafael Viteri emprendió dos acciones judiciales por multas de tránsito en Manta y en Guayaquil desde 2020, año de la pandemia.

Según comentó a PRIMICIAS, las infracciones bordean los USD 3.000.

"En 2020, pagué unos USD 2.000 en multas a la dirección municipal de Tránsito de Manta, por exceso de velocidad. Estaba en proceso de venta de mi vehículo y no tuve más que pagar", dijo.

Por su trabajo, Rafael viaja constantemente a Manabí. "Hace un mes, la Agencia de Tránsito de Guayaquil me hizo una retención judicial por una multa por exceso de velocidad (USD 127). La semana pasada me llegó una por USD 29, supongo que por mal parqueo", detalló.

El usuario impugnó otras multas por USD 700 en Manta. "He pagado anecdóticamente la entrada de un vehículo por multas por exceso de velocidad", comentó.

En ninguno de los casos recibió una notificación, sino que enviaron los pagos directamente a un proceso coactivo.

"No estoy desconociendo la infracción cuando la hubiera, pero no hay notificación previa, solo cuando ya está el proceso coactivo y hay que resolverlo", insistió. Su lucha sigue en los tribunales.

Similar situación atraviesa Eduardo Velázquez. En 2019, recibió una infracción por exceso de velocidad en el kilómetro 61 de la vía Bachillerato, sector San Antonio de Chone, provincia de Manabí.

Al igual que a Rafael le retuvieron fondos e interpuso una acción judicial. Luego de casi dos años de lucha, la justicia le dio la razón y dispuso a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) dejar sin efecto la infracción.

"Pero nunca se la borraron, igual la tuvo que pagar", dijo su hijo Gustavo, quien además representa a varios usuarios con casos parecidos.

Posteriormente, recibió dos multas en Guayaquil por la misma causa. En total, son USD 500 por estas infracciones de tránsito.

"En ninguno de los casos que represento, los usuarios fueron notificados, las empresas municipales iniciaron los juicios coactivos y bloquearon sus cuentas", agregó.

Otra denuncia insólita es la de Paulo Andrade. Trabaja en una fábrica en la vía a Daule hasta las 17:00 y, en abril de 2022, fue multado por exceso de velocidad a las 16:30.

"Él certificó con el GPS del vehículo que estaba estacionado en la fábrica a esa hora", manifestó su abogado.

Su caso también está en manos de la justicia porque le iniciaron el proceso coactivo sin previo aviso.

"Los fotorradares se dañan cada tres días, hacen la multa a un vehículo que no estaba en el sitio, suben a la web y utilizan juicios coactivos", rechazó Gustavo Velázquez.

Casi 630.000 juicios coactivos

En la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmaron las acciones y aseguraron que los ampara la ley.

"La ATM efectúa, por mandato legal, la retención de fondos por el valor de las multas; no realiza bloqueo de cuentas bancarias. Es decir, si un ciudadano debe pagar USD 28, se retiene de la cuenta ese valor luego de un proceso coactivo", señaló la entidad a PRIMICIAS.

Desde septiembre de 2021, la empresa pública inició 629.514 juicios coactivos a 244.344 conductores. Hasta la fecha, 170.758 de las deudas fueron pagadas y 11.223, refinanciadas.

La agencia explicó que realiza dos etapas de verificación. "Se constatan las condiciones que configuran la infracción, velocidad detectada y calidad de la imagen".

Este último punto incluye fotografías del entorno, para establecer las características físicas del automotor y acercamiento a la placa de identificación vehicular y condiciones lumínicas.

En la segunda verificación, se revisan las condiciones y calidad de la información e imágenes, generadas en el proceso anterior.

"En el caso de que un evento reportado por los dispositivos electrónicos cumpla con las dos etapas, se genera la citación", asegura la ATM.

Según la entidad, se desarrollan controles permanentes a los fotorradares, que va desde mantenimiento, controles de administración y fiscalización del contrato; así como la verificación de su funcionamiento por parte de un notario.

La ATM recordó que los ciudadanos pueden presentar reclamos, de forma virtual o presencial, con los argumentos de descargo. Este proceso toma unos 30 días por la vía administrativa o en la judicial.

Mientras que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) aclaró que el usuario Eduardo Velázquez tiene siete infracciones canceladas y una anulada. Se trata, insistió, de aquella que impugnó en los tribunales.

"Si existiera alguna inconformidad, el usuario podrá presentarla directamente en las oficinas de Manabí", contestó en un comunicado.

PRIMICIAS consultó cuántos procesos coactivos mantienen por citaciones, pero respondieron que están en una etapa de transición de autoridades y que darán la información en las próximas semanas.

Durante 2021, la CTE impuso 66.320 citaciones a través de fotorradares en las ocho provincias a su cargo: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Azuay, Manabí, Santo Domingo y Pichincha.

Centros para infractores

La CTE comenzó las readecuaciones en dos centros de detención para contraventores de tránsito en Daule y Durán, provincia del Guayas. Esto, tras el reclamo de los familiares de los detenidos.

Actualmente, los infractores son llevados al Centro de Detención Provisional (CDP), que es parte del complejo de la Penitenciaría del Litoral. Según denuncias, allí son víctimas de extorsión.

Con estas remodelaciones, los centros de detención podrán acoger hasta 80 personas.

Para ello, el director de la Comisión, Ernesto Pólit, se reunió con el titular del SNAI, Pablo Ramírez, quienes se comprometieron a tener listos los espacios en 60 días.

El SNAI también debe facilitar la dotación de agentes penitenciarios a los centros de la CTE, para la custodia de los retenidos.