Defensor del Pueblo: hay conflicto de intereses en la entrega de vacunas

El primer caso de irregularidades en el plan de vacunación se conoció el 23 de enero de 2021, cuando la directora de Comunicación del Hospital del IESS Carlos Andrade Marín, en Quito, aseguró que fue vacunada.

La funcionaria, quien fue destituida, no estaba en la lista que entregó el IESS al Ministerio de Salud.

Aquel día estaban presentes el gerente del hospital, el director médico, el responsable de vacunación, el que aplica la vacuna del Ministerio de Salud y los vacunados.

¿Cómo permitieron que se vacunara a una persona que no estaba en la lista, ni era del grupo prioritario?

“Alguien debió haber dicho 'usted no es médico' ¿Por qué la buscaron?  ¿Quién la autorizó? ¿Quién dijo ella sí, este no?”, se pregunta Jorge Wated, presidente del directorio del IESS. 

Para Wated, este fue “un error voluntario”, por el que los responsables serán separados de sus cargos. ¿Quiénes son? “Todos los de la línea completa”, dice Wated. 

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que los datos de quienes se vacunan "deben ser confidenciales". 

Pero no solo los datos de quiénes se vacunan, sino también el número de dosis que llegan a los hospitales. 

El lunes 25 de enero, en el evento oficial del inicio de vacunación en Manabí, el coordinador zonal de Salud, Carlos Mendieta, ni siquiera respondió a la pregunta de cuántas dosis se han destinado a la provincia.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también ha exigido esa información.

“¿Cómo podemos hacer la veeduría si no entregan la información?”, se pregunta Carrión y agrega que “debemos acudir a una acción constitucional y si no lo entregan, lo único que queda es pedir la remoción del funcionario”.

Eso hizo el 25 de enero. La Defensoría envió el pedido de destitución del Ministro de Salud al presidente de la República, Lenín Moreno.

Lo hará también ante la Corte Constitucional en los próximos días, después de que la Defensoría ganó una acción de acceso a información pública sobre los carnés de discapacidad. 

El pedido de la Defensoría es que se "informe de manera transparente el estado de las personas que van a ser vacunadas. No necesariamente se necesita el nombre de la persona, sino qué hospital, qué unidades, eso debe estar detallado”, explica Carrión. 

Una información similar ha solicitado el recién designado Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación, conformado por tres catedráticos nombrado por el Presidente Lenin Moreno.

En su primera sesión llegaron a consenso en 12 puntos, entre ellos: Autorizar el libre acceso de la comisión a los hospitales, a recibir información, áreas de vacunación, almacenamiento, verificación de stocks y de cumplimiento de protocolos, cadena de frío y listados.

El pedido lo hicieron públicamente, pero todavía tienen que esperar la respuesta del Ministerio. Mientras la fase cero de vacunación continúa.

¿Desvío de vacunas?

Hasta la Defensoría del Pueblo ha llegado una denuncia de un médico que fue convocado para ser vacunado. 

Cuando acudió, y él explicó que sufría de hipertensión, decidieron no inocularlo; sin embargo, recibió en su correo electrónico el certificado de vacunación. 

”¿Qué pasó con esa vacuna?”, dice Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, quien mostró las evidencias presentadas por el denunciante. 

En el documento figuran los nombres de los responsables de aplicar la vacuna y de quien emite el certificado de vacunación. 

Otra investigación se abrirá sobre lo que sucedió la mañana del sábado 23 de enero, en una residencia de adultos mayores privada y que no consta en la lista de los 96 hospitales y centros geriátricos prioritarios.

Ese día, una brigada del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó al privado Hospital de los Valles, de Quito, para vacunar a su personal sanitario, así como a personas de la tercera edad que viven en un geriátrico propiedad del hospital, sin que ese centro de salud constara en lista inicial.

“Hay que aclarar que eso no es un centro geriátrico; sino una residencia de adultos mayores privada”, explica Carrión. 

Así lo confirma Cristina - nombre protegido- quien tiene un familiar en la residencia Senior Suites, en Cumbayá.

“Cada persona tiene su apartamento propio o alquila. Y cada uno cuenta con personal de enfermería, pero todo es privado”, explica Cristina. 

El Defensor del Pueblo cree que ahí hubo abuso de autoridad por parte del Ministro de Salud, porque en esas residencias "viven familiares de él", afirma Carrión, y es una razón para solicitar la destitución del cargo del funcionario.