Crimen organizado por detrás de ataques a directivos de hospitales

Los dos asesinatos se registraron cuando los funcionarios de hospitales públicos de Ecuador volvían a su casa desde sus trabajos.

Se trata de crímenes que se ejecutaron con menos 24 horas de diferencia en Guayaquil y Esmeraldas. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional respondieron ofreciendo resguardo a directivos de hospitales con perfil de riesgo en ambas ciudades. 

El crimen de la directora financiera del Hospital Teodoro Maldonado, Nathaly López, causó conmoción en Guayaquil, la noche del 28 de marzo, mientras que la tarde de 29 asesinaron a Rubén Hernández, gerente del Hospital Delfina Torres, en Esmeraldas.

El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo el 31 de marzo que en los dos hechos violentos existen delitos interconectados.

En primer lugar mencionó actos de corrupción. Luego dijo que existen empresas con contratos millonarios que pretenden perpetuarse en las unidades de salud, sin atender a los concursos públicos. 

Y en tercer lugar, los contratistas se relacionan con grupos de delincuencia organizada para, a través de ellas, ejercer la amenaza y la intimidación, agregó Zapata.

“La delincuencia organizada está vinculada en los dos casos, una misma banda, con la misma dinámica”, señaló.

"Se está poniendo orden. Se está luchando contra la corrupción en los hospitales del país. Y eso genera una reacción violenta".

Guillermo Lasso, presidente de la República.

Avance de las investigaciones

En el caso del crimen de la directora financiera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, las investigaciones se centran en un teléfono desde el que se amenazó a funcionarios de esa casa de salud.

De hecho, los seis directivos renunciaron a sus cargos de forma irrevocable, tras la muerte violenta de Nathaly López, de 35 años. 

El gerente del hospital, Francisco Pérez, se mantiene en el cargo con resguardo policial. También se le sigue la pista a un vehículo con el que se intimidó al gerente, quien sufrió un intento de secuestro el pasado 10 de febrero.

Zapata dijo que se esperan capturas en los próximos días en los casos de directivos de hospitales.

En el crimen del gerente del hospital Delfina Torres, del Ministerio de Salud Pública (MSP), hay una persona aprehendida, quien “hizo seguimiento y estuvo en un taxi generando filmaciones de la víctima”.

Fausto Buenaño, comandante de la Zona Especial de Policía en Esmeraldas, indicó que en esa localidad se tomó contacto con los directivos de los dos hospitales de la ciudad.

La Policía brinda seguridad a los funcionarios en puestos sensibles y a víctimas de amenazas, dijo el oficial.

Entre las acciones preventivas está la activación de chats de policía comunitaria y botones de seguridad en sus lugares de residencia.

Además, incrementaron la presencial policial alrededor de los hospitales y se brinda resguardo a funcionarios en sus actividades de rutina.

“Se está tratando de limpiar de corrupción enquistada por años en esas casas de salud. Por ello, los funcionarios reciben amenazas”, aseguró Buenaño.

“Se presume que la continuidad de contratos provoca esa reacción violenta: amenazas, tentativas y asesinatos contra directivos de hospitales”, agregó.

La Zona Especial de Esmeraldas registra 110 muertes violentas en lo que va de 2023, un incremento de siete asesinatos en relación al mismo periodo del año pasado. 

Colegio de Médicos, preocupado

Jorge Bucaram, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, expresó su preocupación por la escalada de violencia contra los directivos y el personal de salud.

“Hemos hecho llamados de atención al Gobierno desde octubre del año pasado, para que tomen los correctivos correspondientes, pero no se han hecho”, aseguró. 

El gremio médico ha organizado charlas preventivas y de gestión de amenazas de secuestro y extorsión al personal sanitario.

El presidente gremial indicó que el Código Plata para protección de los hospitales no ha sido lo suficientemente divulgado entre los médicos. Y puso en duda su eficacia. 

De hecho, el MSP informó que se ha capacitado a más de 500 personas, en un proceso que aún continúa y que incluye simulacros.

Además, ratificó la propuesta de que los heridos por ataques armados se trasladen y atiendan en hospitales de recintos militares y policiales de Guayaquil, con suficiente resguardo.

Ante la propuesta, el Ministerio del Interior recomendó que los heridos deben ser trasladados a las casas de salud más cercanas geográficamente.

Bucaram también rechazó que se vincule al personal médico en procesos de compras públicas, a través de cursos para el manejo del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

“Al vincular a los médicos de la Seguridad Social en procesos administrativos se está subutilizando a los especialistas. Es más, tenemos reportes de sanciones y de colegas que han preferido renunciar porque las compras públicas suelen terminar en corrupción”, añadió.

Amenazas en 15% de unidades

El Ministerio de Salud Pública completó hasta finales de 2022 una evaluación de riesgos y niveles de violencia en cerca de 2.112 establecimientos en Ecuador.

Y un 17% de ellos sufrió actos vandálicos, mientras que en 15% de las unidades se reportó algún tipo de amenaza al personal sanitario.

Pero en 2022 se denunciaron 77 eventos de amenaza a las unidades de salud. Además, 18 hospitales se identificaron como vulnerables en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo y Pichincha.  

Eso dio paso a la ejecución de la estrategia del Código Plata, implementado en el sistema de salud público y privado desde inicios de enero de 2023, explicó a PRIMICIAS el ministro de Salud, José Ruales.

El código internacional tiene como objetivo proteger al personal de salud, a los usuarios y garantizar la continuidad de las operaciones de los hospitales, dijo. 

“El código plata es un instrumento de protección colectiva en los establecimientos. Hemos activado también resguardo policial en casos individuales, a personal directivo amenazado”. 

José Ruales, ministro de Salud.

En lo que va del año, el MSP reporta 174 activaciones del Código Plata. Y entre ellos, ocho intentos de toma de instalaciones, refiere Ruales. 

Las amenazas personales a funcionarios se gestionan a través del Ministerio del Interior y de la Policía, donde se realiza un análisis de riesgo que determina las medidas de protección.

Además, el MSP trabaja en una propuesta de reforma de ley para que los ataques generados por violencia criminal contra el personal sanitario sean castigados.