La Corte Constitucional dilata la aprobación del matrimonio igualitario

El pleno de la Corte Constitucional sesionó la mañana del martes 4 de junio de 2019 para debatir sobre la legalidad del caso Soria-Benalcázar, que llegó a sus manos en marzo de 2019, luego de que la Corte Provincial de Pichincha elevara el caso a este organismo.

Efraín Soria y Xavier Benalcázar llegaron a la Corte Constitucional, en Quito, con la esperanza de que el organismo judicial apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con eso, podrían cumplir el anhelo que tienen desde hace hace 12 años: Formalizar su unión mediante un matrimonio e inscribirlo en el Registro Civil.

Hats las zonas aledañas llegaron miembros de la comunidad LGTBI con carteles, silbatos y la bandera característica de este colectivo.

Entre ellos estuvo Pamela Troya, quien interpuso, en 2013, una demanda en la Corte Provincial de Pichincha, después de que el Registro Civil se negara a casarla con su pareja Gabriela Correa. Su caso recayó en la Corte Constitucional en 2014, pero hasta el momento no ha sido resuelto.

“Alerta, alerta, alerta, alerta, alerta que caminan, los LGTBI por América Latina”... Gritaban los manifestantes mientras los nueve jueces debatían en el cuarto piso de la Corte Constitucional.

Ese organismo está conformado por los jueces Hernán Salgado, Ramiro Ávila, Teresa Nuques, Daniela Salazar, Agustín Grijalva, Carmen Corral y Karla Andrade, Alí Lozada y Enrique Herrería.

Soria, Benálcazar y los activistas que los acompañaron a este plantón se desesperaban por la falta de noticias en torno a la deliberación de los magistrados. Durante tres horas no hubo noticias.

Apenas a las 12:40, la Corte Constitucional publicó un comunicado en Twitter indicando que los jueces no llegaron a un acuerdo, por lo que se llamará a una nueva sesión.

Soria dice que la Corte no especifica cuándo sesionará nuevamente, lo que genera ansiedad y molestia en la comunidad LGTBI. “El matrimonio igualitario será una realidad y la Corte Constitucional debe pronunciarse a favor de los derechos humanos”.

Christian Paula, presidente de la Fundación Pakta, colectivo que representa a ocho de los 11 casos de matrimonio entre personas del mismo sexo que debe resolver la Corte Constitucional, dice que el organismo no tiene una fecha límite para emitir un dictamen.

“Los 45 días de plazo que impuso la Corte después de la audiencia del 29 de marzo de 2019 por el caso de Efraín y Xavier ya venció. Ahora hay que esperar a que el pleno se reúna otra vez”, explica Paula.

Soria y Benalcázar dejaron las instalaciones de la Corte Constitucional cabizbajos, pero recalcaron que la comunidad LGTBI merece los mismo derechos que la población heterosexual y que si la Corte no aprueba el matrimonio gay acudirán a instancias internacionales donde -están seguros- ganarán.

“No somos ciudadanos de segunda clase. Merecemos los mismo derechos, así como tenemos las mismas obligaciones”.