Contraloría detecta falencias en la operación de radares de cinco ciudades

Tras un análisis a las auditorías, aprobadas entre 2016 y 2023, la Contraloría General del Estado identificó irregularidades recurrentes en los contratos de los radares, adquiridos para controlar el tránsito en Cuenca, Esmeraldas, Loja, Santa Elena y Ambato.

Según el informe de Contraloría, existen falencias en la gestión del cobro de multas, la ausencia de estudios que avalen el contrato y la inobservancia de los términos contractuales por parte de los consorcios privados y los gobiernos seccionales.

"En ocho informes de auditoría, el 42% de los hallazgos se refieren a incumplimientos de los compromisos contractuales por parte de las empresas concesionarias", señala la entidad.

Mientras que otro 18% de las falencias son en el cobro de las multas, "lo que originó que los gobiernos autónomos no cuenten recursos suficientes para programas de educación sobre seguridad vial".

El pasado septiembre, un juez suspendió temporalmente las multas de los fotorradares, luego de una acción presentada por la federación de transportistas.

Principales falencias por ciudad

En su estudio, Contraloría determina que los gobiernos cantonales, a cargo de la competencia vial, han sido muy laxos al momento de controlar a los contratistas, que operan los dispositivos.

Puntualmente, por ciudad, estos son las principales falencias:

• En Ambato, se detectaron 389 infracciones por exceso de velocidad con errores de digitación, boletas sin coordenadas e imprecisiones en la digitación de número de placa.

• También en este cantón de Tungurahua, el consorcio inició con la operación de un fotosensor sin contar con la autorización o derecho de uso de la vía. Pese a ello, registró multas que luego fueron transferidas a los usuarios.

• En el caso de la Empresa de la Empresa de Movilidad de Cuenca, no se halló la documentación que evidencia que el contratista realizó la inversión ofertada por USD 2,6 millones.

• Tampoco en Cuenca se invirtió el 5,1% de los ingresos percibidos en 2019 para campaña de educación vial, como estaba previsto.

• En el Municipio de Loja, el concesionario demoró hasta 637 días en registrar las infracciones de tránsito, pese a que el contrato establecía un plazo de cinco días.

• En la ciudad lojana no se adjuntaban las fotografías a las citaciones, por lo que los conductores desconocían la velocidad a la que circulaban.

• En cambio, en Esmeraldas, entre 2020 y 2021, los funcionarios municipales no elaboraron e ingresaron al sistema los informes de sanciones, que sumaron USD 174.000 en multas no cobradas a los infractores.

Situación en Santa Elena

En respuesta al informe de Contraloría, el Consorcio para la Seguridad Vial de Santa Elena (Sevise) asegura que el examen especial "no señala ninguna irregularidad en el sistema de radares y fotomultas", que opera la empresa en el cantón.

Según Sevise, la empresa ha cumplido con todos los requisitos legales expuestos en el contrato como: el certificado de calibración y de homologación por parte de la ANT, el informe de factibilidad, la implementación de señalética de prevención, la autorización del uso de suelo en la red vial estatal, los procesos de socialización con la ciudadanía, entre otros.

*Nota publicada originalmente el 6 de octubre de 2023, y actualizada con la versión del consorcio Servise el 10 de octubre del mismo año.