Contraloría ejecuta 59 auditorías por la emisión de carnés de discapacidad
Las investigaciones se realizan en el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Aduana y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En 90 días se conocerán los resultados.
Un hombre con discapacidad hacía malabares a cambio de monedas el jueves 28 de mayo en una calle de Quito (Ecuador).
José Jácome / EFE
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La emisión de carnés de discapacidad, a través de procesos presuntamente fraudulentos, también es investigada por la Contraloría General.
La entidad ejecuta 59 auditorías en tres entidades:
- 57 en el Ministerio de Salud, desde enero de 2014 hasta julio de 2020.
- 1 en el Servicio Nacional de Aduana
- 1 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El contralor Pablo Celi dijo, la mañana del 22 de julio de 2020 en la Comisión de Salud de la Asamblea, que los resultados de los exámenes se darán a conocer "en un plazo de 90 días laborales".
"Las investigaciones tendrán incidencia en el proceso de emisión de los carnés para conocer si cumplen con lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento".
Pablo Celi, contralor
El funcionario dijo que los equipos de auditoría pondrán mayor atención en los procesos que se realizaron entre marzo y junio de 2020. Es decir, mientras el país vive una emergencia sanitaria a causa del Covid-19. En este período, los procesos de calificación y recalificación estuvieron suspendidos.
Un aspecto que llama la atención de la Contraloría es que el Ministerio de Salud cuenta con 397 equipos calificadores para la entrega de carnés que deben estar conformados por un médico, un psicólogo y un trabajador social, pero Celi dice que solo hay "631 profesionales acreditados para este trabajo".
Importación de autos creció 172%
La auditoría en el Servicio Nacional de Aduana (Senae) está direccionada a conocer si las exenciones tributarias que usaron las personas con discapacidad en la importación de vehículos y en el menaje de casas, entre 2015 y junio 2020, cumplieron con la Ley de Discapacidades.
El contralor Pablo Celi explicó que, durante la emergencia sanitaria, se ha identificado que 78 personas con discapacidad tramitaron la importación de vehículos, por lo que estos procesos ya son investigados.
A esto se suma que en 2018 se importaron 1.476 vehículos nuevos y 163 usados, mientras que en 2019 el número llegó a los 4.022 autos nuevos y 400 unidades de 'segunda mano'.
"Esto significa un aumento del 172% en los vehículos nuevos y de un 150% en los autos usados".
Pablo Celi, contralor
Celi dijo que el incremento coincide con las reformas a la Ley de Discapacidades que eliminaron el control que tenía el Ministerio de Salud en el proceso de recalificación de las personas con discapacidad.
Por ello, Celi pidió a la Comisión de Salud que, en las nuevas reformas a la ley, se devuelva al Ministerio la posibilidad de recalificación de las personas con discapacidad. Actualmente, ese proceso se puede realizar, únicamente, si la persona con discapacidad lo solicita.
El presidente de la Comisión, William Garzón (Alianza PAIS), dijo que la Comisión "ya está trabajando en la reforma de la Ley (de Discapacidades) para devolver el proceso de recalificación al Ministerio de Salud"
Sin embargo, el presidente de la Coordinadora Nacional de Discapacidades, Alfonso Morales, pidió que, para estas reformas, "se nos tome en cuenta para que los procesos de recalificación no sean tortuosos e indignos".
Jubilaciones anticipadas
La Contraloría también auditará, dijo Celi, los procesos de jubilación de las personas con discapacidad que se efectuaron entre 1 de enero 2018 y 30 de junio 2020.
El objetivo de estas auditorías, señaló el funcionario, es "verificar las disposicione legales, los documentos y el proceso de seguimiento que debe realizar el IESS a estas jubilaciones".
La asambleísta Marcela Holguín (Revolución Ciudadana) dijo que las auditorías se deben extender a instituciones como el SRI, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea y el Consejo de la Judicatura, en el que "se conoce que hay 437 jueces con carné de discapacidad".
La asambleísta socialcristiana Patricia Henríquez coincidió con Holguín y agregó que "se debe investigar a funcionarios que ganaron concursos de méritos y oposición usando acciones afirmativas que entregan los carnés de discapacidad"
Celi dijo que, por lo pronto, las auditorías están dirigidas a la emisión de los carnés, pero que, si es necesario, se ampliarán los exámenes a otras entidades y a otros procesos.
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El Ministerio de Salud detectó que, de los 29.708 carnés de discapacidad emitidos por 22 funcionarios de esa cartera, 2.454 son fraudulentos.
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