Pocas condenas por femicidio ¿la justicia no dimensiona el problema?
Una marcha realizada en Quito, en enero de 2019, contra la violencia de género
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Según el registro de femicidios de Fiscalía, entre agosto de 2014 y agosto de 2019, ocurrieron 344 muertes por causa de este tipo de violencia extrema contra mujeres solo por el hecho de serlo.
De ese total, 341 se convirtieron en casos judiciales y 141 terminaron en sentencia condenatoria.
A este número podría añadirse más adelante una posible condena contra Christian Javier G.S., llamado a juicio el 12 de septiembre de 2019 como autor directo del delito de violación con resultado de muerte, de la adolescente Carolina A.
La noche del 26 de agosto de 2018, Carolina fue agredida brutalmente, tanto que para acallar el dolor infligido fue impedida de respirar al obstruir su boca y nariz. "Esto le causó la muerte”, explicó la fiscal del caso. Luego, con ayuda de tres adolescentes, el procesado limpió el cadáver, cambió las prendas de vestir y abandonó el cuerpo en un lote baldío del sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito.
Pero no todos los casos terminan en la justicia con una sentencia. Según los datos oficiales, 44 casos acabaron en extinción de la acción, archivo de la investigación previa, sentencia ratificatoria de inocencia y sobreseimiento.
Estas cifras oficiales son procesadas por el Subcomité Técnico de Validación de Femicidios, ente encargado de tratar la información sobre el delito a escala nacional.
Cifras oficiales versus cifras de colectivos sociales
- 334 víctimas, según el Subcomité Técnico de Validación de Femicidios.
- 663 femicidios, según Monitoreo y Mapeo de los Femicidios.
- 1 mujer muere cada tres días por violencia machista.
De por sí, las cifras oficiales son duras porque no debería morir una sola mujer por causa de violencia machista. No obstante, los datos que presentan organizaciones de la sociedad civil son perturbadores.
Un Monitoreo y Mapeo de los Femicidios detallado por provincia, establece que, desde la tipificación del delito (febrero de 2014) hasta mayo de 2019, en el país ocurrieron 663 femicidios.
Una cifra alarmante, que revela que en Ecuador una mujer muere cada tres días por este sinsentido.
El estudio fue desarrollado por la Red de Casas de Acogida, la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), el Taller de Comunicación Mujer y la Fundación ALDEA.
"Fallan el Estado y la sociedad"
La activista Jessica Jaramillo considera que las cifras responden a un fallo de carácter estructural, tanto a nivel de Estado como de sociedad.
Al parecer, dice, el Estado no entiende la violencia a nivel integral en la sociedad, sino que la reduce a la violencia intrafamiliar, como algo privado. "Hace falta prevención y un procedimiento expedido que prevenga el femicidio", añade.
Y sostiene que el país tiene un sistema que otorgue garantías a las víctimas de violencia machista o intrafamiliar, peor aún para evitar un femicidio.
En cuanto al bajo número de sentenciados, Jaramillo explica que hay casos que en un primer momento son calificados de femicidio, pero cambia la denominación en el avance del proceso y el autor puede ser declarado inocente.
Muchas veces el juez de primera instancia tipifica un caso de femicidio, pero la denominación cambia conforme avanza el proceso.
Jessica Jaramillo
Además, estos procesos penales "son larguísimos" y muchos llegan la instancia de casación en la Corte Nacional de Justicia, agrega.
Para la activista, la alta incidencia de muertes por violencia de género, a pesar de que estas conductas tienen penas que superan los 30 años de cárcel, dista mucho de una sociedad que propende a tener relaciones equitativas e igualitarias.
Ella tampoco encuentra razón para la demora de la Asamblea para aprobar las reformas al Código Integral Penal (COIP), donde consta un procedimiento ágil para prevenir los femicidios.
"Las mujeres necesitamos que el Estado nos garantice que no moriremos con la boleta de auxilio en la cartera", concluye Jaramillo.
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Los casos son, cada vez, más espeluznantes. Niños, adolescentes e incluso madres han sido agredidos en sus hogares, en el barrio e incluso en el transporte público. Colectivos sociales aseguran que las cifras oficiales están lejos de la realidad pues muchas víctimas no denuncian el ataque.
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