Alimentación de los presos: un negocio que no consigue interesados

Por segunda vez consecutiva, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) declaró desierto el proceso de contratación de alimentación de unos 40.000 presos.

En primera instancia, el proceso fue lanzado el 28 de enero de 2020 y fue adjudicado a Lafattoria S.A. Pero, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) encontró algunas irregularidades, como la inhabilitación de uno de los accionistas de esa empresa, y el proceso fue declarado desierto.

El 4 de septiembre de 2020 se volvió a lanzar el proceso. Nuevamente Lafattoria presentó una oferta y aunque también mostró su interés el Catering Corporativo Marina Yate, finalmente no presentó la oferta electrónica.

Otra vez la oferta de Lafattoria fue descalificada porque la empresa no se encuentra habilitada en el registro de proveedores.

Entre 2012 y 2017, esta empresa acumuló 19 contratos con el Estado por USD 92 millones. Incluso, según Sercop, seis de esos procesos todavía están pendientes.

Nuevamente el proceso fue declarado desierto. Y la Coordinación General Administrativa Financiera del SNAI recomendó convocar de inmediato a un nuevo proceso, aunque todavía no se lo ha hecho.

Comida sin contrato

En mayo de 2020, la Contraloría General del Estado (CGE) ya había advertido lo que ocurría con el sistema de alimentación de las cárceles.

El informe DNA1-0020-2020, que auditó las operaciones administrativas financieras y de talento humano en la entidad que maneja los centros de rehabilitación social, dedicó un apartado a este tema.

Según el examen, el extinto Ministerio de Justicia firmó dos contratos de alimentación para las cárceles con Lafattoria, en 2016 y 2017, por USD 35,9 millones.

Los contratos estuvieron vigentes hasta enero de 2018. Y desde diciembre de 2017 se empezaron las gestiones para lanzar los procesos contractuales para buscar nuevos proveedores. Sin embargo, se declararon desiertos.

La cancelación de estos procesos provocó que haya períodos en que el servicio de alimentación a los presos se dio sin documentación formal de respaldo.

El 27 de enero de 2018, finalmente y ante la imposibilidad de encontrar un proveedor y firmar un contrato, se suscribieron dos convenios de pago con Lafattoria por USD 11,1 millones.

Nuevamente, en junio de 2018, se firmó un contrato con Lafattoria por USD 17 millones, que estuvo vigente hasta el 11 de diciembre de 2018. Tras su finalización, la misma empresa siguió entregando el servicio -sin contrato- hasta finales de febrero de 2019.

Posteriormente, la búsqueda de un nuevo proveedor se detuvo momentáneamente por el traspaso de atribuciones del Ministerio de Justicia al actual SNAI. Hasta el cierre del examen, en mayo de 2020, la Contraloría no encontró ningún proceso contractual para buscar el servicio.

En Sercop, se evidencia que los procesos se lanzaron en marzo y septiembre de 2020 y fueron declarados desiertos. Es decir, la alimentación a los presos se sigue presentando sin ningún tipo de contrato desde diciembre de 2018.

Desde el 11 de diciembre de 2019, PRIMICIAS ha hecho reiterados pedidos de entrevista al SNAI para hablar sobre varios temas relacionados con las cárceles, incluyendo la alimentación, pero no ha habido una respuesta.

No hay interés

Según los contratos y el informe de Contraloría, hablar de alimentación de presos en Ecuador es hablar de Lafattoria. Esta especie de monopolio empezó a generar críticas desde 2018.

Por esta razón, el SNAI se planteó ampliar la búsqueda de proveedores. "En razón de que la empresa Lafattoria era la única que participaba como interesada y ganaba la adjudicación se me sugirió que elaboré nuevos términos de referencia", explicó Ernesto Pazmiño, exdirector del SNAI a la Contraloría.

El objetivo era tener una participación "más amplia, democrática y en igualdad de condiciones", de empresas grandes y pequeñas. Pero dando más oportunidades a empresas de la economía popular y solidaria.

Según la Contraloría y los procesos de marzo y septiembre de 2020 esto, al menos, se intentó.

En el primer proceso se invitó a 6.560 proveedores para que presenten una oferta. Y en el segundo, en cambio, se invitó a 6.749. En ambos casos, solo Lafattoria presentó ofertas formales.

¿Por qué nadie más en la industria alimenticia se interesa?

PRIMICIAS llamó a varios de los proveedores invitados. La mayoría coincide en una causa para que no se presenten ofertas.

Aunque prefieren mantener el anonimato, para evitar represalias en fututos procesos, los proveedores coinciden en que luego de decenas de contratos adjudicados a Lafattoria dejaron de presentar propuestas porque lo consideran inútil.

"Siempre ganan los mismos. Por más que presentamos ofertas competitivas", dijo la propietaria de una de las empresas que fueron invitadas al concurso.

Esta situación, además, se evidencia en las actas de preguntas y aclaraciones de los procesos.

En el primero, solo tres proveedores tuvieron dudas sobre los requerimientos. Juan Carlos Almansa, un proveedor colombiano con una sucursal en Ecuador, que finalmente no se animó a presentar una oferta.

Y también preguntaron Lafattoria y la empresa Rolem S.A., que es de los mismos dueños de la primera.

En el segundo proceso, en cambio, además de Lafattoria y de Rolem, hubo una duda de la Asociación de Servicios de Alimentación La Unión Familiar.

"¿Cómo sabemos si habrá transparencia en este proceso, la verdad estamos cansados de que solo gane el mismo proveedor, queremos saber si al participar tengamos alguna posibilidad?", consultó esa firma.

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