COE autoriza requisición de cinco sedantes y analgésicos

"Si las farmacéuticas no nos quieren dar los medicamentos nosotros los vamos a tomar por el bien de cada individuo, de cada paciente crítico".

Así, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, justificó la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que autoriza "la requisición de medicamentos para sedación y analgesia (fentanilo, midazolam, propofol, rocuronio, bromuro) los mismos que serán destinados a las unidades de cuidados intensivos de la red pública de salud".

Estos medicamentos, que son utilizados en pacientes oncológicos y en procesos quirúrgicos, actualmente son aplicados en pacientes con Covid-19 que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos y que necesitan ser intubados para recibir ventilación mecánica.

En el documento, el COE dispuso que el requisamiento lo realice el Ministerio de Salud con la Dirección Nacional de Movilización del Ministerio de Defensa. El objetivo, dice la entidad, es "prestar atenciones oportunas y de calidad en esta emergencia sanitaria y lograr salvar vidas".

Zevallos reconoció que se trata de una “manera violenta” de abastecimiento, pero que es justa para tratar enfermedades críticas.

“Si es que a mí me hacen una oferta, siete veces, ocho veces más alta de lo que ofertaban hace dos meses, me llama muchísimo la atención y no están entregando para crear ese problema", dijo el funcionario.

Explicó que "la requisición quiere decir que uno va al sitio donde ha ubicado las medicinas y las toma para luego obviamente hacer el pago correspondiente, algo que es razonable”.

Preocupación en los laboratorios

Horas después de que el COE diera a conocer la resolución de requisición, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) rechazó "cualquier tipo de requisa por parte de las Fuerzas Armadas".

"Los socios de ALFE venden los medicamentos con precios autorizados por el Ministerio de Salud", dijo la organización en un comunicado.

La entidad agregó que "jamás nos negaremos a abastecer de medicamentos a Ecuador, peor en esta pandemia en la que hemos estado presentes con nuestra producción".

A este criterio se sumó el presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Alafar), Santiago Salguero, quien dijo "que la resolución es preocupante porque el Gobierno no ha escuchado a los actores del sector privado, que ahora atraviesan una situación de incertidumbre".

"Los medicamentos sujetos a la requisición no se producen en el país y en todo el mundo hay aumento en la demanda, por lo que no hay mucha disponibilidad".

Santiago Salguero, Alafar

Rechazó el anuncio de Zevallos, quien dijo que los medicamentos se venden con sobreprecio porque "tienen una fijación legal que no permite que haya un aumento".

El dirigente hizo un llamado para concretar una reunión entre el sector privado y el Ministerio de Salud a fin de llegar a un acuerdo que no perjudique la comercialización de los cinco medicamentos.

La Cámara de Industria y la Producción (CIP) también se pronunció sobre este tema. Su presidente ejecutivo, Pablo Zambrano, dijo que “el sector industrial ve con mucha preocupación la requisición de medicamentos en empresas formales que fabrican y comercializan de forma regular y normal".

Agregó que "estaremos muy atentos de la actuación de las autoridades de Salud para salvaguardar la seguridad jurídica y los derechos de las empresas serias que con su trabajo han aportado al país y cuyos derechos de propiedad deben ser garantizados por el Estado”.

¿Cuál es la base legal de la requisición?

El constitucionalista Ismael Quintana explica que el Estado de excepción que rige en el país le permite al Presidente de la República autorizar requisiciones de bienes y servicios, pues "tiene potestades que la Constitución le entrega en el artículo 165".

Sin embargo, dice que "el Estado tiene la obligación de devolver los bienes que han sido parte de las requisiciones ordenadas por el primer mandatario".

Agrega que el COE no tiene la potestad para emitir una resolución de requisición. "Es necesario que el Presidente emita un decreto ejecutivo que dé paso a esta medida y en el que consten las condiciones de la requisición y la metodología de devolución de los medicamentos.".

Quintana sostiene que si no existe un "documento del Presidente, las requisiciones serían ilegales y se caería en la confiscación, una figura que está prohibida en el país".