Escuelas abiertas: ¿Por qué las clases virtuales muestran la incapacidad del Estado?

Si bien el retorno progresivo a las aulas iniciará el 22 de enero, habrá estudiantes que deberán esperar. El Ministerio de Educación decidió que las escuelas ubicadas en 'zonas de riesgo', como Guayaquil y Quito, sigan en clases virtuales y por tiempo indefinido.

Ante esto, las primeras reacciones llegaron de parte de padres de familia, gremios de docentes y activistas de derechos humanos, que rechazan la medida del Gobierno.

"Mi hijo no se quiere conectar. Prefiero que vaya al parque que a la clase de Zoom", dice Alexandra Vera, una madre de familia en Guayaquil, cuyo hijo de seis años recibe una hora diaria de clases virtuales.

Mientras que en Ciudad de Dios (noroeste de Guayaquil), la situación es más crítica: "Estamos sufriendo igual que en la pandemia, cuando nunca tuvimos clases por falta de internet", señala otra madre de una niña de ocho años.

Las clases se volvieron virtuales en todo Ecuador el pasado 9 de enero, luego de una jornada violenta que incluyó atentados con explosivos, y hasta el asalto armado a un canal de televisión.

Diez días después, la autoridad educativa sostiene que regresar a los planeteles no es una opción, al menos no en provincias como Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, y en el distrito metropolitano de Quito.

• Retorno a las aulas será 'progresivo', dice el Ministerio de Educación

¿Es una medida acertada? "Las clases virtuales muestran la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los chicos. Es una confesión de incapacidad", contesta el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete.

Para el activista, la modalidad virtual es una medida extrema, que se ha tomado antes en situaciones de inseguridad, y sin ningún efecto positivo.

Por su parte, el concejal de Quito, Wilson Merino, también expresó su preocupación por el cierre de los colegios en la capital.

"La educación es lo más importante, es la herramienta más poderosa para el futuro del país", escribió Merino.

Violencia en las aulas y en las calles 

En diciembre de 2023, un docente del colegio fiscal Leonidas Plaza fue asesinado en medio de un confuso asalto en Monte Sinaí, y sus agresores serían sus propios alumnos.

A raíz de esto, Navarrete de la CDH y otros gremios educativos se reunieron con el Ministerio del ramo, para replantear el denominada Plan Escuelas Seguras, que funciona en colegios ubicados en zonas 'calientes' como Guayaquil y Durán.

Según Navarrete, la revisión manual que hacen policías a los estudiantes, en busca de armas y otros objetos, no es suficiente.

"De qué vale que los policías estén en los exteriores, si la violencia está adentro de las propias aulas", añade el activista.

Por ello, urge al Gobierno a tomar sus propuestas para reformar el Plan Escuelas Seguras, que incluye el apoyo escolar a los estudiantes de comunidades más pobres, como Monte Sinaí.

"La idea es procurar que rápidamente, espero la próxima semana, se puedan retomar el programa y las clases. Esto no debe dilatarse más", pide Navarrete.

Al igual que ocurrió en la pandemia de Covid-19, cerrar las puertas de las escuelas solo agudiza las desigualdades entre los estudiantes de diferentes estratos económicos.

En estratos altos, los padres se están organizado para contratar tutores privados y mantener a sus hijos al día con las tareas escolares.

Y esto no ocurre en las zonas más pobres de Guayaquil, como Nueva Prosperina, donde operan poderosas bandas del narcotráfico.

Para las comunidades en estado de sobreviviencia, las escuelas cerradas no son una respuesta, y más bien, dejan a los jóvenes a "merced de las bandas", añade Navarrete.