El censo poblacional, entre críticas, dudas técnicas y retrasos

El Censo de Población y Vivienda está en aprietos. Debía terminar el 18 de diciembre de 2022 y, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha extendido la operación hasta finales de enero, una decisión que ha puesto el proceso en tela de dudas.

El Pleno de la Asamblea Nacional acogió, el 12 de enero, el informe de la Comisión de Transparencia sobre la fiscalización del censo, en la que hace recomendaciones relacionadas con el manejo de la información, inconsistencias técnicas y una evaluación del costo.

Durante la sesión, algunos asambleístas expusieron supuestas falencias. Dijeron que el presupuesto, unos USD 90 millones, sería excesivo. Informaron, además, que 2.500 censistas renunciaron por los peligros a los que estaban expuestos.

También señalaron que hubo una comunicación deficiente y falta de campañas de socialización respecto a pueblos y nacionalidades, entre otros puntos.

Además, el Observatorio Latinoamericano de Censos de Población lanzó un informe en el que advierte que "una vez terminado el operativo, en diciembre de 2022, apenas se pudo censar a 10 millones de los 18 millones de ecuatorianos".

La carta fue enviada hace dos semanas al presidente de la República, Guillermo Lasso.

Byron Villacís, miembro fundador del observatorio y profesor e investigador de la Universidad de California, afirmó a PRIMICIAS que la metodología propuesta para el censo, como llevarlo a cabo en seis semanas, carecía de elementos de planificación.

Pero ¿cómo obtuvieron la información de los 10 millones de censados? Explicó que se basaron en tres fuentes:

• Una veeduría por parte del observatorio, que contrató equipos e hizo un diseño técnico, realizó una estimación de campo e identificó que el INEC había censado entre nueve millones y medio y 10 millones y medio de personas, no 18 millones.
• Un modelo matemático, utilizando el trabajo de campo que habían hecho los veedores para identificar dónde efectivamente se había censado, arrojó una cifra de nueve millones.
• Y por último, el observatorio accedió a fuentes internas y confidenciales del INEC.

Villacís detalló que hubo huelgas de censistas, problemas con manejos de bases de datos, la gente no estaba siendo censada e incluso "censistas no estaban bien capacitados".

"Esto generó lo que en estadísticas se denomina subcobertura".

Byron Villacís, miembro del Observatorio Latinoamericano de Censos y Población.

Puntos problemáticos

El 10 de enero de 2023, el director ejecutivo del INEC, Roberto Castillo, dio una rueda de prensa y afirmó que de un total de 6,7 millones de viviendas se censaron al 93% de esos hogares. Pero que faltan 500.000 viviendas y que por ello extendían la operación hasta enero.

La preocupación de Villacís es que se acercan las elecciones seccionales, en febrero de 2023, y para ejecutar esta operación "tiene que haber cualquier tipo de descontaminación política".

En el informe del observatorio, además, se señalan otros puntos problemáticos acerca de los censistas:

• No tuvieron uniformes ni herramientas de trabajo.
• No recibieron capacitación adecuada ni facilidades de movilización.
• No fueron pagados a tiempo.

Hay que esperar al cierre

Jorge García Guerrero, subdirector General del INEC, asegura que el dato del observatorio, de que se ha censado a apenas 10 millones de personas, no es exacto.

"Ni siquiera se acerca a los valores que nosotros tenemos -de alguna manera- estimados", señala García.

También afirmó que no conoce sobre la existencia de una veeduría conformada por el Observatorio Latinoamericano de Censos y Población.

¿Por qué el INEC puede dar el dato de que faltan 500.000 viviendas por censar, pero no el número de la población?

La unidad de observación es la vivienda, contesta García. Según el funcionario, para tener el conteo poblacional hay que esperar el cierre total del censo. El número de personas tiene que estar en un valor similar al del avance de viviendas, que es el 93% de 6,7 millones.

Sortear obstáculos

Desde que se inició el censo, en octubre de 2022, se enfrentó a una acción de protección por el uso supuestamente ilegítimo del número de la cédula en la modalidad en línea y un estado de excepción en tres provincias: Esmeraldas, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.

García reconoció que el empadronamiento sí ha tenido dificultades. El primero y el más importante no es el estado de excepción, sino la situación de inseguridad, que ocurrió en la semana de arranque.

Los censistas tenían sus tablets para levantar la información. Pero en sectores inseguros era necesario ir con boletas de papel. Para ello, se reprogramó la planificación hasta tener los insumos, dijo el subdirector del INEC.

Los uniformes llegaron con algunos días de retraso a algunos sectores. Hubo dificultades para la movilización y falta de censistas al principio, reconoció García.

Esto provocó que la operación se extendiera a todo diciembre, mes en el que -además- hay movilidad de personas por las festividades de Navidad y Año Nuevo. Lo que supuso que continuara el empadronamiento durante un mes más.

Frente a ello, García manifestó que "en teoría" el presupuesto no tendría que aumentar de los USD 90 millones destinados inicialmente.

Ahora, se acercan las elecciones seccionales. Para el subdirector, estas no afectarán al procedimiento.

Se tiene previsto el cierre del empadronamiento en enero. "Es probable que tengamos unas semanas más, pero básicamente de verificación y recuperación", indicó García. En ese lapso, podrán ver si el trabajo está bien hecho o en dónde necesita un ajuste.

"El momento de cierre buscamos que esa brecha, la que le llamamos subcobertura u omisión, sea la más pequeña posible". Algunos técnicos hablan del 5% y ese porcentaje genera una información más confiable.

El ojo sobre el censo

Luego de que el Pleno de la Asamblea acogiera el informe de Comisión de Transparencia, en la resolución se solicitó que la Contraloría General del Estado realizará una auditoria de gestión a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC.

Buscan evaluar las "fallas administrativas graves" en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación, seguridad sobre el censo.

Además, se pidió un examen especial que deberá enfocarse en la ejecución económica del censo, cuyos resultados se pondrán en conocimiento de la Comisión de Transparencia.

Después de que se termine el proceso, continuará el proceso de fiscalización.