Contraloría: Hay un indicio de responsabilidad penal sobre el último Censo de Población y Vivienda
El Ministerio de Trabajo y la Contraloría acudieron a la Asamblea para hablar del Censo de Población de 2022. ¿Se cometieron abusos laborales?
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez (centro), interviene en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea.
Asamblea Nacional
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Este viernes 31 de mayo de 2024, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea recibió a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y al abogado Néstor Toro-Hinostroza, representante de la Contraloría General del Estado, para abordar temas relacionados al proceso de fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades de 2022.
En marzo pasado, la Controlaría informó que ejecutará varias auditorías y exámenes especiales sobre el censo, con la intención de verificar la propiedad y legalidad de los procesos de contratación y la gestión realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Sobre este último aspecto, la Comisión de Garantías manifestó que existirían denuncias de varias personas que laboraron en dicho proceso nacional.
Ministerio de Trabajo dice que no tiene competencia
Durante su intervención, Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, expuso las condiciones en las que fueron contratadas las personas que ejercieron las actividades de censistas.
De acuerdo con Núñez, las personas que colaboraron en el último censo fueron contratadas bajo los lineamientos del Código Civil, una de las normativas que tutelan los derechos laborales en Ecuador. La figura fue el contrato de servicios especializados.
A decir de la ministra Núñez, el Código Civil no contempla determinados beneficios y tampoco genera dependencia laboral.
Además, se dijo que quienes trabajaron en el último censo no estaban bajo la tutela del artículo 8 del Código de Trabajo, ya que no existe un tiempo de ocho horas pactado.
Contratos tenían clausulas de confidencialidad
Por lo anterior, según Nuñez, sería legal lo actuado por el INEC con respecto a la finalización de los contratos de los censistas.
Con respecto a las denuncias de supuestos "abusos" al personal, la ministra Núñez manifestó que primero se debe determinar si los supuestos atropellos ocurrieron.
Por último, la funcionaria acotó que los contratos establecidos a los censistas tienen clausulas de confidencialidad y culminaron en octubre de 2022.
Según Núñez, tampoco habría derecho a pagos de utilidades o de otro tipo de remuneraciones, pues no son responsabilidad del Ministerio de Trabajo.
Indicio de responsabilidad penal
El delegado del Contralor General del Estado, Néstor Toro-Hinostroza, aprovechó su presencia en la Comisión para manifestar las acciones que la entidad de control lleva adelante sobre el último censo.
“Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”, informó Toro-Hinostroza a los comisionados.
Sobre ese indicio, se analiza un tema de falsificación de documentos.
Además, de momento, existen dos informes aprobados por parte de la Contraloría sobre el censo nacional. Estos son los que corresponden a contratos para publicidad y los contratos de adquisición de bienes y servicios.
Toro-Hinostroza agregó que la Contraloría se encuentra en ejecución los siguientes aspectos del censo:
- Órdenes de trabajo sobre el reclutamiento
- Proceso de selección
- Contratación de personal
- Pago de remuneraciones y honorarios
De acuerdo a lo expresado por el representante de la Contraloría, sobre estos elementos habría hallazgos en construcción.
Compartir:
