Caso Lisbeth Baquerizo: una suma de obstáculos para obtener justicia por femicidio

Los padres de Lisbeth Baquerizo volvieron a los plantones, carteles y gritos frente al juzgado donde desde hace dos meses el tribunal de jueces no ha continuado con el juicio por fraude procesal, para establecer responsables en el asesinato de su hija.

Desde el 12 de agosto de 2021, que fue el sorteo de jueces, se han convocado a cinco audiencias de las cuales solo una se instaló y las demás se suspendieron. En esa fecha el secretario, Wilmer Pesantez Yánez, hizo pública información reservada. Dijo que la Policía ya conocía el paradero del presunto asesino de Lisbeth Baquerizo,

Las causas para dilatar las audiencias han sido porque a uno de los jueces le asignaron dos casi a la misma hora. En otra ocasión ocurrió lo mismo, pero con la fiscal a cargo del caso.

Una tercera audiencia fue suspendida porque el abogado de la defensa de la acusada Nancy Nuñez, se iba de vacaciones, y en una cuarta vez, la defensa del vinculado Marlon Egas alegó que tenía una calamidad doméstica. 

“Sentimos que es una burla para la memoria de nuestra hija, hemos gritado justicia, y hasta ahora no la hemos visto”, dice Kathy Muñoz. 

No es el único caso. El de Naomi Arcentales, la joven mantense que fue hallada muerta en una aparente escena de suicidio, en el departamento de su novio, un fiscal de Manabí, ha pasado por tres fiscales, de tres provincias diferentes en menos de un mes. 

Luego de 90 días, el caso continúa en instrucción fiscal, etapa que debió concluir en marzo y se mantiene bajo reserva. 

Paulina Araujo, abogada penalista, cree que “justicia que tarda no es justicia” y considera que hay tres factores por los cuales no se respetan los tiempos que establecen las leyes.

Constantes cambios de fiscales, un déficit de jueces que despachen las causas y la actuación de los profesionales del derecho; es decir, los abogados de libre ejercicio que a veces “creen que defender a alguien es poner trabas procesales”, dice Araujo.

Entre 2018 y 2021, el Consejo de la Judicatura ha sancionado 136 abogados, 96 de ellos fue por “ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria para retardar indebidamente el progreso de la litis”.

Otros 13 profesionales del derecho fueron suspendidos por “no comparecer a cualquier audiencia o diligencia judicial”. 

Y de lo que va 2022, un abogado fue sancionado. “Parece que ya es la regla general que cuando se va a dar una diligencia algo va a pasar, y los jueces dicen que para garantizar la defensa van a seguir suspendiendo”, dice Araujo.

“Así como hay jueces buenos, hay jueces malos”, admite la directora del Consejo de Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, y que este último grupo no actúa solo.

“Donde hay un juez corrupto es porque hay un abogado corrupto. Cuando hay la suma de acciones que forman este círculo perverso de la corrupción, entre el secretario del despacho, el juez, el abogado, el asistente del abogado, ahí lo que hay es una pequeña organización criminal”, dice Coronel, quien insiste que la ciudadanía debe denunciarlos.

15 meses sin justicia

Han pasado 15 meses desde el asesinato de Lisbeth, y el sistema judicial solo ha logrado un sentenciado que se acogió al método abreviado y a quien se le otorgó la pena mínima. 

Todavía hay tres personas fugadas, entre ellos el presunto asesino, que no han sido localizadas por la Policía. Y un juicio que solo ha tenido una audiencia donde se dieron tres testimonios y ahora todo volvió al inicio.

La decisión la comunicaron los jueces el 25 de marzo, en el que “deja sin efecto las actuaciones que en audiencia se realizaron y se debe instalar nuevamente la audiencia con el abogado que ejerce la defensa de Nancy Núñez”, detalla la providencia.

“Eso significa volver a cero, tener que dar nuevamente mi testimonio e invalidar el de las otras dos personas que fueron importantes”, dice decepcionado Mario Baquerizo.

El 27 de enero, cuando se instaló la única audiencia dentro del juicio por fraude procesal, se escucharon tres testimonios. Se trató de Mario Baquerizo, Verónica Parada, la primera fiscal en conocer el caso y que ordenó la autopsia, y el policía José Luis Benavidez de la unidad de crímenes violentos. Este último fue embestido por el carro en el que huyó, Luis Hermida, esposo de Lisbeth.

“El policía en su testimonio dijo que Nancy Núñez, la madre de Luis Hermida, se le interpuso para que él no pueda actuar para que fugaran sus hijos”, explica Mario. 

La acción no era necesaria, dice la defensa de los Baquerizo. Si bien está en el marco de lo legal que el abogado renuncie, no era necesario dejar sin efecto lo que se ha avanzado.