Caso Juliana Campoverde: "Son once años y ocho meses que no sé nada de mi hija"
Juliana Campoverde desapareció el 7 de julio de 2012 y, siete años después, el responsable, Jonathan Carrillo, fue sentenciado a 25 años de prisión. El cuerpo de la joven no ha sido encontrado.
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Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, desaparecida en julio de 2012.
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"Son once años y ocho meses que no sé nada de mi hija Juliana Campoverde. Ha sido un tiempo de indolencia diaria de las autoridades en las que ya no confío", dice su madre, Elizabeth Rodríguez.
Ella cuenta los días sin Juliana a su lado y hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, se cumplen 4.256 días de su desaparición, el 7 de julio de 2012.
Rodríguez recuerda que desde que Juliana tenía nueve años, toda la familia asistía a la iglesia cristiana evangélica 'Oasis de Esperanza', ubicada en la Biloxi, al sur de Quito. "Mi hija cantaba en el coro de la alabanza con el sueño de ser cantante, sueños que fueron truncados por los pastores de la iglesia".
En mayo de 2012, dejaron de asistir a la iglesia. "Tomamos esa decisión porque el entonces pastor Jonathan Carrillo presionaba a mi hija para que se casara con su hermano, Israel Carrillo, de 28 años".
El día en que Juliana desapareció "salimos juntas de la casa a nuestros trabajos y nos encontramos con este pastor por el camino que siempre recorríamos y nos llamó la atención. Me despedí de mi hija en la gasolinera Primax, de la Biloxi. Ella nunca llegó a su trabajo".
Fue entonces cuando empezó la aflicción interminable, dice Elizabeth Rodríguez, quien presentó una denuncia por la desaparición de Juliana. En ese documento ya señalaba a Carrillo como uno de los posibles responsables junto a sus dos hermanos y su padre, también pastores de la iglesia.
Hubo diez fiscales a lo largo de las investigaciones y la última, Mayra Soria, logró la detención de Jonathan Carrillo, seis años después de la desaparición. El 17 de julio de 2019, el procesado fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.
Carrillo dijo que Juliana murió por una caída accidental y que lanzó su cuerpo en una quebrada de Bellavista. En varias ocasiones, condujo a la Policía para diligencias de búsqueda y de reconocimiento de lugar, sin resultados. Finalmente, el pastor se acogió al "derecho al silencio".
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el 9 de julio de 2012 hubo un último contacto de Juliana con el pastor, en la iglesia evangélica.
En ese lugar, la Policía encontró la computadora personal de Carrillo y descubrió que -un día después de la desaparición- se accedió a la cuenta de Facebook de Juliana para enviar un mensaje de despedida a la familia.
En el historial de búsquedas se encontraron enlaces referentes a muertes violentas y cómo borrar mensajes de texto de teléfonos celulares.
Para Rodríguez, la sentencia fue tardía porque se dio "luego de siete años de la desaparición de Juliana, después de que una decena de fiscales investigaran el caso y se hicieran de la vista gorda, y de una lucha incansable para que se haga justicia. Lamentablemente su cuerpo hasta hoy no aparece".
Medidas de reparación
El 17 de julio de 2019, el Tribunal de Garantías de Pichincha ordenó la reparación integral y simbólica para la familia de Juliana Campoverde con el pago de USD 100.000, seguir con la búsqueda hasta localizar el cuerpo, la colocación de una placa en memoria de los hechos en la Iglesia Evangélica Cuadrangular.
Además, el Tribunal dispuso el cierre definitivo de la iglesia Oasis de Esperanza, la capacitación a la Policía Nacional y Fiscalía para investigación de casos de desaparición y muerte con enfoque de género, y elaborar un registro nacional de pastores y líderes evangélicos.
"Ninguna de las medidas se han cumplido, ni siquiera la placa, ni la continuación de la búsqueda del cuerpo de Juliana".
Elizabeth Rodríguez
El 15 de febrero de 2024, el Ministerio de Gobierno emitió un acuerdo para exigir el registro de pastores evangélicos en el país. Según ese documento, las organizaciones religiosas tenían 60 días para cumplir con ese trámite, aunque no se han hecho públicos los resultados.
"Esta es la primera respuesta que me da el Estado, pero ya no confío. Lo peor es que día a día, más niñas y mujeres siguen desapareciendo. Seguiré siendo la piedra en el zapato de la Fiscalía, hasta que vuelvan a buscar y encontremos a mi hija", dice Elizabeth Rodríguez.
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