Caso de cuerpos extraviados en pandemia iría a cortes internacionales

“Todavía tengo el altar que levanté para mi mamá, ahí hablo con ella, pero es como hablar al aire, porque esto de no tener su cuerpo es horrible”, dice Mabel Villegas, quien perdió a su madre el 30 de marzo de 2020, en la peor crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El cuerpo de su madre es uno de los 100 que se extraviaron y confundieron en las morgues de hospitales del Ministerio de Salud y del IESS de Guayaquil entre marzo y abril de 2020. 

Dos años después, y en estado de descomposición, 48 cuerpos que se mantenían en los laboratorios de Medicina Legal de Guayaquil, fueron inhumados el 30 de marzo de 2022 en el Cementerio Parques de la Paz 'La Aurora', en Daule (Guayas). 

La orden la dio el fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Luis Rosero.

En 2020, la Fiscalía abrió un proceso de investigación para determinar quiénes son los responsables del extravío de los cuerpos, bajo el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridades competentes. 

Dos años después del pico de la pandemia, “la Fiscalía no ha avanzado nada”, dice Freddy Viejó, delegado de la Defensoría del Pueblo en Guayas.

En todo este tiempo, la denuncia no ha pasado de la primera fase de investigación previa. PRIMICIAS solicitó información sobre este caso a la Fiscalía General del Estado, pero no respondió a la solicitud.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), cree que esta orden, que no conocieron los familiares, “es un paso para archivar este hecho, para que sepultando los cuerpos no se hable más del asunto y viremos la página”. 

Se estima que por lo menos son 100 familias afectadas, porque se combinan los casos en los que no hay ninguna información sobre dónde están los cuerpos, y los que tienen dudas de que el cadáver que recibieron en la pandemia no es el de su familiar.

“Es muy grave porque los familiares se han sometido a todos los procedimientos antropológicos y de ADN, que les pidieron en Medicina Legal para esclarecer la verdad”.

Billy Navarrete, director del CDH.

Pero el CDH, que mantiene contacto con cerca de 40 personas afectadas, asegura que hace un año terminaron los procedimientos de pedir evidencias y ofrecieron buscar apoyos internacionales para seguir con la búsqueda de datos. 

“Organismos como Cruz Roja realizan exhumaciones de estructuras óseas encontradas décadas atrás y pueden dar con la identidad. Debieron pedir ayuda a otros Estados si no tienen cómo responder, pero eso no ha ocurrido desde hace un año”, afirma Navarrete. 

Pocas acciones legales se pueden seguir mientras la Fiscalía no avance con la investigación o determine su archivo.

El Comité de Derechos Humanos considera que ya se debió cambiar el tipo penal del caso a uno que constituya de lesa humanidad, en la modalidad de desaparición forzada de personas, para que sea imprescriptible y no quede en la impunidad.

El CDH y la Defensoría del Pueblo esperan el resultado de la Fiscalía General del Estado, que trasladó la investigación a Quito.

Solo después se podrá evaluar una demanda internacional contra el Estado ecuatoriano.

Entre marzo y abril de 2020, en Guayaquil murieron más de 15.000 personas durante la primera ola de Covid-19.

La Defensoría del Pueblo ganó una acción de protección el 26 de junio de 2020, cuando un juez sentenció la vulneración de los derechos a la dignidad humana, integridad personal, al derecho constitucional de acceso a servicios públicos de óptima calidad y a la seguridad jurídica de las familias.

Los hospitales señalados fueron los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública, el General Guasmo Sur, Los Ceibos y el Teodoro Maldonado Carbo, a los que el juez ordenó aplicar acciones de reparación integral.

Pero esta decisión no se han cumplido en su totalidad.