Casas de acogida hacen cuentas para operar con menos recursos públicos

Las casas de acogida que atienden a mujeres víctimas de violencia recibieron un duro golpe.

El 26 de abril de 2022, la Red Nacional de Casas de Acogida denunció que la Secretaría de Derechos Humanos redujo el presupuesto que asignaba a cada una de sus cinco integrantes.

Según el colectivo, hasta 2021 cada casa recibía alrededor de USD 126.000. Para 2022, la cifra cayó a cerca de USD 111.000. Es decir, un recorte de USD 15.000.

Blanca Pacheco, representante de la Casa María Amor, de Cuenca, dijo que el recorte presupuestario se traducirá en la suspensión de la contratación de una educadora para los hijos de las mujeres y de la encargada de coordinar la logística de la casa.

"Es muy complicado dejar de contar con profesionales especializadas, sobre todo, en temas tan delicados como la violencia de género", explicó.

Una situación similar atraviesa la Casa Matilde, ubicada en el sur de Quito. Este lugar -que brinda atención a unas 500 personas, entre mujeres y niños- también prescindirá de una de sus educadoras.

"Estamos atravesando una situación difícil y vamos a analizar qué hacer para no despedir a ningún otro profesional".

Rosario Gómez, Casa Matilde

Las dos entrevistadas coinciden en que una casa de acogida no puede funcionar con menos de siete profesionales: una educadora, dos coordinadoras, un abogado, dos psicólogos y una administradora y más aún cuando "el Estado nos obliga a que brindemos atención 24 horas, los siete días a la semana", dijo Pacheco.

Pero, el recorte presupuestario no es el único problema que enfrentan las casas de acogida. También deben lidiar con los atrasos en la entrega de los recursos.

Pacheco explicó que "el Gobierno, normalmente, entregaba el 50% del presupuesto cuando firmábamos el convenio para seguir brindado nuestros servicios. Eso ocurrió el 1 de abril y todavía no recibimos un centavo en las cuentas de la institución".

Para intentar solucionar los dos inconvenientes, las dos casas de acogida adelantaron que buscarán recursos en los municipios y en organizaciones internacionales "para garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos", dijeron.

Concurso recibe críticas

La denuncia de las casas de acogida se hizo pública el día en el que la Secretaria de Derechos Humanos anunció los resultados de la convocatoria que buscaba entregar USD 2,1 millones a organizaciones que velan por los derechos de las mujeres.

En un evento realizado en Quito, la entidad informó que 21 colectivos, entre casas de acogida y centros de atención integral, fueron los ganadores.

La titular de la Secretaría, Bernarda Ordóñez, desmintió que haya una reducción de las asignaciones y, por el contrario, habló de un aumento de USD 106.000 con relación al presupuesto de 2021.

Sobre la contratación de las educadoras que trabajan en las casas de acogida, Ordóñez dijo que "lamentablemente tenemos que cumplir con la ley. Un rubro que tenían las casas de acogida son las educadoras, pero al no ser un ámbito de nuestra competencia, no se pueden cubrir esos valores con el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos".

María Inés Ramírez, representante de la Casa Paula, ubicada en El Coca, insistió en que las cifras del Gobierno son incorrectas. Y aseguró que la reducción del presupuesto es solo el resultado de una serie de irregularidades que se presentaron durante la convocatoria.

"La Secretaría botó al tacho de la basura un modelo de atención que presentamos y que ha sido reconocido durante 30 años", dijo Ramírez.

Y agregó que "las reglas de la convocatoria no estuvieron claras y no se nos permitió dar nuestro criterio para ajustar los parámetros de calificación".

Entre los requisitos que solicitó la Secretaría de Derechos Humanos estuvieron:

• Experiencia en temas relacionados con violencia de género.
• Ubicación de la casa de acogida en ciudades con altas tasas de violencia contra las mujeres.
• Número de casos atendidos.
• Participación en movimientos que buscan especializados en prevención y erradicación de la violencia de género.
• Contar con mecanismos de rendición de cuentas.

Sin embargo, Ramírez declara que en "hemos tenido que rogar que se respete el presupuesto que nos entregaban, pero eso no ocurrió".

Ante este panorama, la Casa Paula y la Casa Amiga, de Lago Agrio, no participaron en la convocatoria.

"Vamos a buscar recursos en otras entidades para no cerrar estos espacios que ayudan a decenas de mujeres", sostiene Ramírez.

La Red Nacional de Casas de Acogida señaló que, si en realidad hubo un aumento, este no ha sido dirigido a las casas de acogida, sino a los centros de atención.

"No puede ser que otras entidades reciban más dinero a costa de las casas de acogida", dice Blanca Pacheco, representante de la Casa María Amor.

PRIMICIAS solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos información sobre las asignaciones entregadas en el pasado a las organizaciones sociales, pero no obtuvo respuesta.