240 muertes en cárceles ponen en duda compromisos con derechos humanos

Nota actualizada a las 09:54, del 30 de septiembre de 2021, con el pronunciamiento de la CIDH.

Emergencias, autoridades y proyectos van y vienen. Pero no existe una solución real para la crisis carcelaria que atraviesa el país desde 2019.

El 28 de septiembre de 2021, el sistema penitenciario ecuatoriano volvió a batir un nuevo récord negativo. Al menos 116 presos fueron asesinados en un nuevo episodio de la guerra de las bandas criminales que habitan esos centros.

En febrero del mismo año, en un motín múltiple en cuatro cárceles del país hubo 79 muertes. Ese hecho, hasta ahora, era la masacre más sangrienta en la historia del país.

Incluso, puso al Ecuador en el mapa de las 10 masacres carcelarias más violentas de la región. Ahora, el nuevo incidente en 'La Peni' pone al país en el quinto lugar de esa lista.

Contando los recientes 116 asesinatos, en lo que va de 2021 en las cárceles ecuatorianas ya se han registrado 240 muertes violentas.

Cinco llamados de atención de la CIDH

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia en la Penitenciaría, que causaron más de 116 muertos y 80 heridos, y pidió a Ecuador que investigue lo sucedido.

Es la quinta condena que realiza el organismo en lo que va del 2021.

El 23 de agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había pedido a Ecuador adoptar “medidas inmediatas y efectivas” para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad.

Era el cuarto llamado de atención sobre la crisis carcelaria que hacía el organismo al país. Los anteriores fueron el 22 de julio, el 29 de abril y el 26 de febrero del mismo año.

El pedido se hizo a propósito de la violencia en distintas cárceles del país, que al 23 de agosto sumaba 121 internos muertos desde el inicio de 2021.

“Aparte de las declaraciones específicas de la CIDH sobre la situación del país, al ser miembros de la Convención Americana nos comprometemos a acatar los pedidos de este organismo”, dijo María Dolores Miño, miembro del Observatorio Derechos y Justicia.

La experta considera que, lastimosamente, no se está haciendo nada. Y que la inacción y las omisiones del Estado infringen los compromisos del Estado como miembro de la Convención Americana.

La CIDH mostró su preocupación debido a que "estas muertes se producen en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador".

Jorge Núñez, cofundador de la Fundación Kaleidos, coincide en que el Estado ecuatoriano no ha hecho nada. Y, únicamente, cambió a un director "que no sabía nada".

Núñez recuerda que se pidió que se llame a una mesa de trabajo con organizaciones de Derechos Humanos, lo que nunca sucedió.

Entre las acciones para buscar una solución a la crisis, la CIDH propuso implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; incrementar el personal de seguridad y vigilancia interior.

El organismo además sugirió imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas en las cárceles.

Miño recordó que el Estado debe garantizar "una estancia de privación de libertad digna, evitar el hacinamiento y situaciones de violencia".

Metas lejanas

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), recientemente aprobado, se establecieron las metas que el gobierno de Guillermo Lasso busca cumplir hasta mayo de 2025.

Sobre el sistema carcelario la más importante tiene que ver con el número de muertes por violencia intracarcelaria.

Según el diagnóstico del PND, hasta el momento de su aprobación había 130 asesinatos de este tipo en las cárceles. El objetivo, hasta 2025, es reducirlas a 88.

Sin embargo, con la nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral el número actual es de 240 muertes en un año, a falta de un trimestre para que concluya el 2021.

En caso de que en lo que resta del año no haya más muertes en las cárceles, Ecuador cerrará este período con un promedio de 20 muertes por mes. Pero para la meta del Gobierno, ese promedio no debe superar las siete muertes por mes.

Es decir, que en los más de tres años que le queda de gestión al Gobierno de Lasso debería haber una reducción del 65% de las muertes en las cárceles.

Lo que quiere decir que los niveles de violencia deben llegar a las cifras previas a la emergencia. En 2019, hubo 32 muertes violentas en las cárceles y en 2020, 51.