Perdidas y sin permisos, ni seguros: así se manejan las armas en las cárceles

El examen se aprobó el 1 de octubre de 2020. Y analizó el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 15 de marzo de 2019. Específicamente, la auditoría se centró en el registro, control, almacenamiento y utilización de las armas de fuego de las cárceles del país.

El equipo auditor de la Contraloría visitó los 'rastrillos' o bodegas de armas de varias cárceles del país, entre estas las de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Según los resultados del examen, esas bodegas de armas no cuentan con las seguridades necesarias para su protección.

Por ejemplo, hay casos en los que los agentes de seguridad penitenciaria no portaban las armas en sus actividades diarias, no registraban las fechas y horas de retiro y devolución de las mismas.

Además, se encontraron carabinas, escopetas y revólveres que si bien estaban físicamente en las armerías no constaban en los detalles de armas de la entidad, desconociéndose su origen.

Sin actas ni inventarios

La Contraloría no pudo encontrar actas de entrega recepción de las armas de fuego que se manejan y están distribuidas entre las más de 50 cárceles del país, para uso de los agentes de seguridad penitenciaria.

Los documentos de respaldo no se hicieron ni cuando el control de las cárceles pasó de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social al Ministerio de Justicia. Ni tampoco cuando pasó de esa Cartera de Estado a la actual Secretaría de Atención Integral de Privados de la Libertad (SNAI).

Este fue el primer hallazgo de la Contraloría para evidenciar la informalidad con la que se han manejado las armas en el sistema carcelario ecuatoriano. No hay información que acredite la propiedad y legalidad de las mismas.

Además, dichas armas de fuego tampoco tienen documentos que demuestren su control y custodia. Es decir, no hay registros administrativos con el detalle de sus características generales y particulares.

Tampoco hay actas de constataciones físicas anuales, inventarios, informes de reposiciones por parte del seguro o del custodio.

Todas estas omisiones administrativas resultaron que no haya información real que permita establecer el armamento con el que cuentan las cárceles a nivel nacional.

Armas sin permisos

El 15 de mayo de 2019, el rastrillero del Grupo Especializado en el traslado de personas privadas de libertad (GEA), informó que el Ministerio de Justicia tenía 14 permisos para las armas de fuego de la institución.

Esos documentos son otorgados por la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), y estarán vigentes hasta el 1 de febrero de 2022.

Sin embargo, el Comaco tiene en sus registros que las entidades que han manejado las cárceles en el país tiene 736 armas y solo 18 tienen los permisos correspondientes.

La Contraloría, durante su auditoría, buscó las versiones de los funcionarios que debieron realizar el registro de las armas.

Rosana Alvarado, quien fue ministra de Justicia entre 2017 y 2018, dijo que durante su período no se adquirieron armas letales y los agentes penitenciaros no tenían autorización para utilizar armas de fuego.

Pero no respondió nada sobre los permisos para las armas que estaban bajo custodia de la entidad.

Además, la Contraloría determinó que las armas no fueron aseguradas en el período 2013-2015. Mientras que entre 2016 y 2017, la póliza no contenía el detalle de las armas aseguradas. Y la póliza para 2018-2019 muestra el aseguramiento de solo 32 armas.

Armas desaparecidas

En tres cárceles del país se perdieron armas de fuego, durante el período que fue analizado por la auditoría.

• Quevedo

El 9 de febrero de 2013, un agente penitenciario de la Cárcel de Quevedo reportó la pérdida de su arma de dotación dentro del centro de detención. Se trataba de un revólver Smith & Wesson.

• Riobamba

El 6 de febrero de 2017, el Jefe de agentes penitenciarios de la Cárcel de Riobamba informó la pérdida de una carabina Mossberg calibre 12 mm. El hecho fue denunciado a la Fiscalía de Chimborazo.

Ambato

El 23 de agosto de 2017, el director de la Cárcel de Ambato informó que al interior de ese centro se perdió un revólver calibre 38 mm de marca Smith & Wesson.

En estos tres casos hubo la denuncia respectiva de las armas perdidas. Pero no se concretó el pago de los responsables, correspondiente a la restitución en el inventario.

Mientras que en otros casos, dos agentes penitenciarios depositaron USD 700 y USD 450 en la cuenta de las cárceles por la pérdida de un revólver Smith & Wesson de calibre 38 mm y una arma Ruger calibre 9 mm.

Pero en estos casos, las cárceles no tienen los registros de las denuncias de las pérdidas de esas armas.

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