Crisis: en algunas cárceles la sobrepoblación alcanza el 200%, denuncia el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dice que el Gobierno se ha enfocado en la seguridad para enfrentar la crisis carcelaria que, dice, no tiene visos de solución a pesar de que ha sido declarado el estado de excepción.

Carrión, quien asumió el cargo el 16 de abril de 2019, agrega en entrevista con PRIMICIAS que el Organismo Técnico debió activarse inmediatamente para establecer medidas como un censo carcelario que permita determinar el número de personas sentenciadas, las que tienen prisión preventiva y quienes tienen apremio.

Para los que encajan en los dos últimos casos el Estado podría encontrar maneras de agilizar la salida y con ello aliviar la sobrepoblación, una de las causas de la crisis carcelaria, dice Carrión.

Hacinamiento

El hacinamiento en las cárceles del país viene en aumento. En 2015 fue de 1,72%, en 2016 subió al 22% y en 2019 está próximo ya al 40%.

Si se considera de manera provincial, existen centros en donde la sobrepoblación llega a 200%, como Imbabura.

En la provincia de El Oro la sobrepoblación es 300%, de acuerdo con Carrión.

Causas de la sobreproblación carcelaria

Una de las causas de el exceso de personas en las prisiones es el hecho de que muchas han cumplido el 40% y el 60% de sus condenas y deberían estar en uso de medidas como la prelibertad o semilibertad.

Esto de acuerdo con el Código Penal anterior, que es el que se aplica en el caso de los presos que fueron sentenciados antes de 2014.

Un censo carcelario también es imprescindible para conocer cuántas personas están tras las rejas por apremio, es decir, por no pagar pensiones alimenticias de sus hijos, que es "la única prisión por deudas que reconoce la Constitución", dice Carrión.

Falta de guías penitenciarios

A continuación presentamos extractos editados de la entrevista con el Defensor del Pueblo:

¿Poner en libertad a las personas con orden de apremio descongestionaría las prisiones?

Creo que sí. En este caso, el sistema debería implementar otro tipo de medidas, no sacamos nada teniendo a una persona recluida hasta que pague una pensión que posiblemente no podrá solventar en el corto plazo por falta de dinero.

Usted ha mencionado que estas son medidas urgentes, ¿hay otras a considerar?

Incrementar el número de guías penitenciarios, porque al tener un déficit de 4.000 guías el Estado puede perder el control de las cárceles.

¿No lo ha perdido ya?

El país ha sido testigo de episodios en que bandas organizadas al interior de los centros penitenciarios se han tomado el control de las cárceles y han ejecutado una serie de actos delictivos.

¿Qué hacer a mediano plazo?

Hay que pensar en la construcción de otros centros penitenciarios a escala provincial o mejorar los actuales porque tienen condiciones malas, son edificaciones vetustas.

¿Y la definición de políticas?

El mejoramiento de la infraestructura debe ir de la mano de una política de Estado que involucre la prevención, el juzgamiento, la sanción y la ejecución de penas.

Mientras no atendamos el problema en su conjunto, en poco tiempo volveremos a tener nuevas crisis penitenciarias.

¿Qué implica la prevención?

Adoptar políticas que apunten a disuadir el delito, por ejemplo, utilizar la prisión preventiva para casos extremos como señala Código Orgánico Integral Penal, pero aquí parece haberse vuelto norma general y su aplicación incrementa el número de personas en las cárceles.

Hoy tenemos un 34% de personas privadas de libertad que no han sido sentenciadas pero cumplen prisiones preventivas.

Usted habla de aumentar el número de guías, pero ¿en esos niveles existe corrupción?

La corrupción se ha enquistado en todas las instituciones, mucho más en el sistema penitenciario. En las cárceles hay un nivel de conflictividad social, legal y jurídica muy alta y eso también da lugar a la corrupción.

La administración del sistema está infiltrada de corruptos: ingresan ambulancias falsas, armas, droga sin ningún tipo de control. Todo eso es un problema de las autoridades, pero sobre todo los guías penitenciarios

¿Cómo revertir la situación?

Existe una escuela de agentes de seguridad penitenciaria que debe implementarse en forma técnica.

La Policía tiene una función muy distinta a la de controlar los sistemas penitenciarios, pues eso corresponde a guías con una preparación, capacitación, formación permanente para garantizar el control, la seguridad al interior de los centros penitenciarios.

En todos filtros externos debe estar la Policía básicamente, no las Fuerzas Armadas porque sus competencias son completamente distintas.

¿Quiénes integran el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social?

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, cuyo titular lo preside, además los ministros de Salud, Trabajo, Educación, Inclusión Económica y Social, Cultura, Secretaría del Deporte y la Defensoría del Pueblo.

Este Organismo que debía estar activado desde un inicio a efectos de poder establecer, sobre la base del estado de excepción, las medidas y los mecanismos inmediatos que se requieren.

¿Por qué es importante establecer políticas?

En estos momentos solo tenemos una política de seguridad, esto es tratar de controlar la problemática al interior de las cárceles y obviamente hacia afuera, pero necesitamos también los mecanismos que nos permitan garantizar el objetivo por el cual fue creado el Sistema de Rehabilitación Social: la rehabilitación y reinserción social.

Entonces deben ir de la mano una política de seguridad con una política de rehabilitación social.

¿Por qué no se ha reunido el organismo?

Hemos insistido a la autoridad, en este caso la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, para una reunión que ya ha sido convocada para el 26 de junio y en función de eso discutir qué se debe hacer en el sistema carcelario.

No podemos andar de crisis en crisis.

¿Por qué no se reunió antes?

Desconozco los motivos. Solo tengo información de que la última reunión fue en septiembre de 2018.