El bosque protector Cerro Blanco, en peligro por explotación de canteras

Los papagayos y los osos hormigueros del Bosque Protector Cerro Blanco, en el noroeste de Guayaquil, conviven con el ruido y polvo de la explotación que generan las canteras de piedra.

Muy cerca de esta área habitan más de 40.000 personas de las urbanizaciones de la vía a la Costa.

¿Cuál es el conflicto en la zona? Las canteras ubicadas al pie de Cerro Blanco han abierto enormes cráteres que ponen en peligro la biodiversidad del lugar, según informes del Municipio de Guayaquil.

De las 36 fábricas, solo seis cumplen con las normas ambientales.

"Cerro Blanco está siendo explotado, mermado, diezmado y es un área protegida”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri el 31 de agosto de 2020, cuando clausuró una de las compañías dedicadas a la explotación de caliza y material pétreo para la construcción.

Pero más allá del discurso político y de las clausuras, el especialista Daniel Ortega, Ph.D. en Cambio Climático, explica que el impacto de la actividades de la canteras tiene dos ramificaciones serias:

• Impacto ambiental: la explotación emite un material o polvillo que afecta las vías respiratorias de los animales de Cerro Blanco. Además, el ruido producido por los tacos de dinamita amenaza a la fauna. 
• Efecto social: ese mismo polvillo, según Ortega, se disemina en el aire y llega hasta las viviendas de la vía a la Costa. "No es solo un problema estético de polvo y tierra, este material se disuelve a través del alcantarillado, y se desfoga al Estero Salado", indica el ambientalista. 

El bosque bajo ataque

Cerro Blanco es una reserva de más de 6.000 hectáreas, pero solo 2.000 están protegidas a través de una fundación del mismo nombre. Esta organización, de índole privada, se financia con donaciones y visitas al bosque.

El resto del terreno, pese a que tiene una declaratoria como bosque protector desde 1989, está en la indefensión.

Es uno de los cuatro cerros de bosque seco tropical de Guayaquil y la competencia ambiental le corresponde al Municipio local.

El área es vital en Sudamérica, según Ortega, porque integra la Región de Bosques Tumbesinos, que nace en Esmeraldas y llega hasta Perú.

Tal cual ha reportado el fotógrafo ambiental Juan de Dios Morales, la zona es refugio de especies en peligro de extinción como el ocelote, el jaguar o el venado.

Morales ha instalado una docena de cámaras trampa en el bosque, que graban a estas especies durante la noche.

Datos de la Fundación Cerro Blanco indican también que en el bosque hay 221 especies de aves registradas, 24 son endémicas de la Región Tumbesina.

Dentro de las aves amenazadas está el Papagayo de Guayaquil, un ave ícono de la ciudad. También se registran 54 especies de mamíferos de las que 24 son murciélagos.

Con respecto a la flora, en el bosque hay árboles de la familia Moraceae, Bignosea y Ceibo. Además, un 75% de la cobertura original del bosque seco tropical de la Costa se encuentra en la zona, por lo que es considerado un pulmón natural de Guayaquil.

Clausuras no son la solución 

Cuando la alcaldesa Viteri visitó la vía a la Costa criticó la supuesta inacción de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Pero la competencia directa para regular y autorizar la explotación de materiales áridos y pétreos le pertenece al Municipio desde 2008.

Al Cabildo guayaquileño le corresponde emitir los registros ambientales a las empresas. Hasta ahora, lo que ha hecho es retirar el permiso de habilitación de las canteras. En enero de este año ya clausuraron 29 fábricas y el año pasado se cerraron otras nueve.

La Dirección de Ambiente del Municipio argumenta que las empresas han irrespetado los hitos detallados en la concesión, es decir el límite hasta donde pueden explotar la piedra.

De las 29 canteras clausuradas en enero, solo 12 siguen cerradas. Siete presentaron una Acción de Protección para continuar operando y dos tienen medidas cautelares. El resto está en trámite jurídicos.

Para el ambientalista Daniel Ortega, la solución definitiva no es clausurar las canteras, puesto que éstas operan nuevamente a través de recursos judiciales.

"No es posible que la autoridad cierre la empresa de un momento a otro porque ellos tienen una concesión otorgada. También se debe considerar la afectación económica", expresa Ortega.

Las concesiones mineras en la vía a la Costa comenzaron en los años 60.

Según Ortega, si el Municipio realmente desea proteger a Cerro Blanco debería elevar su categoría de conservación. Es decir, que pase de bosque protector a la categoría de área protegida, como el Parque Nacional Yasuní.

Una vez declarado, el Cabildo debe reubicar a las canteras y ofrecerles otra área en la ciudad para que realicen su actividad.