Atención a más de 200.000 personas se complica por trabas legales

La atención que reciben más de 200.000 adultos mayores, personas con discapacidad, así como niños y mujeres que viven en la pobreza está en riesgo, según la Red de Cooperantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

La Red reúne a unas 50 fundaciones y casas de acogida que atienden a estos sectores. A ellas se suman alrededor de 60 gobiernos parroquiales y municipales, además de organizaciones religiosas.

La representante de la Red, Saskia Gutiérrez, explica el problema que están enfrentando. "El más importante es la incertidumbre en la que nos encontramos, pues con el MIES no hemos firmado los convenios que garantizan la atención de las personas durante 2022".

Explica que, hasta el año pasado, uno de los requisitos para la suscripción de los acuerdos era la "entrega de letras de cambio o pagarés como una forma de garantizar el buen uso del dinero que nos entrega el Gobierno".

Gutiérrez sostiene que el MIES ahora les pide garantías bancarias. Para ella es un requisito imposible de cumplir, sobre todo, para pequeñas fundaciones o casas de acogida que no tienen acceso al sistema financiero o que no cuentan con suficientes recursos económicos.

Este es el caso de la Fundación Camp Hope, una casa de acogida dedicada a la atención de personas con discapacidad.

Jaqueline Aldaz, presidenta de la Fundación, dice que "para una organización sin fines de lucro es muy difícil tener USD 60.000 o más destinados a una garantía bancaria cuando ese dinero puede ser utilizado en los beneficiarios".

Aldaz agrega que el MIES también les ha propuesto "que accedamos a una póliza en la que el beneficiario sea el Estado o que pongamos como prenda una propiedad de la fundación".

Dos condiciones que le parecen "absurdas", pues hay fundaciones y casas de acogida que no tienen ninguna propiedad.

El representante de la fundación Cedime, Fernando Ontaneda, agrega que con esta resolución "el MIES nos está tratando como si fuéramos empresas u organizaciones con fines de lucro que pueden disponer de recursos económicos".

Para él, la decisión del ministerio pone en riesgo la atención de los beneficiarios porque "las fundaciones no tienen la seguridad de contar con los recursos que les permita funcionar".

La Red de Cooperantes asegura que ha enviado cartas y ha solicitado reuniones con el titular del MIES, Esteban Bernal, pero sin ningún resultado.

El MIES sostiene que, hasta el momento, ha destinado USD 6,6 millones para la firma de convenios, aunque aún desconoce el monto que requerirá para 2022.

En un comunicado de prensa, el ministerio informó que, en la semana del 24 al 28 de enero, la entidad suscribió más de 15 convenios con diferentes gobiernos parroquiales y municipales.

La cifra de convenios firmados hasta el 4 de febrero asciende a 749, lo que corresponde al 36% del total.

Sobre la garantía bancaria que deben presentar las fundaciones y organizaciones sociales para firmar los convenios, el ministro Bernal explica "que es un requisito que está normado por la Contraloría, no por el MIES".

Agrega que ya están contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas como un mecanismo para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

Y adelanta que está trabajando con el Servicio de Contratación Pública (Sercop) para flexibilizar los procesos que la Red debe cumplir para la compra de productos que necesitan todos los días, como alimentos e insumos de limpieza. Actualmente, pueden demorar días o semanas.

"El objetivo es que los cooperantes tengan estos insumos en el menor tiempo posible. Vamos a facilitar su trabajo para que sigan cuidando a los sectores vulnerables".

Esteban Bernal

Atraso en pagos

Otro problema que denuncian las fundaciones y casas de acogida que son parte de la Red de Cooperantes es el atraso en la asignación de los recursos provenientes del MIES.

La presidenta de la Fundación Camp Hope, Jaqueline Aldaz, dice que desde junio de 2021 no ha recibido el dinero.

"Son alrededor de USD 62.0000 que no hemos recibido porque hay demoras burocráticas que impiden que el proceso sea ágil".

Aldaz explica que el dinero que provee el Gobierno "es importante porque representa el 80% del presupuesto de las organizaciones". El 20% restante proviene de la autogestión, a través de emprendimientos creados en por las mismas fundaciones y casas de acogida.

Y señala que sin los recursos estatales es imposible que una organización sin fines de lucro funcione, pues ese dinero está dirigido, sobre todo, al pago de los profesionales que atienden a los usuarios y a su alimentación.

Esta Fundación asegura que ha tenido que "sobrevivir de donaciones de personas naturales y de empresas para no dejar en la indefensión a personas que no tienen quién los cuide".

El MIES, por el contrario, sostiene que la Fundación tiene firmado dos convenios. El uno por un monto de alrededor de USD 60.000 que fue pagado en 2021. Mientras que el segundo, cuya cifra bordea los USD 125.000, será pagado en los próximos días.

Según información que maneja la Red de Cooperantes hay casos más graves como el de la Fundación Cedemi.

"El año pasado fue uno de los más críticos. Los trabajadores no recibieron sus salarios durante 11 meses y aun así mantuvimos los servicios", dice su representante, Fernando Ontaneda.

Sobre este caso, el MIES dice esta organización "no presentó oportunamente su documentación para suscribir el convenio a inicios de año".

Sin embargo, la entidad gubernamental sostiene que "desembolsó más de USD 100.000, que corresponden al 50% del monto total del convenio. El cooperante debe liquidar el desembolso con los respectivos soportes para proceder con el segundo pago".

Para la Red, la principal solución es firmar los acuerdos con el MIES bajo las mismas condiciones que estaban vigentes hasta 2021.

Si eso no ocurre, adelantan, decenas de organizaciones cerrarán sus puertas.