Cinco aspectos deben resolverse en la Ley para despenalizar el aborto por violación

La Comisión de Justicia aprobó, con seis votos a favor y cuatro en contra, el plazo máximo en el que una mujer puede interrumpir su embarazo producto de una violación. Las mujeres mayores de edad podrán hacerlo hasta la semana 28, mientras que las niñas y adolescentes menores de 18 años no tendrán una fecha límite para interrumpir un embarazo producto de una violación. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, dice que la decisión se tomó porque "hay niñas que no se enteran de su embarazo hasta que llegan al tercer trimestre". La asambleísta Johanna Moreira agrega que "el espíritu de la sentencia de la Corte fue despenalizar el aborto en casos de violación. La Asamblea tiene libertad configurativa para adaptar la sentencia a la realidad del país". Enfatiza en que la despenalización del aborto en casos de violación no debería tener plazos, pues el sistema de salud ecuatoriano es deficiente y es posible que una mujer no reciba atención en el plazo que establezca la ley. El constitucionalista Ismael Quintana, en cambio, considera que el actual proyecto no obedece lo dispuesto por la Corte Constitucional porque ese organismo ordenó que la ley establezca plazos máximos para la terminación del embarazo.

Una mujer mayor de 18 años que haya sufrido violencia sexual y que quiera abortar deberá llenar y presentar un formulario que estará disponible en todos los hospitales del país, según lo aprobado por la Comisión de Justicia. Para las mujeres menores de edad no existirá ningún requisito. En los dos casos, los médicos deberán llevar el caso al área administrativa del hospital para que alerte al sistema de justicia y que este último inicie las investigaciones sobre la violación que provocó el embarazo. La asambleísta Moreira adelanta que pedirán al Ministerio de Salud que elabore el formulario. Este documento deberá contar con algunos parámetros:

• Fácil acceso
• Gratuito
• Escrito en varios idiomas, como español y  kichwa.

"La objeción de conciencia será personal y no institucional". Así lo establece el proyecto de ley que trata la despenalización del aborto en casos de violación. Según el asambleísta José Agualsaca (UNES), eso quiere decir que un hospital no puede tener como política institucional la negativa de practicar abortos a mujeres víctimas de violencia sexual. Señala que siempre habrá médicos que quieran proteger a las mujeres. La asambleísta Johanna Moreira agrega que los médicos que en un inicio se hayan negado a practicar un aborto haciendo uso de la objeción de conciencia podrán cambiar de opinión. "Pero ya no podrán volver a alegarla en el ámbito público ni privado". La asambleísta de UNES, Sofía Espín, recuerda que la objeción de conciencia es un derecho consagrado en la Constitución y que no se puede privar a ningún médico de esa posibilidad.

La asambleísta Johanna Moreira dice que la ‘Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación’ debe adaptarse a la realidad social. Por eso sostiene que la norma no solo debe garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, sino "también los de las personas trans o de cualquier persona que tenga la capacidad de gestar".

Asambleístas como Jhajaira Urrestra (UNES) sostienen que la ley debe centrarse en tratar la despenalización del aborto por violación y no en temas relacionados, por ejemplo, a los procesos judiciales que ya están establecidos en el Código Integral Penal (COIP). En este sentido, la Comisión de Justicia eliminó dos artículos relacionados con obligaciones que debía cumplir la Fiscalía en los procesos de investigación, sanción y reparación del delito de violación. La asambleísta Johanna Moreira dice que estas "atribuciones ya se encuentran contempladas en normativas como el COIP, por lo que se incurriría en duplicidad de las normas". El asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik), por el contrario, aduce que los artículos que promuevan la investigación y sanción a los agresores deben mantenerse en la ley para tener más herramientas que impulsen una sanción a los victimarios.