Asamblea propone que profesores ganen un salario básico de USD 1.000
La reforma a la Ley de Educación, aprobada hoy, plantea además que los exámenes necesarios para finalizar el bachillerato no sean tomados en cuenta como un requisito para el ingreso a la universidad.
Una profesora dicta su clase en una escuela del sistema público, en octubre de 2018.
cortesía Ministerio de Educación
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Con 126 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó, este 9 de marzo de 2021, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Tras más de 11 años, el Pleno del Legislativo introdujo cambios a la norma en áreas como el salario de los profesores, el bachillerato por especialidades y la tipificación de delitos sexuales en el sistema educativo.
A estas modificaciones se suman el regreso de las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía al sistema fiscomisional y la regulación de la educación no formal.
Régimen para los profesores
Sobre el salario de los profesores, la Asamblea determinó que no podrá ser inferior a 2,5 salarios básicos unificados. Lo que equivale actualmente a USD 1.000.
Las reformas también plantean un escalafón de 10 categorías para los profesores. Lo que significa que podrán acceder a un mejor salario de acuerdo a sus años de trabajo. La actual Ley solo estipula siete escalafones.
Además, la Asamblea resolvió que los docentes podrán jubilarse cuando cumplan 30 años de servicio sin importar su edad.
Otro cambio que consta en la Ley señala que los profesores comunitarios y rurales deberán ser afiliados a la seguridad social para acceder a sus beneficios.
Bachillerato por especialidades
La nueva Ley de Educación elimina el bachillerato unificado, implementado en el Gobierno de Rafael Correa, y da paso a la creación de bachilleratos en las áreas de Ciencias, Técnico, Productivo, y en Artes, Cultura y Patrimonio.
Esto significa que los estudiantes tendrán la posibilidad de elegir el bachillerato que se ajuste a sus gustos y necesidades.
Entre las reformas también está la eliminación del examen Ser Bachiller como un mecanismo de calificación para el ingreso al sistema universitario.
El proponente, Jimmy Candell, dijo que se busca separar los exámenes necesarios para terminar el bachillerato de los que se necesitan para alcanzar un cupo en la universidad.
Violencia en el sistema educativo
Violencia escolar, acoso escolar y hostigamiento académico son algunos de los conceptos que se incorporan en las reformas a la Ley de Educación.
A través de la definición de estos delitos, la norma crea mecanismos para prevenir estos problemas en el sistema educativo.
Por ejemplo, "las instituciones deberán establecer programas y actividades de sensibilización contra la violencia y el acoso escolar. Promover el respeto a la vida y a la integridad física de los estudiantes"
Estas herramientas de prevención fueron tomadas de las recomendaciones hechas por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Presupuesto para instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Las unidades educativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía regresarán a ser parte del sistema fiscomisional.
Es decir que se financiarán con las asignaciones del Presupuesto General del Estado y con el cobro de matrículas y de pensiones de sus estudiantes.
Sin embargo, la norma aclara que siguen siendo parte del Sistema Nacional de Educación y que "se regirán por las directrices emitidas por la Autoridad Educativa".
Educación no formal
Las reformas aprobadas por la Asamblea reconocen dos tipos de educación: la formal y la no formal. La primera responde a los estándares y currículos definidos por la Autoridad Educativa Nacional.
Mientras que la no formal no cumple con los principios mencionados. "Es impartida
fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria, es complementaria, opcional y flexible".
Según la Ley, "brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida. Y podrán ser impartidas de manera presencial, semi presencial y a distancia".
El presidente de la República, Lenín Moreno, tiene 30 días para vetar las reformas o dar paso a la publicación de la ley.
Compartir: