Amnistía Internacional: Fiscalía debe investigar la masacre en las cárceles

El hacinamiento, la falta de recursos, los obstáculos para acceder a la justicia y al debido proceso son algunos de los problemas estructurales que por décadas han tenido las cárceles del país y que se evidenciaron en el amotinamiento del 23 de febrero de 2021.

En una entrevista con PRIMICIAS, la investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, María José Veramendi, analiza la situación sobre los derechos humanos en las cárceles de Ecuador.

¿Lo que ha sucedido en Ecuador es un problema sistemático con conexión en otros países, por ejemplo, con México?

Debemos hacer énfasis en que la situación carcelaria, en materia de derechos humanos y la responsabilidad del Estado, más allá de una lucha entre bandas criminales, se trata de la falta de atención del Estado ecuatoriano.

Además, de una problemática de décadas y de una situación estructural de violación de derechos humanos en las cárceles.

Es una situación de abandono de muchos años y de no poner al sistema penitenciario y a las personas privadas de libertad como parte de las políticas públicas en materia de derechos humanos. 

Es una situación de abandono de muchos años.

La masacre en las cárceles develó el poco conocimiento sobre  derechos humanos. En redes sociales hubo expresiones a favor de la muerte de los presos.

Esto es preocupante y lamentable, y es labor del Estado ecuatoriano también educar en derechos humanos. 

Esto implica que la población tenga conocimiento de que las personas privadas de libertad son también sujetos de derechos, y que el Estado tiene una posición de garante de esos derechos. Tiene un deber de protección. 

La población debe saber que las personas privadas de libertad son también sujetos de derechos.

Y aquí se evidencia la falta de atención de los problemas estructurales de décadas, como el hacinamiento, la falta de financiamiento al sistema penitenciario. Esto ha provocado que las cárceles estén en abandono.

En la cárcel hay personas sin sentencia o por delitos menores. ¿Qué establece la legislación internacional en estos casos?

Los estándares internacionales establecen una normativa específica respecto a las personas privadas de libertad, una de ellas, por ejemplo, es que las personas procesadas y las condenadas deben estar recluidas en lugares separados. 

No se debe mezclar a la población que está siendo procesada y a la población que está condenada. 

Lamentablemente esto muchas veces no se respeta, por el alto hacinamiento que registran las cárceles en diferentes países de la región. 

Y esto genera condiciones de más riesgo para las personas privadas de libertad. Es un punto importante y necesario abordar. 

Las personas procesadas y las condenadas deben estar recluidas en lugares separados. 

Otro aspecto importante es el acceso a la justicia, con el cumplimiento de los plazos procesales. 

Para que los procesos penales se lleven a cabo, se deben respetar los plazos y que las personas privadas de libertad que se encuentran procesadas, puedan recibir sus condenas o absoluciones.

Y que se respeten también los plazos de las personas que se encuentran en detención preventiva. 

Lamentablemente, lo que vemos es que esos plazos transcurren más allá de lo que está normado y las personas permanecen detenidas mientras son procesadas.

Eso implica mayor riesgo, más hacinamiento y más desprotección de sus derechos. 

¿Cómo la sociedad podría sensibilizarse ante estos hechos, cuando algunos asesinatos han sido ordenados desde las cárceles?

El hecho de estar privados de libertad no les quita sus derechos, como a vivir en condiciones dignas y con acceso a los servicios básicos dentro de los centros de reclusión. 

Y el Estado debe hacerse responsable de garantizarlos y atender estos problemas estructurales de hacinamiento y abandono.

Un derecho humano también es el acceso a la justicia y que todas aquellas personas que sean sospechosas de haber cometido algún delito deben ser investigadas y juzgadas, con todas las garantías del debido proceso.

Y si es que las evidencias lo demuestran, deben ser condenadas. 

Pero el hecho de que sean sancionados no implica cumplir penas o condenas que sean indignas. Por eso es que el Estado ecuatoriano debe atender estas causas estructurales.

El hecho de que sean sancionados no implica que deban cumplir penas o condenas que sean indignas.

Si esto estuvo preparado desde hace varios días, ¿cuál fue el rol de las autoridades? ¿Qué organismo externo puede exigir respuestas al gobierno ecuatoriano?

Primero, estos hechos deben ser investigados. La Fiscalía General del Estado debe investigar lo que ocurrió, identificar a los responsables y, cuando corresponda, sancionarlos. 

Es parte del principio de justicia, de transparencia y de rendición de cuentas que debe el Estado ecuatoriano como garante de la población privada de libertad. 

Por otro lado, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar de protección para la población privada de libertad en Ecuador. 

La Comisión ya le solicitó información al Estado ecuatoriano para que la entregue en el plazo de cinco días y que explique sobre las medidas que está tomando para atender esta situación. 

Considero que la Comisión tiene un rol fundamental, ha respondido muy rápidamente a la solicitud, esperemos que el Estado cumpla en enviar la información en el plazo otorgado.

Y de considerar de que existan los elementos, la Comisión Interamericana dicte la medida cautelar. 

¿Cuál es la situación en las cárceles de la región?

Lo que observamos con preocupación es que en diferentes países de América Latina hay una situación de violación de derechos humanos, y una falta de toma de responsabilidad por parte de los Estados.

La lucha entre bandas criminales y la violencia suscitada entre estas no puede ser utilizada como excusa para invisibilizar los problemas estructurales que tienen los centros penitenciarios en Ecuador. 

No hay una receta perfecta de soluciones, pero se debería partir del respeto a estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, y los hay específicamente para personas privadas de libertad. 

Y esos estándares deberían guiar al Estado ecuatoriano en el diseño de sus soluciones. Ya ha habido diagnóstico, las organizaciones civiles en Ecuador llevan décadas denunciando esta situación.

Es información que incluso pudieron haber preparado las propias instancias gubernamentales, que han presentado a la Corte Constitucional en estados de excepción, que debe ser tomada en cuenta para plantear soluciones. 

Las organizaciones civiles en Ecuador llevan décadas denunciando esta situación.

El norte debe ser la protección a través de los estándares de derechos humanos, y a partir de ahí, diseñar soluciones. Reconociendo que el sistema penitenciario tiene problemas estructurales.