La amarga espera de quienes no tienen noticias de sus allegados detenidos en Turi

Cada vez que el personal de Criminalística sale del centro forense de Cuenca con una hoja en sus manos, los familiares de los internos de la cárcel de Turi los miran con una mezcla de angustia y esperanza.

La madrugada del domingo 3 de abril, un enfrentamiento entre internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, dejó al menos 20 personas fallecidas y unos 10 heridos.

Entre ellos está el padre de Juan Bautista, un joven que lleva tres años recluido en el centro carcelario. Por segundo día consecutivo, él salió a la madrugada de la vecina provincia de Cañar en busca de su hijo.

El personal de Criminalística le cuenta que el joven no está entre las personas identificadas hasta el momento. “¿Pero está sano?”, les pregunta el hombre. El policía le pide alguna seña, le dice que la mayoría de los cuerpos tienen tatuajes, que si su hijo no tiene ninguno lo más seguro es que esté vivo en la cárcel.

El hombre se lamenta que allá tampoco pudo obtener información porque los accesos están cerrados y ni siquiera pudo acercarse al centro carcelario.

Desde el domingo las vías que llevan a Turi están cerradas. En la tarde, los familiares hicieron una protesta para obtener información, porque las horas transcurrían y no sabían nada de los suyos.

La tarde del domingo los cuerpos fueron llevados al centro forense y un bus de la Empresa Municipal de Movilidad (EMOV) trasladó a los familiares desde Turi hasta allá. Ahí, el personal de la Secretaría de Derechos Humanos entregó un primer listado con los nombres de las personas fallecidas.

La mayoría de las personas que se encuentran en el sitio llegaron de otras provincias. Es el caso de una mujer que viajó en el primer bus que encontró desde Quito, después de que su esposo le llamó a la 01:00 del domingo a contarle que otros presos estaban ingresando en su pabellón.

“Nos dijo que estaban disparando y que no sabía si iba a sobrevivir. Prácticamente, llamó para despedirse”, relata la mujer, quien no lo ha visto desde hace seis meses.  Él estaba en la cárcel del Inca, en Quito y “de la noche a la mañana se lo trajeron a Cuenca”.

Ella y su hermana sintieron un alivio cuando vieron que en la lista de fallecidos no constaba su nombre. “Posiblemente está a salvo en Turi”, se consuela.

Pero aunque esta vez tiene un pálpito de que su esposo está bien, vive con la angustia de que ocurran nuevos incidentes. “Uno entra en desesperación cuando suceden este tipo de cosas y no hay que olvidar que aunque estén presos, son personas”, dice su hermana.

Entre los cinco presos que han sido identificados está el esposo de una joven que llegó desde Macas. “Nos avisaron por teléfono y vinimos enseguida”, cuenta la madre de la ahora viuda. Su yerno estaba en la cárcel desde hace tres años y medio, pero durante este último, desde que ocurrió la masacre, en febrero del 2021, vivían con incertidumbre.

“Nunca pensamos que podía ocurrirle algo así”, dice. Ahora solo esperan la entrega del cuerpo para llevárselo a Macas.

La angustia por los internos de Turi también se vive a kilómetros de Cuenca. Una mujer de Latacunga llamó para pedir información sobre su hermano. Cuenta que él se comunicó el sábado por teléfono, pero desde entonces no sabe nada de él.

En la lista de los muertos identificados no consta su nombre, pero el personal de Criminalística pide a los familiares que les den algunos datos que faciliten el trabajo. Necesitan saber si los internos tienen tatuajes, cicatrices o si usaban accesorios como aretes y otras señas particulares.

Afuera del Centro Forense hay tres carpas, una en la que están los familiares de los presos, otra es para el personal de la Secretaría de Derechos Humanos, encargado de dar información.

Además, hay un espacio para los hijos de los familiares de los internos. Aquí interviene el personal de Acción Social Municipal de Cuenca.

“Lo que hacemos es, de alguna forma, distraer a los niños con material didáctico y juegos, para que ellos estén separados de la situación que viven sus padres”, explica Karen Astudillo, funcionaria de Acción Social.

En este espacio también está personal del gremio de panificadores del Azuay y de la Junta de Artesanos, que la mañana del lunes repartieron refrigerios a las cerca de 30 personas que permanecen en el lugar. Mientras que en el interior del centro forense hay puntos de atención psicológica y apoyo a los familiares.