Aluvión: no fue la deforestación, sino el crecimiento urbano sin gestión de riesgos

Las pendientes altas, el material rocoso, las lluvias, los asentamientos humanos en las laderas y la ausencia de planes continuos e integrales de prevención y mitigación le pasaron otra factura a la capital.

Aunque los deslizamientos en las laderas de Quito no son novedad, esta vez el saldo, hasta el mediodía del 2 de febrero, era de 26 fallecidos, 53 heridos y 10 desaparecidos.

Tampoco hay una cuantificación de las pérdidas materiales. Pero, las primeras cifras de la evaluación señalaban 348 personas afectadas, 38 viviendas con daño parcial y tres con daño total, 15 vehículos y 22 motocicletas afectadas.

El aluvión afectó principalmente dos barrios de la parroquia Belisario Quevedo, al noroccidente de la ciudad: La Comuna y La Gasca. Aunque el deslizamiento de lodo y agua llegó hasta la Av. 6 de diciembre, a más de 5 km de distancia de la denominada zona cero.

Según las autoridades locales, no hubo negligencias ni falta de trabajos preventivos en el área del deslizamiento. Tampoco se trata de un problema de deforestación, dijeron. El argumento es que hubo una mayor precipitación de lo previsto para el lunes 31 de enero.

El alcalde Santiago Guarderas señaló que los diques de esa ladera tienen una capacidad para contener 4.500 metros cúbicos, pero el volumen superó los 20.000 metros cúbicos, por lo que la torre de captación, de nueve metros de altura, fue taponada por el lodo y los árboles que se deslizaron. Esto produjo el desfogue.

El problema es profundo y antiguo

La experta en Ciencias de la Tierra y académica de la Escuela Politécnica Nacional, Carolina Bernal, recuerda que los aluviones son parte de la historia geológica de Quito. Pero no concuerda en que la tragedia sea consecuencia meramente de un fenómeno natural.

A su forma de ver, la expansión urbana de la capital llega cada vez más cerca del volcán Pichincha, "entonces aumenta el riesgo y la vulnerabilidad, con las construcciones, casas y drenajes mal hechos".

Pero, además, Bernal apunta al problema de fondo: "todos tenemos responsabilidad, los barrios más pobres siempre se ubican en los sitios más difíciles y después empiezan a presionar para que se les legalice y siempre hay un funcionario corrupto que les legaliza a pesar el altísimo riesgo".

A esto se suman los cambios administrativos en el Municipio. La académica reconoce que ha habido "muchos" trabajos de gestión de riesgo, "pero no se continúan las políticas cuando se cambia de alcaldes". Por lo tanto, no se trata de un problema de esta administración, sino del conjunto de administraciones que ha tenido la ciudad.

El mismo alcalde Guarderas aceptó que una de las alternativas es relocalizar los barrios de la parte superior, "para poder dejar la ladera limpia" y "tener un bosque protector bastante amplio".

Y, en la tarde después de un sobrevuelo, las autoridades confirmaron que solo dos de todas las quebradas de la parte occidental de la ciudad aún tenían residuos de lodo, pero con una cuenca bastante baja. Por lo que no detectaron nuevos riesgos en la zona, que pudiesen afectar las tareas de rescate y limpieza.

Quito ha crecido taponando las quebradas desde la época colonial.

Carolina Bernal, doctora en Ciencias de la Tierra

La ausencia de planificación es interinstitucional

Más allá de la responsabilidad municipal, en cuanto a la planificación urbana, Ecuador no cuenta con una ley que ordene y regule la gestión de riesgos. Y las decisiones se toman en el ámbito de los comités de operaciones de emergencia (COE), que no tienen capacidad de ejecución.

Los COE solo existen en el Reglamento de la Ley de Seguridad, y se trata de un ente responsable de “coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos”. Por lo tanto, es potestad de la máxima autoridad de cada territorio hacer viables legalmente las recomendaciones de cada comité.

Y la Corte Constitucional ya recordó esto en su dictamen de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1017, en 2020, donde les reiteró a todas las autoridades que deben sujetarse expresamente a las competencias y atribuciones que les confiere la Carta Política.

Aunque Juan Zapata, director del ECU911, dijo que no existen problemas de competencias en el trabajo de atención de desastres, los funcionarios del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) insisten en la necesidad urgente de que la Asamblea Nacional tramite y aprueba el proyecto de ley gestión de riesgos.

Y, por ejemplo, el cabildo quiteño y la sociedad civil recaudan donaciones por distintos medios. Mientras que el gobierno, según el vicepresidente Alfredo Borrero, primero analizará las necesidades para después conversar "con los ministerios respectivos para agilitar la entrega de este bono que está en relación con los desastres naturales".

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