Las alertas que se ignoraron en el caso de los niños torturados en Naranjal

El pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a los dos fiscales que conocieron el caso de dos niños que fueron ingresados a un hospital en Guayaquil por presentar lesiones por abuso, quemaduras y tortura.

Con los informes periciales se sabe que los niños tenían marcas de maltrato que no eran recientes.

Hubo alertas e incluso un parte policial donde se alertó de una "situación de riesgo", dos días antes de que un niño de seis años terminara en estado crítico en el hospital.

Alertas ignoradas

Según la investigación de la Judicatura, el 23 de agosto, el niño ya había ingresado al hospital del IESS de Naranjal, con quemaduras en su cuerpo y otras lesiones graves.

Le dieron medicación y cremas para curarlo, pero el IESS no alertó a las autoridades de un presunto 'accidente casero' que debía investigarse.

El jueves 2 de septiembre, la Policía conoció de un hecho "fuera de lo normal" en la casa donde vivían los dos niños de seis y ocho años de edad, junto a otros niños y una adolescente, madre de un hijo de ocho meses. Todos estaban bajo el cuidado de la madrastra.

La agente policial que levantó el parte describe que hay "una situación de riesgo, y que para una acción de acto urgente, solicitó boletas de detención con fines investigativos ante la posible vulneración de derechos de los niños y adolescentes".

Ninguna institución verificó lo qué pasaba en esa casa. 

El 4 de septiembre, el niño de seis años fue ingresado de emergencia por un dolor en el abdomen al Centro de Salud básico de Naranjal, donde los médicos notaron otras lesiones y signos de violencia grave. 

'Solo falta de aseo'

Un nuevo parte policial se levantó el 5 de septiembre, pero el oficio tiene acuso de recibo en la Fiscalía de Naranjal un día después. A este parte se sumaron dos más en los siguientes días, porque la Policía "omitió información".

Fue entonces cuando le asignaron a una de las fiscales una visita a la casa con un funcionario del Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES).

La fiscal dictaminó que "no había señales de violencia, ni maltrato a los niños, solo falta de aseo", aunque el menor de seis años ya estaba en el hospital.

El 6 de septiembre, el médico legal de turno del Cuartel Modelo de Guayaquil hizo el análisis y emitió un informe, pero sucedió algo que también se investiga. 

Al médico se le dijo que enviara los resultados con el chofer del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

La razón argumentada fue que "el caso se estaba investigando en la Fiscalía de Naranjal y para dar mayor celeridad al trámite, ellos se encargarían de transportar los exámenes en físico hasta la dependencia a la mayor brevedad".

Pero la audiencia de formulación de cargos para los principales sospechosos ocurrió tres días después y el fiscal no tenía el mencionado informe.

Cadena de errores

Por este caso, los dos fiscales fueron destituidos del cargo por manifiesta negligencia. Pero unos meses antes de la destitución, la máxima autoridad de la Fiscalía, Diana Salazar, envió una carta al Consejo de la Judicatura.

En esta relata los hechos y pide que "se actúe con apego al principio de imparcialidad y garantizando la defensa pertinente de los involucrados, mediante un proceso disciplinario objetivo, técnico y no desde una causa probable".

Para Vicente Torres, abogado del Consejo Cantonal de Derechos de Guayaquil, "hubo una cadena de errores, no solo de los fiscales, sino de varios actores que conocieron lo que sucedía con esa familia". 

Y agrega que "hay varios mecanismos que pueden advertir frente a una situación de maltrato de niños, por ejemplo, los organismos administrativos, como las Juntas Cantonales de Derechos, que pueden emitir boletas con celeridad", explica Torres.

Y todos los funcionarios que son parte del sistema de protección de derechos humanos conocen las opciones. 

Desde enero de 2019 hasta septiembre de 2021, la Fiscalía registró 666 denuncias de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, de las cuales 11 terminaron en una sentencia condenatoria.

PRIMICIAS contactó a una funcionaria de la Junta Cantonal de Derechos de Naranjal, quien solo quiso identificarse como Mariana.

Explicó que en el último año el organismo recibió alrededor de 100 denuncias sobre negligencia de los padres en el cuidado escolar de los niños, como por ejemplo, el incumplimiento de tareas.

La Junta, por sí sola, no hace un trabajo de prevención de violencia contra niños, porque no tiene un equipo técnico. Solo actúa después de una denuncia y con el apoyo de la Policía Especializada de Niños y Adolescentes.

Para Torres, esto debería ser un llamado de atención a todo el sistema de protección de derechos, que es un conjunto articulado y coordinado de instituciones, programas y proyectos.

Porque "¿cómo se restituyen los derechos de estos niños? ¿Qué va a hacer el Estado frente a este niño que ha debido ser operado por todo lo que pasó?", agrega el abogado.

Por ahora, los niños del caso Naranjal están bajo la protección del Estado, en casas de acogida, mientras se define la situación de sus padres.