Alerta por aumento de la violencia contra los niños durante la emergencia

La vida de Luci (nombre protegido) se cegó pocos meses después de haber cumplido su primer año.

Su padrastro abusó de ella y la mató. Y, aunque nadie se lo hubiera imaginado, su madre fue cómplice del delito.

Esta tragedia ocurrió en la comunidad de La Bramadora, en el cantón El Carmen de la provincia de Manabí.

Este es sólo uno de los casos de agresiones graves contra los niños y adolescentes cometidos en Ecuador en lo que va de 2020.

El Consejo de Protección de Derechos de Quito reporta un aumento de este tipo de delitos en los dos meses que la población lleva confinada, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Apenas cometido el infanticidio, el padrastro y la madre de Luci intentaron huir pero la comunidad los capturó y los entregó a la Policía Nacional. Uno de sus agentes levantó un reporte de la detención.

Con base en el reporte, según el Consejo de Protección de Derechos, la Fiscalía formuló cargos contra el padrastro pero por una contravención de tránsito y el hombre fue apresado sólo durante 10 días.

Contra la madre, en cambio, no se levantaron cargos y no fue encarcelada.

A raíz de este y de otros casos, y ante la falta de datos oficiales, el Consejo recopiló datos en todo el país, basándose en noticias difundidas por los medios de comunicación y en información de las defensorías comunitarias.

Y los resultados de lo que ha sucedido durante la emergencia son escalofriantes:

• 21 niños, niñas y adolescentes han sido abusados sexualmente.
• 10 menores han sido asesinados por personas de su grupo familiar.
• 10 menores se han suicidado.

Para contrastar y completar esta información, la organización ha solicitado a las Juntas de Protección de Derechos de todos los cantones del país información de denuncias durante la emergencia sanitaria.

Sin cifras claras

Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, alerta que la falta de estadísticas claras sobre violencia contra menores de edad podría alimentar la impunidad.

La Fiscalía ha revelado todos los martes desde que se inicio la emergencia los datos de violencia de género y de violencia intrafamiliar, donde están incluidos los niños, niñas y adolescentes.

El último reporte indica que las personas pusieron 1.166 denuncias en la página web de la Fiscalía. De estas, 768 (66%) fueron validadas y están siendo procesadas como delito.

El Consejo de Protección solicitó la desagregación de los casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar cometidos contra menores. Pero, la Fiscalía respondió que el sistema es antiguo y no permite hacerlo.

Otro dato, aunque también sin diferenciación entre personas adultas y menores, que evidencia el aumento de abusos intrafamiliares son las emergencias atendidas por el servicio ECU-911.

Entre el 16 de marzo y el 14 de mayo de 2020, el sistema atendió 14.768 llamados de emergencia por violencia intrafamiliar.

Francisco Cevallos, secretario del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, asegura que estas denuncias se han reducido en relación a lo que ocurría antes de la pandemia.

Pero, aclara el funcionario, la cifra no puede ser considerada como real ya que en este caso las víctimas están confinadas con sus agresores y se les dificulta denunciar.

Pandemia de violencia

La revista médica inglesa The Lancet, a través de un estudio comparativo con otras pandemias, concluyó que este tipo de eventos generan inestabilidad emocional en el 50% de las personas.

Esto se debe, además del confinamiento, a que las personas sufren problemas económicos o de desempleo que pueden ser detonantes de la violencia.

Sybel Martínez, del Consejo de Protección de Derechos, considera que hay que hacer campañas para incentivar las denuncias de los casos de violencia contra menores de edad, para reducir el subregistro y la impunidad.

Por ejemplo, asegura la experta, la campaña debería llegar a los menores a través de sus medios de comunicación preferidos como la red social TikTok.

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, por su lado, tiene en vigencia un protocolo especial para prevenir la violencia contra menores, mujeres y adultos mayores, quienes conforman los grupos más vulnerables frente a la violencia intrafamiliar.

Las denuncias se reciben a través del servicio ECU-911 y del número telefónico 1800-Delito.

Además, en la opción 6 de la línea 171, que se habilitó exclusivamente para la emergencia, se brinda ayuda psicológica con la colaboración de las facultades de psicología de distintas universidades.

Un nuevo protocolo

El 13 de mayo de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) aprobó el Protocolo para la Articulación de los Sistemas Locales de Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas Adultas Mayores en el Marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19.

El objetivo del documento es garantizar el cuidado y la protección de los menores de edad y de los ancianos durante la crisis, en tres situaciones:

• Cuando los padres y los cuidadores o tutores han fallecido por Covid-19.
• Cuando los padres y los cuidadores o tutores han contraído coronavirus y no cuentan con los cuidados y el apoyo familiar necesarios.
• Cuando los menores o ancianos han contraído Covid-19 y no cuentan con los cuidados y el apoyo familiar necesarios.

Francisco Cevallos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, aclara que el documento es una guía para la prevención y no significa que haya habido una alerta de niños y ancianos desatendidos por el Covid-19.

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