La presión de la alcaldía de Guayaquil se refleja en su acuerdo de seguridad ciudadana

La tesis de la 'mano dura' que caracteriza al PSC le aseguró un acuerdo por la seguridad más provechoso comparado con el de Quito: implica más recursos, pedidos específicos al sistema judicial, Fuerzas Armadas o Policía y hasta el compromiso del Ejecutivo para promover reformas legales, por ejemplo, para regularizar la migración.

Cynthia Viteri -que asumió el cargo después de 19 años de la administración de Jaime Nebot- demoró la firma del documento por semanas. Incluso amenazó con asumir por su lado la tarea de garantizar la seguridad ciudadana con patrullas conformadas por guardias privados.

Al final, consiguió del Gobierno hasta el ofrecimiento de que "destinará adicionalmente" recursos económicos (en el documento está escrito con mayúsculas). El acuerdo firmado con Quito, más conversador, no "implica erogación de recursos" y tiene la condición de que, si se llegara a necesitar recursos extra, tendrán que tener las "certificaciones presupuestarias correspondientes".

Claro, las necesidades de Guayaquil en materia de seguridad también son más grandes. Un ejemplo son las cifras de homicidios intencionales en el primer semestre de 2019, registradas por el ministerio de Gobierno:

• En Guayaquil hubo 123, que representan un crecimiento de 32,26% comparados con el mismo periodo de 2018. Su peor mes fue mayo cuando se reportaron 17 crímenes.
• En Quito, hubo 56 homicidios, que representa una variación de -15,15% comparados con el año anterior. ¿El peor mes? Enero, con 15 crímenes.

Las cifras de la Policía Nacional también ayudan a pintar el panorama de la seguridad en el Puerto Principal.

El acuerdo con Guayaquil

El Ejecutivo tiene dos tareas concretas: "garantizar" que las normas que emita la Asamblea vayan en la línea del acuerdo y "destinar adicionalmente los recursos económicos" que se necesiten.

El municipio va a adecuar sus ordenanzas y colaborará con recursos económicos, equipos y personal.

Los "requerimientos respetuosos"

Quizá lo que más define el 'tono' del acuerdo que logró la alcaldesa Cynthia Viteri es la lista de "requerimientos respetusosos" que, en conjunto con el Ejecutivo, que se hace a:

Asamblea Nacional:

• Tratar y evacuar con urgencia las reformas al Código Integral Penal en delitos como asesinato, violación, secuestro y robo.
• Realizar reformas legales para que la Policía pueda retirar armas sin permiso.
• Reformar la ley de Movilidad Humana para que sujete a "no tener un pasado delictivo o acciones legales en curso por ese motivo", además de tener un "adecuado seguro de salud".

Consejo de la Judicatura:

• Sancionar -incluso con la destitución- con fundamento y celeridad a los jueces y fiscales que "no cumplan en forma estricta las normas".

Jueces y fiscales:

• Que cumplan con las leyes "con clara intención y resultados de hacer justicia y proteger los intereses de las víctimas".

Fuerzas Armadas:

• "Responsabilizarse del control de las armas en el país".

Bomberos y Autoridades de Tránsito Municipal:

• El personal que se movilizar en vehículos se convertirán "en los ojos contra el delincuente". Deberán adecuar sus equipos de comunicación.

Empresas privadas de seguridad:

• Tendrán que proveer información para prevenir y sancionar el delito (en mayúsculas en el acuerdo firmado). La expectativa del Municipio y del Ministerio de Gobierno es que también sean "ojos contra el delincuente".

Empresa privada:

• Colaborar en forma voluntaria en las condiciones y montos que se fijen en los acuerdos. La idea es mejorar las condiciones "a través de recursos para la adquisición de equipos de comunicación, GPS, combustible y otros ítems".

Acuerdo aparte son las tareas de patrullaje preventivo y reactivo conjunto: será las 24 horas al día, los siete días a la semana. Al mando estará la Policía Nacional.

Estos trabajos deberán empezar en un plazo de hasta 75 días, contados desde ayer. El número de vehículos y la cantidad de elementos que participarán en los patrullajes "constarán en un documento reservado".

El acuerdo con Quito

El documento de 10 páginas contiene, sobre todo, el marco legal y constitucional para el acuerdo de seguridad. Fue firmado por el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

El municipio y el Gobierno establecieron ocho obligaciones aunque no entran en pedidos concretos:

Compartidas:

• Establecer los parámetros para la creación de una Comisión Interinstitucional de Seguridad.
• Elaboración de un Plan Local de Seguridad para el Distrito que deberá incluir la estrategia para la repotenciación de las Unidades de Vigilancia y Unidades de Policía Comunitaria.
• Suscribir convenios específicos, que viabilicen estrategias en áreas de logística de seguridad relacionadas con infraestructura y video-vigilancia.  

Del Municipio.

• Coordinar las acciones y medidas necesarias para obtener elementos relacionados con la seguridad ciudadana a nivel de infraestructura y movilización.
• Facilitar la gestión de bienes inmuebles municipales que estén en posesión del Ministerio de Gobierno y Policía Nacional para su regularización.

Del Ministerio de Gobierno:

• Proveer de personal a las Unidades de Policía y de Vigilancia Comunitaria
• Proveer al Municipio de la información estructural de las UVCs y UPCs.
• Informar al Municipio sobre los bienes inmuebles en su posesión que requieran de regularización.

Este acuerdo tendrá una duración de cuatro años.

Descargue aquí los documentos: