Más mujeres violentadas buscan acompañamiento para lograr abortos legales

El 28 de abril de 2021, el Pleno de la Corte Constitucional tomó una decisión histórica en favor de los derechos de las mujeres en Ecuador: que ninguna mujer que haya sido víctima de una violación puede ser judicializada si decide abortar.

Desde entonces, colectivos feministas aseguran que las mujeres que han sufrido agresiones sexuales sienten menos miedo de buscar acompañamiento e información sobre el proceso que deben seguir para lograr un aborto legal.

Sarahí Maldonado, vocera de Las Comadres, dice que en lo que va de 2021, "2.100 mujeres que buscan abortar, no solo por violación, han pedido asesoría o información". Esta cifra ya supera en gran número a las 2.011 solicitudes de 2020 y a las 1.545 de 2019.

Según Maldonado, este incremento tiene dos explicaciones:

• La eliminación de las restricciones por la pandemia de Covid-19.
• La decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación.

La activista dice el dictamen de la Corte "permite que las niñas y adolescentes que necesitan abortar lo hagan sin sentirse demasiado culpables por la decisión". Aunque reconoce que "muchas mujeres aún se niegan a acudir a un hospital o a una clínica por miedo a sufrir violencia obstétrica".

Un informe del colectivo Surkuna, publicado el 18 de noviembre de 2021, también asegura que las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual están más propensas a buscar acompañamiento en el proceso de aborto.

En su informe, esta organización registra que, entre el 28 de abril y el 16 de noviembre, 22 mujeres abortaron tras ser agredidas sexualmente y recibieron seguimiento de esta organización.

De ellas, 16 lo hicieron en el sistema público y cinco en clínicas y hospitales privados. El caso restante no se concretó, pues no se confirmó el embarazo, aunque la adolescente tenía la intención de practicarse el aborto.

La directora de Surkuna, Ana Cristina Vera, dice que el estudio también encontró que 14 de los 22 abortos se realizaron en niñas de entre 10 y 18 años.

"Esto es una muestra de que la despenalización del aborto en casos de violación realmente sirve a los grupos más vulnerables y no es, como muchos dicen, una excusa para que las mujeres aborten indiscriminadamente".

Otro dato que dejó el informe es que la mayoría de los abortos se realizaron entre las 18 y las 23 semanas de gestación. Las mujeres estuvieron acompañadas por sus madres, hermanas y tías.

Vera y Maldonado advierten que estos reportes de estas organizaciones son un subrresgistro, pues todavía hay muchas mujeres que acuden a sitios clandestinos para abortar.

Esos abortos clandestinos tampoco son parte de las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud. La entidad reporta 18.520 atenciones por este motivo en lo que va de 2021.

Las activistas creen que la importancia de la información recabada radica en que puede servir como un instrumento para la elaboración de la ley de aborto por violación que sigue estancada en el Legislativo.

"La sentencia de la Corte es de inmediato cumplimiento. Desde el 28 de abril de 2021, cualquier víctima de violencia sexual puede abortar sin ser penalizada".

Cristina Vera, Surkuna

¿Dónde se produjeron los abortos?

Pichincha, Morona Santiago, Azuay, Sumbíos, Manabí y El Oro fueron las provincias en las que se realizaron los 22 abortos por violación reportados por Surkuna.

"Estas mujeres fueron violentadas por hombres de su entorno social y tuvieron que esperar, en promedio, seis días para que su deseo de abortar se cumpliera", dice la representante del colectivo, Ana Cristina Vera.

Ella considera que es necesario disminuir los tiempos porque una mujer violentada debe recibir atención médica lo antes posible para evitar mayores daños.

Además, revela un dato preocupante: la mitad de las mujeres agredidas no denunció al agresor por la desconfianza que tienen en el sistema de justicia.

El médico salubrista Hugo Noboa recuerda que "el aborto es un tema de salud pública y más aún cuando es por violación. No solo tiene que ver con derechos reproductivos sino con la forma más grave de violencia patriarcal contra las mujeres y niñas".

Una ley que no avanza

El fallo de la Corte Constitucional obliga a que el proyecto de ley de aborto por violación sea aprobado en un máximo de seis meses a partir de su entrega en la Asamblea.

Eso ocurrió el 28 de junio de 2021 cuando la Defensoría del Pueblo llevó el documento al Legislativo. Por lo tanto, el plazo vence el 28 de diciembre de 2021. Sin embargo, el texto no ha sido debatido en el Pleno, ni la Comisión de Justicia ha elaborado el informe.

La directora de Fundación Desafío, Virginia de la Torre, dice que Ecuador es "un país rezagado en el ejercicio de los derechos reproductivos. El aborto no representa la solución a las violaciones, pero sí una forma de reparación a las víctimas".

Es por eso que insiste en que la Asamblea debata el proyecto y lo apruebe de forma inmediata.

Ana Cristina Vera, de Surkuna, explica que la Ley debe tratar puntos importantes que complementen la sentencia de la Corte Constitucional. "Por ejemplo, los plazos máximos en los que se puede practicar el aborto y los requisitos que debe presentar la víctima".

Según parámetros internacionales -dice Vera- un aborto debería realizarse hasta el tercer mes de embarazo para evitar complicaciones de salud.

Según Vera, "la ley debería contemplar requisitos mínimos a las mujeres. Basta con la Solicitud de salud en la que la mujer asegure que fue víctima de una violación. No se le puede pedir una denuncia comprobada porque esos procesos tardan y son revictimizantes".