El aborto, un debate entre el dogma y la salud pública
El COIP permite el aborto cuando la vida de la madre está en peligro o en caso de violación a una mujer discapacitada. La Asamblea debate hoy la despenalización en caso de violación con un posible acuerdo entre las bancadas para aprobarla.
Mujeres realizan un plantón para exigir la despenalización del aborto por violación, el 5 de agosto de 2019.
Surkuna
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Cada año mueren alrededor de 47.000 mujeres en todo el mundo a causa del aborto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En América Latina los abortos clandestinos representan el 14% del total de defunciones en mujeres.
En Ecuador la cifra asciende al 15,6%. Pero lo más grave todavía es que el aborto se ha convertido en la tercera causa de muerte en mujeres de 14 a 45 años. Lo dicen las cifras de Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021.
Los embarazos de menores de 14 años dejaron 17.688 nacimientos entre 2010 y 2017. Esto significa que fueron violadas por su padres, hermanos, abuelos, padrastros, primos o personas de su círculo social más cercano.
En ese escenario, la Asamblea busca -con poco éxito hasta ahora- consensuar una reforma legal que permita la eliminar las sanciones penales en casos de aborto por violación, incesto e inseminación no consentida.
El debate en Ecuador siguió, además, la tendencia de varios países de América Latina como Chile y Argentina. En 2018 y 2019, marchas de colectivos feministas ocuparon las calles de Santiago y Buenos Aires para exigir a las autoridades la despenalización del aborto en cualquier circunstancia.
Las agrupaciones proaborto apenas lograron que se despenalice en casos puntuales que determina cada legislación, como por ejemplo: violación o peligro de muerte de la madre.
Por ahora, el Código Integral Penal (COIP) únicamente permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre o cuando ha existido una violación a una mujer con discapacidad.
Este tema genera conflictos entre diferentes actores sociales que tienen dos visiones: quienes echan mano de sus creencias religiosas que defienden la vida desde la concepción y quienes ven al aborto como un problema de salud pública.
Amparo Medina, vocera de los colectivos profamilia, insiste en diálogo con PRIMICIAS que el aborto condena la muerte de un bebé.
"La sociedad debe salvar la vida del bebé y ayudar a la recuperación física y psicológica de la madre".
Amparo Medina
Ella añade que la violación de una mujer no es pretexto para que incurra en el aborto. "Matando a un bebé no se borra la violación que sufrió la madre", agrega Medina.
Medida explica que la despenalización del aborto viola el principio del respeto a la vida que, según ella, es promovido por la mayoría de la sociedad ecuatoriana, que tiene una creencia religiosa cristiana.
El asambleísta socialcristiano Esteban Torres también ha tomado partido por defender la vida desde la concepción.
Sus discursos en la Asamblea han dejado claro que está en contra de la despenalización del aborto por cualquier causal y ha señalado que se trata de salvar las vidas de la madre y de su hijo, aunque sea producto de un incesto.
Un criterio diferente es el que tiene Mayra Tirira, abogada del colectivo feminista Surkuna, organización que está a favor de la despenalización del aborto.
"Una violación pone en riesgo el futuro de la madre y del hijo porque es una maternidad forzada"
Mayra Tirira, Surkuna
Ella dice que las mujeres deben tener derecho para decidir qué hacer con su cuerpo en caso de una violación porque se trata de un delito que deja secuelas físicas y psicológicas.
También dice que una niña violada hipoteca su futuro y el de su hijo porque no asume el papel de madre de manera voluntaria, sino que se trata de una imposición.
La asambleísta de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, dice que ya hay un acuerdo entre las diferentes bancadas políticas para que se despenalice el aborto en casos de violación.
La legisladora espera que en la próxima sesión del Pleno (prevista para el martes 6 de agosto de 2019) se concreten los votos para que las reformas al COIP se concreten.
Andrade también dice que se trata un paso importante en lo que se refiere al reconocimiento de derechos y espera que las mujeres que hayan sido violentadas sean parte de un programa de reparación integral que les ayuda a continuar con su vida, aunque reconoce que es difícil superar un caso de abuso sexual.
Consecuencias psicológicas
Las mujeres que han sido víctimas de violación generan rechazo en los hijos que nacen producto de ese delito, explica María Fernanda Pavón, psicóloga que ha trabajado con casos de incesto.
"Un niño que recibe rechazo desde pequeño crece con problemas psicológicos que repercuten en su vida académica, afectiva y profesional", dice Pavón.
Para ella es necesario que se despenalice el aborto en casos de violación porque se evita que un niño crezca en un ambiente carente de afecto.
Pavón dice que el debate en el Legislativo debe tomar en cuenta la voz de la mujeres que históricamente ha sido relegado.
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