Unión Europea promete "reforzar" a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, dijo que la lucha contra el crimen organizado "es un desafío internacional".
Militares realizan controles en los exteriores de la cárcel de Turi, en Cuenca, este 12 de enero de 2024.
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El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se comprometió este 13 de enero a "reforzar la capacidad" de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado transnacional, ante la oleada de violencia que golpea al país.
"Esta lucha no es solo un problema nacional, es un desafío internacional que impacta directamente en la UE y nuestras sociedades, y que requiere esfuerzos coordinados a nivel mundial", dijo Borrell en un mensaje difundido a la prensa.
El jefe de la diplomacia comunitaria aseguró que "trabajará" para fortalecer la asistencia financiera y la cooperación entre las agencias de seguridad europeas y Ecuador, cuyo gobierno ha decretado el estado de excepción para contener la violencia del crimen organizado.
Borrell trasladó el "apoyo" de la UE al gobierno y a las instituciones democráticas de Ecuador "en sus esfuerzos por restablecer el orden público, defender el Estado de derecho, proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad ciudadana".
"El crimen organizado representa una amenaza directa para las instituciones públicas y para la democracia, la prosperidad y la cohesión social de Ecuador. No debe permitirse que prevalezca", afirmó el responsable comunitario.
En los últimos días, Ecuador ha tenido que afrontar motines violentos en seis prisiones del país, donde los presos mantienen a funcionarios secuestrados.
Los incidentes comenzaron después de que, en la cárcel de Guayaquil, arrancaran los operativos de búsqueda tras la fuga del líder de Los Choneros -considerada una de las bandas criminales más peligrosas del país-, José Adolfo Macías, alias 'Fito'.
Para hacer frente a la situación, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó la existencia de un "conflicto armado interno" en el país, con el que considera a las bandas criminales como grupos terroristas.
También implementó el estado de excepción y autorizó la intervención de los militares en las prisiones amotinadas para tratar de restablecer el orden.
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