Jefe policial de Nueva Prosperina: “las bandas encargan a los adolescentes la extorsión”
Roberto Santamaría, jefe de policía de Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, dice que cuatro bandas buscan replegar a los agentes policiales a sus cuarteles.
Foto referencial de la avenida Casuarina, en el ingreso a zonas de invasión del distrito Nuevo Prosperina, el más violento de la ciudad, al noroeste de Guayaquil.
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Roberto Santamaría lleva cuatro meses al frente de la Policía en Nueva Prosperina, el distrito más violento del país y, según sus proyecciones, por población estaría entre los 10 de los lugares más violentos del mundo.
El oficial de la Policía Nacional se refiere, en entrevista con PRIMICIAS, a los desafíos de seguridad de un distrito plagado de bandas de criminales, que cometen secuestros y extorsiones generalizadas desde finales del año pasado.
Cuatro grupos de delincuencia organizada se disputan ese territorio y usan a adolescentes como operadores del cobro de extorsiones casa a casa, negocio a negocio. Las bandas se han apoderado incluso de servicios básicos, dice.
Mientras que el siguiente nivel en la estrategia criminal de los grupos Fatales, Tiguerones, Águilas y Choneros parece ser arrastrar a la policía a una “guerra medieval” para expulsarlos de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
El distrito Nueva Prosperina registra 462 muertes violentas en lo que va del año, un 145% más que las 186 del año pasado.
¿Podemos decir que el distrito Nueva Properina es un foco de extorsiones y secuestros?
Son delitos relativamente nuevos, que comenzaron su auge en el último trimestre del año anterior. No se les estaba dando el seguimiento debido, porque tradicionalmente estaban orientados a personas con gran capital económico.
¿Quiere decir que cambió el accionar delictivo?
Ahora se extorsiona y secuestra a cualquiera persona, las bandas han ganado en masificación antes se dedicaban a un gran caso, ahora tienen extorsionados a muchos locales comerciales a la vez.
Lo mismo pasa con el secuestro, ahora le secuestran con fines extorsivos a un taxista o los trabajadores de camiones repartidores de productos.
¿El delito común dejó de ser 'rentable' para la delincuencia?
Exactamente, cambió el comportamiento delictual. Antes era el delito de robo el que prevalecía y este año el problema mayor es el de la extorsión.
Los grupos de delincuencia organizada están siguiendo la misma receta aplicada en Centroamérica, que es implantar el miedo de manera generalizada, poniendo explosivos, disparando a locales comerciales.
En Guayaquil tuvimos coches bombas, hombre bomba, tacos de dinamita detonados en los locales comerciales, eso ya generó un temor generalizado. Hoy en día las bandas están cosechando el producto de ese temor.
¿El objetivo del terrorismo era que la gente accediera a pagar las extorsiones?
Exacto, por temor la gente comienza a pagar. El rato que pagó una vez ya firmó un contrato con estas personas. Ellos asumen que toda la población está en deuda, por el supuesto servicio que prestan.
En sectores de Nueva Prosperina las bandas están cobrando por los servicios básicos. Es decir, la organización delictiva paga la luz, el agua, el internet y luego se lo cobran al propietario de los negocios con sobreprecio.
Si el Internet cuesta USD 40 mensuales, ellos cobran según el sector hasta cuatro y cinco veces ese valor para los negocios. A las casas les piden uno o dos dólares por extorsión.
¿Esto se ha extendido a toda Nueva Prosperina?
Casi en toda Nueva Prosperina. En la Entrada de La 8 y en sectores comerciales menos periféricos de la vía Perimetral se intervino con cámaras y policías, se ha logrado contener el delito.
En el resto del territorio se expandió totalmente. Las mismas escuelas son extorsionadas. Ahora la política delincuencial es que todo el mundo debe pagar, nadie se salva.
Es un tema que nació en El Salvador, Honduras y Guatemala. El Salvador es un país que paga en extorsión de USD 180 a 240 millones anuales a las maras, porque ya naturalizaron el delito.
¿Cómo están operando las bandas?
Tienen una estructura operativa con menores de edad; parte de los 35.000 estudiantes salieron del sistema de educación en el país se están dedicando a esto.
Son los cobradores, cada adolescente tiene de dos a cuatro manzanas a cargo, cobran casa a casa, negocio a negocio. En el momento en qué son detenidos son aislados y salen al poco tiempo en libertad.
¿Pero eso solo es la base de la operación?
Claro. Hay una segunda estructura, que es la que pasa a disparar o a detonar bombas a locales en los que no se pague la extorsión. La tercera es la que administra el dinero, llegan a establecer incluso una especie de sistema de cooperativismo, por llamarlo así.
Esta tercera estructura es hasta prestamista y facilitadora de recursos. Un delincuente quiere una moto, ellos les dan los recursos, lo mismo con las armas o drogas, y luego les cobran. En esos tres niveles están operando.
¿Por cada cooperativa de vivienda hay un cabecilla, denuncian los moradores?
Así es. En el mapa de Nueva Prosperina tenemos 37 cabecillas que operan por sectores o cooperativas de viviendas.
El tema de marginalidad y abandono por décadas de estos sectores consolidados a partir de invasiones contribuyó a la actual situación. La polarización política del país tuvo mucho que ver, se ha venido poniendo a unos contra otros y se rompió el tejido social.
En el sector de Monte Sinaí, que es el más grande, hay 12 cabecillas. En toda Nueva Prosperina operan Fatales, Tiguerones, Águilas y Choneros.
¿Esto que pasa en Nueva Prosperina se puede transmutar a otros sectores o ciudades?
Totalmente, ya se está extendiendo. Los coches bombas en Quito comenzaron a estallar hace dos o tres semanas.
En Guayaquil ya esto les funcionó, acá las bombas comenzaron a explotar en septiembre y el tema se agudizó en noviembre y diciembre del año pasado.
¿Quiere decir que Quito también corre un riesgo similar?
En Guayaquil les funcionó a estos grupos la estrategia de infundir terror y miedo para que comiencen a pagar extorsiones, están aplicando la misma estrategia en otras ciudades.
Es lo que ya pasó en Centroamérica. Y el último paso que nos falta, que ya lo hemos vivido en Nueva Prosperina, es el enfrentamiento masivo contra la Policía.
¿Cómo es eso?
En Socio Vivienda se nos enfrentaron 100 motociclistas armados ante un contingente de policías hace solo un mes.
Otras 70 motocicletas nos encararon frente al Hospital de Monte Sinaí. Y 40 motociclistas hicieron lo mismo con policías en Flor de Bastión, todo en el último mes. Eso puede generar una matanza, quieren arrastrarnos a una guerra medieval.
Decenas de motociclistas con camisetas blancas se movilizaron también hace un mes a los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil.
¿El siguiente paso es atacar en masa a los policías?
El siguiente nivel es replegar al estado a los cuarteles. Es decir, evitar la presencia de policías en territorio, en las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Ya contamos tres de estos hechos en Nueva Prosperina, tratando de minimizar el accionar policial, y nos han dejado amenazas para que abandonemos las UPC.
Se ha logrado replegar a estos grupos numerosos de motociclistas porque lo que esperan es que los policías les disparen.
¿Cuántos policías deberían operar en Nueva Prosperina?
En este distrito para completar la norma de 2,8 policías por cada 100.000 habitantes deberíamos tener 1.200 policías y tenemos 600, la mitad. Pero en realidad el personal operativo es de unos 480.
Hay moradores que piden la militarización de Monte Sinaí, ¿qué dice usted?
Hemos realizado operativos extraordinarios con militares, los hemos requerido para logística y seguridad de la operación.
En Socio Vivienda intervenimos con 300 militares y 200 policías, pero es un lugar pequeño, es complejo llevar eso a un territorio tan extenso como Nueva Prosperina o Monte Sinaí.
Los militares son responsables del canal de trasvase o el canal de la muerte y hemos pedido que se hagan cargo de ese proyecto estratégico.
¿Qué se requiere para impedir que las bandas se sigan apoderando del sector?
Aumentar personal es primordial, se requiere una logística especial, como por ejemplo vehículos blindados. Todos los días hay alguna balacera y atentados con disparos incluso contra los policías.
El modelo de gestión que se aplica en las favelas de Brasil es ese, carros blindados y dos armas para cada policía, una primaria y una secundaria, lo que incluye armas largas porque las bandas cuentan con fusiles.
Nosotros vamos con una pistola y con una carabina de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una desventaja total respecto a recursos y armamento.
¿Cuántas personas hacen parte de las bandas en Nueva Prosperina?
En toda Nueva Prosperina viven 363.000 habitantes. Se hizo una muestra técnica y se estima que un 16 por ciento de la población está vinculada de forma directa o indirecta a los grupos de delincuencia organizada, puede ser incluso un porcentaje mayor.
Este año tenemos 959 detenidos, el año anterior teníamos 281. Armas de fuego se decomisaron 159 el año anterior, ahora alcanzamos 236. En el segundo cuatrimestre de este año ha ido a la baja el delito de robo en diversas modalidades.
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