Militarización de cárceles genera crisis y oportunidad para bandas criminales
La intervención militar en las prisiones afecta la comunicación de cabecillas de grandes grupos criminales con sus huestes en las calles, mientras bandas más autónomas ganan terreno. La reorganización carcelaria plantea riesgo de ascenso de grupos más pequeños.
Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante una incursión en la Penitenciaria del Litoral, en búsqueda de armas, municiones y explosivos.
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Como centros de poder de la delincuencia organizada, las cárceles crean toda una serie de conexiones que repercuten en las calles. Allí se originan las órdenes, el mando de las bandas criminales, comprometido por la recia militarización del estado de conflicto interno.
La intervención conjunta de militares y policías en las prisiones, tras el estado de excepción decretado el 9 de enero de 2024, afecta la comunicación de los cabecillas de grandes grupos narcoterroristas con sus huestes en las calles.
Este nuevo escenario genera, por ahora, un vacío de liderazgo de los grupos predominantes, de acuerdo a fuentes policiales que reconocen que bandas más pequeñas ganan terreno, por ejemplo, en un enclave del narcotráfico como el sur de Guayaquil.
La militarización genera crisis y oportunidad al crimen. En el complejo carcelario de Guayaquil -el más grande y violento del país- la intervención de la Fuerza Pública afecta por ahora a pabellones como los de Los Choneros -sin un líder claro tras la fuga de alias 'Fito'-.
También deja incomunicados a cabecillas de Los Lobos, Los Tiguerones, Latin Kings y Chone Killers.
Mientras que grupos más autónomos, de alcance local, como Tiburones y Mafia-18, amplían sus operaciones en la zona sur de la ciudad, cercana a los puertos marítimos, clave para la contaminación con drogas de contenedores y buques mercantes.
En el distrito Sur también operan Los Lagartos, que se cuenta entre los principales grupos narcoterroristas, pero cuyo centro de mando penitenciario aún no se ha visto comprometido.
Los Lagartos controlan el Centro de Detención Provisional (CDP) en el complejo de cinco cárceles de Guayaquil. Tras sucesivas requisas e incautaciones en la cárcel Regional y la Penitenciaría del Litoral, el CDP será el siguiente punto a intervenir, según la Policía.
El precio de la droga sube
Los controles por el conflicto armado interno comenzaron a provocar escasez de drogas y aumento de precios a escala local. Y es que las organizaciones terroristas prefieren mantenerlas en caletas antes que distribuirlas, tras la incautación récord en Vinces.
El costo del kilo de cocaína, que fluctúa entre USD 1.500 y USD 2.500 según la zona del país, se ha llegado incluso a duplicar en el mercado local por los controles del estado de excepción, de acuerdo a un diagnóstico policial extraoficial.
El director de investigaciones de la Policía, general Freddy Sarzosa, confirmó a PRIMICIAS que ese comportamiento responde al juego de la oferta y la demanda, como la cadena logística de cualquier producto. “Si la demanda es alta y la entrega limitada, suben los precios”, dijo.
Además, coincidió en que el control de las cárceles es fundamental para seguir mitigando la incidencia de la violencia y la delincuencia. “Pero necesariamente estos grupos van a requerir generar recursos con secuestros, extorsiones o delitos comunes”, advirtió.
“Estamos afectando capacidades de grupos terroristas en las cárceles y fuera de ellas, entre Policía y Fuerzas Armadas. Pero es imposible llevar a cero la violencia y la delincuencia”
Freddy Sarzosa, general de la Policía Nacional.
Con respecto a la gran cantidad de grupos considerados terroristas (22), cuando en realidad los que representan una amenaza mayor serían seis, Sarzosa sostuvo que la Fuerza Pública centra sus esfuerzos en 11 organizaciones activas.
Las 22 bandas criminales referidas en el decreto ejecutivo responden a un registro evolutivo de todos los grupos de delincuencia organizada del país, que se han ido transformando, recategorizando, uniendo a otros o desfragmentando, sostuvo el general.
La redistribución encarna un riesgo
La organización de los privados de libertad según la banda criminal a la que pertenecían se remonta a 2018. Así, los pabellones terminaron autogobernados por el crimen organizado, lo que afianzó sus conexiones, su poder de mando y aumentó la violencia intra y extramuros.
La nueva estrategia consiste en redistribuirlos por delito o nivel de peligrosidad (baja, media y alta). La Fuerza Pública ejecuta los traslados y prevé continuar en las cárceles más allá de la excepción para garantizar el control.
Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado del Ecuador (OECO), sostuvo que aunque la reorganización responde a estándares internacionales, no exime que beneficie a ciertas bandas, si no se mitigan a largo plazo los niveles de corrupción.
Un ejemplo son Los Lagartos, pandilla que controló el pabellón de mínima seguridad del CPL en Guayaquil -un centro sin aparente importancia-. Y desde allí terminó controlando el Guasmo Sur de Guayaquil y la contaminación de droga en los puertos marítimos.
Entonces, las bandas que asuman el control de pabellones de baja peligrosidad, en la reorganización de las cárceles, pueden tener una ventaja comparativa, según el consultor. Y se trata de espacios en los que suelen recalar miembros de organizaciones más pequeñas.
“La estructura de la gobernanza criminal nos dice que quien controla los pabellones o quien controla las cárceles termina teniendo un control significativo en las calles”.
Renato Rivera, coordinador de OECO.
“Los pabellones de mínima tienen un flujo representativo de privados de libertad que salen de la cárcel rápido, en seis meses se suele caer la prisión preventiva, por lo que se generan conexiones importantes en la calle para el centro de mando en la cárcel”, explica Rivera.
El detenido genera un enlace dentro de la prisión -agrega-, y cuando sale se convierte en un nexo y operador de la organización criminal en las calles.
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