"No existe maltrato ni abuso", aseguran militares que controlan las cárceles en Ecuador
Con los militares al frente de las cárceles en Ecuador, los presos realizan tareas de limpieza y de mantenimiento, en una rutina de orden prácticamente inédita en los penales.
Internos de la cárcel de Latacunga se ejercitan bajo la mirada de militares, el 22 de febrero de 2024.
EFE
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Más de mes y medio después del "conflicto armado interno" contra el crimen organizado en Ecuador, algunas cárceles, como el penal de Latacunga donde había celdas 'vip', permanecen bajo el dominio de las Fuerzas Armadas.
El objetivo sigue siendo el mismo: arrebatar a las bandas criminales el control de estos centros, donde los militares presumen de "un cambio rotundo".
Fruto de los operativos militares en los penales se han decomisado grandes arsenales como fusiles, pistolas, granadas y chalecos antibalas, así como miles de balas e importantes cantidades de droga.
En algunos casos han tenido que romper paredes o falsos techos para encontrar los escondites donde estas bandas criminales guardaban su armamento.
A la vez se ha descubierto que los cabecillas de las bandas tenían de conexiones a internet y otros lujos que los policías y militares han retirado.
"Existían beneficios para ciertos presos que mantenían el control de cada etapa y ellos ponían sus normas y leyes. Ahora existe orden. Tienen las tres comidas al día y ya no existe la vacuna (cupo) para poder tener acceso a la alimentación, el agua o a un área donde dormir", explicó un comandante del Ejército que no quiso revelar su identidad.
¿Militares por siempre en las cárceles?
Pero tras las intervenciones también han llegado las denuncias de supuestos abusos de los militares contra los reclusos, algo que los altos oficiales de las FF.AA. niegan.
"En ningún momento hemos vulnerado ningún derecho humano con ningún privado de libertad. No existe el maltrato y el abuso", aseguró un comandante militar.
Lo dijo en respuesta de que algunas organizaciones hayan denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos de los presos.
La denuncia fue acogida por un juez que ordenó una investigación a la Defensoría del Pueblo, que por primera vez en cinco años ha podido acceder a los recintos carcelarios para constatar el estado y la situación de los reos.
La idea del Gobierno es que eventualmente el SNAI vuelva a recuperar su competencia interna sobre las prisiones una vez que la situación esté estabilizada.
Pero el presidente Daniel Noboa ya ha planteado como parte de un referéndum a celebrarse en abril que los militares se encarguen permanente del control de acceso a los recintos carcelarios.
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