Caso Metástasis: Prisión preventiva contra Wilman Terán y otros 15 procesados

La audiencia de formulación de cargos se retomó a las 17:30. Ante el auditorio, el juez Felipe Córdova se declaró competente para seguir con el trámite de esta causa.
En este marco, el magistrado anunció su veredicto sobre el futuro de los detenidos, contra quienes la Fiscalía pidió prisión preventiva, así como la incautación de bienes y la prohibición de enajenar activos.
Antes de una resolución, el magistrado mencionó que la delincuencia organizada, delito del que acusa la Fiscalía a estas personas, no es equiparable con la simple asociación para delinquir.
El juez ponderó que, según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la prisión preventiva se aplica cuando existe un peligro concreto de fuga del imputado, o cuando se evidencie el riesgo procesal.
Al final, el juez dictó prisión preventiva para 16 procesados, uno más tendrá prisión domiciliaria y los demás tendrán medidas alternativas.

Una vez que concluyeron todas las intervenciones de los abogados de los procesados y las respectivas réplicas, el juez Felipe Córdova dio un receso de una hora y 15 minutos, para luego emitir su resolución.

Una vez que concluyó la ronda de exposiciones, la fiscal Diana Salazar expresó que las pruebas de arraigo presentadas por los abogados de los procesados no garantizan el normal desarrollo del proceso, por lo que pide al juez desestimarlos.

A las 12:00, los abogados continúan exponiendo sus argumentos para solicitar al juez que no acoja el pedido de prisión preventiva que hizo la fiscal Diana Salazar y, en su lugar, piden medidas alternativas, como la presentación periódica en el juzgado.
"No hay elementos para justificar la prisión preventiva", expresó el abogado defensor del presidente de la Judicatura, Wilman Terán.
Algunos abogados presentaron pruebas de arraigo y otros certificados médicos para solicitar medidas alternativas.

Aproximadamente a las 03:30, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los procesados, con excepción del exjuez Ronald Guerrero, para quien pidió arresto domiciliario por ser adulto mayor.
Además, se solicitó que las cuentas sean retenidas y la prohibición de enajenar bienes de todos los investigados.
Cuando ya son las 06:00, la audiencia continúa con las exposiciones de los abogados de los procesados, quienes rebaten el pedido de la fiscal Diana Salazar.

Hasta la 01:15, del 15 de diciembre de 2023, la fiscal Diana Salazar continuaba con la lectura de los chats encontrados en el teléfono de Leandro 'El Patrón' Norero.
Después deberá pedir medidas cautelares para cada uno de los procesados. Los abogados defensores podrán rebatir ese pedido. La decisión final estará en manos del juez Córdova.

Durante la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis, la fiscal Diana Salazar leyó cientos de mensajes que se encontraron en los celulares de Leandro Norero, narcotraficante ecuatoriano asesinado en octubre de 2022.
Por ejemplo, en junio de 2022, cuando Norero ya estaba detenido en la Cárcel de Latacunga. Norero hablaba con sus socios de como el juez Ángel Lindao, al que pagó sobornos, le devolvió los bienes que le habían incautado tras su arresto.
Pero, Norero decía que los agentes de la Unidad Antilavado de Activos de la Policía Nacional "botaban chispas" por esa noticia y que "sería sano tirar dos que tres para que sientan".
Según Salazar, estos mensajes hacen referencia a jergas criminales utilizadas para mandar a asesinar a una persona, en este caso a agentes policiales.
Pero, la mayoría de los chats sobre supuestos atentados que Norero planificaba desde la cárcel, son en contra de Lidia Sarabia, agente fiscal que lleva el caso por supuesto lavado de activos en contra de Norero y su familia.
En decenas de mensajes, Norero y sus abogados hablan de lo incómoda que les resultaba Sarabia. Comparten sus teléfonos, fotos de ella, de su casa, de sus hermanas, de sus padres y demás familiares.
Y analizan cómo hacerle daño. Hablan de matarla y pasarlo por un robo. O de poner una bomba en su auto o que se incendiara su departamento.
Incluso, para perjudicar a Sarabia, el abogado sugirió a Norero que le depositen dinero en su cuenta desde China o Europa. Y que luego se filtre esa información a La Posta para que afecten su reputación.
En otras conversaciones, Norero habla con Daniel Salcedo, quien es parte de una red de corrupción hospitalaria y está prófugo por el caso Metástasis. Salcedo le dice que "si habrá problema, si la gente sabe que estoy moviendo tus temas".
Norero le responde que no hay problema, que todos sus enemigos están muertos. Y le confiesa que él mandó a matar a Harrison Salcedo, abogado que tenía nexos con Los Choneros.
Según Norero, Harrison Salcedo había insultado a su madre, y se había aliado con 'Fito' y 'Junior' para matarlo. Pero que él se les adelantó.
Otro caso en el que Norero y sus abogados se autoincriminan es en el del periodista Gerardo Delgado, originario de Manta y que era precandidato a una concejalía por la Revolución Ciudadana.
En los mensajes, Norero y sus hombres de confianza hablaban de atentar en contra de un periodista manabita llamado Patricio A. porque tenía un vídeo que les perjudicaba. Pero, se confundieron y mataron a Delgado.
Finalmente, la fiscal Salazar expuso chats que evidencian que Norero y sus aliados seguían, desde mediados de 2022, a Fernando Villavicencio, excandidato presidencial que fue asesinado en Quito, en agosto de 2023.
En los chats, Norero pide a uno de sus abogados que consigan el número personal de Villavicencio. Así como su dirección y el de la esposa y su amante para "mandarle a los muchachos".

Pasada las 23:00 del 14 de diciembre, la fiscal Diana Salazar continúa con su exposición de los elementos de convicción del caso. Al final pedirá medidas cautelares para los procesados, que podría incluir la prisión preventiva.
Luego, los abogados de los 31 procesados intervendrán para rebatir ese pedido. Y al final el Magistrado Córdova decidirá sobre esas medidas y declarará el inicio de la instrucción fiscal que durará 90 días.
Aunque, Salazar adelantó que más adelante vinculará a otras siete personas que están prófugas, como Daniel Salcedo y Christian Romero, abogado del exvicepresidente Jorge Glas.
Al momento, la Fiscalía solo procesa a los 31 investigados que pudo detener.
Por la fuga de los demás, Salazar responsabilizó al expresidente Rafael Correa, que alertó del operativo en redes sociales horas antes del mismo.

La Fiscal General se tomó cerca de una hora para relatar cómo se configuró la estructura criminal. En esta habrían participado jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados y policías.
Todo gira alrededor de Leandro Norero, un narcotraficante que estuvo detenido en la Cárcel de Cotopaxi y fue asesinado en octubre de 2022.
Según la Fiscal, a través de sus abogados, Norero pagó decenas de miles de dólares a funcionarios judiciales, gubernamentales y policías a cambio de decisiones e información para conseguir decisiones favorables en casos y recursos judiciales.
Por ejemplo, Helive Ángulo, alias 'Estimado', abogado de confianza de Norero, se acercó a Alex Palacios, quien era subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia para que lo asesore y ayude en la compra de jueces de la sala de la Familia, que tendrían que tramitar una apelación de un habeas corpus para liberar a Israel Norero, hermano de alias 'Patrón'.
Salazar aseguró que Palacios respondía a Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura y que en esa época era juez nacional. Actualmente, Palacios es director provincial del Consejo de la Judicatura, nombrado por Terán.
Salazar relató que en los chats se evidencia que en las negociaciones que Palacios participó, actuó como emisario de Terán. Incluso, en un chat detalla, dijo la fiscal, que Palacios dijo a 'Estimado' que el jefe quería tratar el tema del cohecho de manera presencial. Y hay evidencia de que Ángulo estuvo en la oficina de Terán, pues se tomó una foto en el lugar.
Toda esta información, la Fiscalía la encontró en los celulares de Norero, que hallaron en la cárcel de Latacunga. En total, el Ministerio Público tiene 14.000 hojas de chats que se intercambiaron a través de una aplicación de mensajes cifrados que suelen utilizar los delincuentes.
En la cárcel de Latacunga, según la Fiscalía, Norero gozó de beneficios y comodidad gracias a la colaboración de Daniel Mendoza y Daniela Benítez, funcionarios penitenciarios que trabajan para Norero.
Pero, según Salazar, para que Mendoza y Benítez lograran ayudar a Norero, recibieron el beneplácito de Pablo Ramírez, general de la Policía que en esa época dirigía el SNAI. De quien la Fiscal se refirió como un verdadero 'narcogeneral'.
En su intervención, la Fiscalía habló de la entrega de joyas, dinero en efectivo, transferencias y cheques a favor de jueces de Guayas, Santo Domingo y Cotopaxi que manejaron la causas de Norero. A cambio, los magistrados modificaron los tipos penales, devolvieron los bienes de Norero y liberaron a su familia.
Incluso, los sobornos llegaron a la Fiscalía. La agente María José Aguirre habría recibido una cartera Cartier valorada en USD 8.000 para favorecer a Norero y también para enviar a prisión a funcionarios de Inmobiliar que incautaron sus bienes. El objetivo final era que esos funcionarios sean asesinados en la cárcel.
De lado de la Policía, en cambio, la Fiscalía señaló que había oficiales y agentes de tropa que trabajan para Norero y que se inventaban operativos para evitar que los artículos incautados sean manejados por el Estado.
Según la Fiscal, la organización de Norero planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el Municipio de Manta, en coordinación con el exalcalde Agustín Intriago, quien fue asesinado a mediados de 2023.

Después de la instalación de la audiencia, la fiscal Diana Salazar empezó a exponer los cargos en contra de los investigados.

Tras un poco más de una hora de deliberación, a las 21:19 del 13 de diciembre, el juez Felipe Córdova continuó con el trámite del caso Metástasis respecto a la legalidad de la detención de 31 personas.
Primero, sobre las alegaciones de algunos procesados, de que el juez no tenía competencia para asumir este caso, ya que le correspondía a un juez anticorrupción, Córdova respondió que debido a que este caso involucra a funcionarios con fuero nacional, el proceso debe tramitarse desde la primera etapa ante la Corre Nacional.
Sobre las alegaciones de que a algunos de los investigados no se les leyeron sus derechos constitucionales al momento de sus detenciones, el juez Córdova señaló que esto se contradice con la información recogida en los partes policiales.
La mayoría de los abogados de los 31 detenidos manifestó que al momento de los arrestos, los agentes policiales y fiscales no les comunicaron la razón de su detención.
Sin embargo, Córdova recordó que en las órdenes de detención para garantizar la presencia de los investigados en la audiencia de formulación de cargos se incluyó una síntesis del caso, por lo que todos los detenidos fueron notificados con la razón de la investigación y detención.
Además, sobre los reclamos de Terán que dijo que tuvo tratos crueles o inhumanos, el magistrado señaló que el certificado médico que consta en el expediente no da cuenta de ese tipo de afectaciones.
También, el Juez, descartó por improcedente el pedido del Titular de la Judicatura de que se suspenda el trámite y el caso se envíe a la Corte Constitucional.
Finalmente, sobre la demanda de recusación que Terán presentó en su contra, Córdova señaló que él todavía no ha sido notificado formalmente con este recurso, por lo que no se puede aplicar una suspensión.
Por estas razones, Córdova declaró la legal la detención de 31 personas por el caso Metástasis y declaró instalada la audiencia de manera formal.

Después de todas las intervenciones, el juez Felipe Córdova dio un receso de 30 minutos para deliberar y pronunciarse. Si su decisión es positiva, solo entonces empezará la audiencia de formulación de cargos.

Tras la intervención de todos los abogados, la fiscal Diana Salazar dijo que es falso que los investigados no conozcan las razones por lo que han sido detenidos y por las que serán procesados.
Añadió que en cada uno de los partes policiales constan las razones por las que cada persona fue detenida.
Por esta razón, Salazar pidió que se declare la legalidad de la detención de 31 personas y que se instale la audiencia de formulación de cargos.
Sobre la recusación presentada por Wilman Terán, Salazar indicó que cuando formule cargos entenderá que este es el modus operandi de esta organización para buscar la impunidad.
Añadió que, según el Código Orgánico de Procesos (Cogep), la sustanciación de un caso por una recusación se suspende solo cuando el juez es legalmente citado con la demanda, lo que aún no ha ocurrido.
Sobre el inicio del caso Metástasis, la Fiscal General dijo que se realizaron 38 allanamientos, en los que se detuvo a 31 personas y se incautaron 111 celulares, ocho armas de fuego, joyas, documentos y USD 70.480 en efectivo.

El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, pidió intervenir. Primero, señaló que ha sentido que el derecho a su defensa ha sido vulnerado, al estar en una sala distinta a aquella en la que se desarrolla la audiencia.
Sobre su detención, dijo que ha sido objeto de un trato cruel y degradante. Agregó que el agente policial que le detuvo no le dijo el tipo penal por el que fue detenido. Pero que alcanzó a ver que en la orden decía sicariato y delincuencia organizada.
"He pasado en una silla rígida desde esa hora, sin acceso a aseo, a alimentación y a líquido para mantener la vitalidad necesaria", expuso el titular de la Judicatura.
Finalmente, Terán ratificó la demanda de recusación en contra de Córdova. Dijo que no siente garantía de transparencia, ni confianza en el juez. Y pidió que se suspenda el trámite de la causa y que se remita el expediente a la Corte Constitucional (CC) para su análisis.

Cerca de las 19:00 llegó el momento de la intervención de Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. Su abogado señaló que, al igual que a los otros procesados, no le comunicaron cuáles fueron los motivos.
Por parte de Wilman Terán intervino el abogado Fausto Flores. El defensor insistió en que la norma obliga a los agentes policiales y fiscales, que ejecutan una detención, a comunicar al investigado los motivos y que esto no se habría cumplido en el caso Metástasis.
Según Flores, el policía que expuso en la audiencia la supuesta legalidad de las detenciones, no es el mismo que estuvo y elaboró el parte de la detención del presidente de la Judicatura, lo que configuraría la primera ilegalidad.
Agregó que el parte policial determina que la detención fue a las 00:20. Pero la boleta de notificación del inicio de la investigación previa se suscribió a las 04:00. Es decir, Terán habría pasado casi cuatro horas sin conocer porque estaba detenido.
Por estas razones, tanto la defensa de Ramírez como la de Terán solicitaron que se declaren inconstitucionales sus detenciones.
Además, antes de acabar su intervención, el abogado Flores entregó al juez Felipe Córdova una demanda de recusación, con la que espera que sea separado de su cargo.

Dentro de las exposiciones, Emerson Curipallo, juez de Santo Domingo que ganó notoriedad por la liberación de Jorge Glas, pidió intervenir personalmente en la audiencia.
El juez Córdova dio paso a ese pedido y Curipallo señaló que, al momento de su detención, en su domicilio, él preguntó a los agentes cuál era el motivo y le respondieron inicialmente que por un delito de sicariato.
Pero agregó que, más adelante, le dijeron que por asociación ilícita. Y, finalmente, le comunicaron que era una orden de detención para garantizar su presencia en la audiencia de formulación de cargos.
Ese argumento coincide con lo expresado por la mayoría de los más de 10 investigados que han intervenido hasta las 18:00 de este 14 de diciembre. Exponen que no les informaron el motivo de la detención.

En la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia se reanudan las acciones previas a la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis.
Los abogados defensores tuvieron cerca de 45 minutos para hablar con sus representados y revisar los partes de las detenciones. En este momento, los abogados continuarán pronunciándose sobre la legalidad de las detenciones.

El abogado de Alex Palacios fue el primero en pronunciarse. Dijo que si bien le leyeron los derechos, su defendido nunca recibió la información de por qué fue detenido. Lo mismo señaló el abogado de Glenda Ortega. Ambos coincidieron en que eso es una violación.
Mientras que la Defensoría Pública, a través de Paúl Guerrero, dijo que hasta este momento no han tomado contacto con las 10 personas que representan, por lo que no pueden pronunciarse.
Ante esta situación, el juez Córdova decidió dar un lapso de 15 minutos para que los defensores públicos puedan tomar contacto con sus defendidos. Y también para que todos los abogados revisen los partes policiales sobre cada detención.

El capitán de Policía que estuvo a cargo de la detención de los procesados relató que en cada caso se leyeron los derechos constitucionales.
Después de esa argumentación, el juez Córdova da paso a la defensa de cada investigado para que se pronuncien sobre la legalidad de la detención de cada uno.

Uno de los abogados del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, indicó al juez que su defendido ha pedido ejercer su propia defensa, por lo que solicita que le dejen ingresar a la sala.

En la sala se constata la presencia de los abogados de los más de 30 investigados. Cerca de 10 no cuentan con defensa privada, por lo que serán representados en la audiencia de formulación de cargos por defensores públicos.
Mientras que, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, tiene cinco defensores.
Además, antes de empezar la audiencia formalmente, el juez Felipe Córdova ha pedido la presencia de los policías para que expongan los detalles de cada detención y así constatar la constitucionalidad de las mismas.