Lafattoria advierte con cortar alimentación en las cárceles de Guayaquil por falta de pago
Empresa de catering dejó de proveer comida en las cárceles del norte del país, el pasado 1 de mayo. Ahora advierte que solo podrá mantener el servicio en Guayas hasta fin de mes.
![Lafattoria prepara los alimentos en la cárcel Regional de Guayaquil, desde donde se distribuyen alimentos a los cinco centros del complejo carcelario del norte de la ciudad.](https://imagenes.primicias.ec/files/main_image_400_220/uploads/2024/06/24/66797cefbc08e.jpeg)
Lafattoria prepara los alimentos en la cárcel Regional de Guayaquil, desde donde se distribuyen alimentos a los cinco centros del complejo carcelario del norte de la ciudad.
Archivo PRIMICIAS
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Actualizada:
21 may 2024 - 17:53
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La falta de pago de una deuda de USD 30 millones desde diciembre de 2023 imposibilita que la empresa pueda seguir brindando el servicio de alimentación en cárceles de Guayaquil. Lafattoria sólo podrá seguir alimentando a los presos hasta finales de mayo.
El abogado de la empresa, Joffre Campaña, advierte que, salvo que el Gobierno pague, será imposible mantener el servicio en 10 centros carcelarios en Guayas. Entre ellos está el complejo de cinco cárceles de Guayaquil e incluso centros de adolescentes infractores.
La empresa ya suspendió el servicio en las cárceles del norte del país, el pasado 1 de mayo, lo que ha generado una crisis para 20 centros de privación y 11.000 detenidos. Ahora los propios presos cocinan los alimentos con donaciones que son insuficientes.
Un día después de esa suspensión del servicio en la zona norte, por falta de pago, el Gobierno Nacional presentó en la Fiscalía una ‘noticia criminis’ para que investigue sospechas de presuntos vínculos de la empresa de catering con el crimen organizado.
Lafattoria niega acusaciones y Campaña habla incluso de difamación. El pulso entre Gobierno y empresa incluye la inhabilitación de la firma como proveedora del Servicio de Contratación Pública y la suspensión de un contrato de desayuno escolar con el Ministerio de Educación.
En las cárceles de Guayaquil, la empresa tiene un contrato firmado en octubre de 2023, previa licitación, con vigencia a partir de diciembre de 2023, para alimentar a unos 12.500 presos.
“El servicio se ha venido prestando de forma ininterrumpida desde diciembre de 2023 y en todo este tiempo de ese contrato el Gobierno no ha pagado ni un solo dólar”, informó Campaña.
Según el contrato, la compañía puede dejar de prestar el servicio tras 60 días de falta de pagos, sin incurrir en incumplimiento, añadió.
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Acusaciones de ida y vuelta
En el norte del país, Lafattoria prestaba el servicio a través de cuestionados convenios de pago, extendidos desde 2018 por pedido del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).
La figura del convenio de pago se aplica por excepción, cuando no es posible celebrar un contrato observando todas las formalidades. Pero su aplicación se volvió sistemática y, en este caso, se acumularon convenios por al menos USD 77 millones, desde 2020.
Según el presidente de la República, Daniel Noboa, la empresa habría obtenido desde 2015 USD 171 millones en contratos.
El Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, insistió en que alertas del Centro de Inteligencia Estratégica apuntan a "presunciones de vínculos" con el crimen organizado con Lafattoria.
En entrevista con EcuadorTV, el funcionario dijo que la Fiscalía debe investigar actos de corrupción de empleados de la compañía, así como el ingreso de armas a las cárceles.
Neira también se refirió al abuso de los convenios de pago y al precio excesivamente bajo del servicio, USD 2,50 por alimentación de preso al día (para tres comidas de adultos y cinco, de adolescentes), lo que ha impedido procesos competitivos.
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Deudas de Educación por USD 16,1 millones
Campaña presume que existen intereses económicos en hacerse con los contratos. “Quieren enviar lodo contra la empresa para poder tener una justificación”, dijo.
La empresa presentó el 8 de mayo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra actualmente en estudio.
El Ministerio de Educación también acumula deudas con Lafattoria por USD 11,9 millones por contratos de provisión de desayuno escolar en las provincias de Guayas y Los Ríos. Y aún le restan por facturar otros USD 4,2 millones.
En desayunos escolares, la empresa ha recibido 49 órdenes de compra desde 2015, por más de USD 500 millones.
Para reemplazar a la firma, Educación lanzó un proceso de contratación entre empresas públicas con ESPE Innovativa EP, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, por USD 11,4 millones.
“Más de un millón de niños se quedan sin desayuno escolar, mientras tanto”, dice Campaña.
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