Cada pabellón de la Penitenciaría genera USD 70.000 semanales, según informe policial

Las enemistades históricas y las retaliaciones entre bandas narcodelictivas que controlan cada uno de los 12 pabellones de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, están lejos de ser la única razón para los constantes enfrentamientos armados en el interior del penal. 

Los líderes de organizaciones delictivas desean extender su control y atacan a otros pabellones también para expandir sus economías ilícitas, de acuerdo a un informe de evaluación situacional de la Policía Nacional y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

El microtráfico es el delito de mayor rentabilidad en los Centros de Privación de Libertad del país, lo que ocasionó que las bandas se disputen el control de los pabellones en la Penitenciaría, según la Policía

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De hecho, generan “ganancias de aproximadamente USD 70.000 a la semana por el número de personas privadas de la libertad que comprende un pabellón” de unos 1.000 presos, según el informe publicado en julio pasado.

Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), cita la cifra de USD 70.000 semanales por pabellón para señalar la incapacidad del Gobierno para controlar grandes economías ilícitas en las cárceles.

Todo en medio de una semana de nuevos ataques armados, que dejaron un muerto y 14 heridos. Y justo cuando se recuerda con un memorial dos años de la masacre del 12 de noviembre de 2021, que dejó a 65 reclusos asesinados en la Penitenciaría.

Penitenciaría sin control

“¿Qué pasa con el dinero que semanalmente se genera en cada pabellón de la Penitenciaría, quién revisa el sistema financiero, quién tiene a cargo esa política pública, por qué no se toma ninguna medida en esa línea?”, cuestiona Bastias. 

El apetito por el dinero de las extorsiones a los propios presos ha causado también grandes enfrentamientos y masacres, dice el estudio. El saldo es de 14 masacres carcelarias y más de 600 privados de la libertad asesinados desde 2020. 

“Las familias denuncian que depositan en cuentas del mismo banco cada mes el pago por extorsiones”, repone Bastias.

“Después de cada matanza se arma un show con requisas, pero no se evita el ingreso de armas de fuego y municiones de alto calibre”. 

Fernando Bastias, miembro del CDH.

Los platos rotos en esta estrategia meramente militar del Gobierno Nacional, sin soluciones técnicas, los pagan personas empobrecidas, dejando de lado el verdadero combate al crimen organizado, según el activista de los derechos humanos. 

En los enfrentamientos de esta semana, por ejemplo, reos de los pabellones 4 y 6, dominados por Latin Kings y Fatales, respectivamente, intentaron ingresar al 5, de Las Águilas, sostienen informes de familiares que protagonizaron vigilias en los exteriores de la Penitenciaría.

Las Fuerzas Armadas ingresaron a esas alas, pero también a los pabellones 1, 3, 10, 11 y 12, a lo largo de distintas jornadas, con cinco armas de fuego decomisadas, una granada y más de 4.500 municiones de distintos calibres, drogas y decenas de teléfonos celulares.

“Un memorial contra la guerra”

La CDH apoya la iniciativa del colectivo Mujeres de Frente y del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles que este domingo 12 de noviembre organizan una vigilia y lanzan un “memorial contra la guerra” por el segundo aniversario de la matanza del 12 de noviembre.

Se trata de una masacre en el área transitoria, donde terminaron asesinados personas sin condena ejecutoriada, detenidas por delitos menores, por deudas de pensiones alimenticias o incluso por violar el toque de queda por el Covid-19.

El acto se realizará a las 14:00 de este domingo, en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil. 

El objetivo es contribuir de alguna forma al proceso de sanación y “reparación integral colectiva” y al mismo tiempo rechazar la incapacidad del Gobierno para reducir o prevenir asesinatos en las cárceles, asegura Ana Morales, vocera del Comité de Familiares. 

Ella se niega a aceptar la normalización de los asesinatos e insiste en la necesidad de apoyar a otras familias en el duelo. El nombre de su hijo, Miguel, de 23 años, asesinado en la masacre del 28 de septiembre de 2021 (125 víctimas), también estará en el memorial. 

El colectivo Mujeres de Frente lanzará una página web con nombres de personas asesinadas dentro y fuera de las prisiones en rechazo a la violencia que escala en el país, y como una suerte de campo santo virtual. 

La mayoría de los asesinados son varones jóvenes "en condiciones racializadas". Es decir,  personas de orígenes indígenas o afroecuatorianos. La iniciativa también se lanzará en Quito el próximo 18 de noviembre.